Ane URKIRI ANSOLA
DONOSTIA

Las plataformas no ven suficiente el decreto y consideran que llega tarde

Las asociaciones de afectados por las hipotecas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se concentraron frente a los juzgados de cada capital en protesta por la decisión que adoptó el martes el TS y para advertir de que el real decreto ley del Gobierno español «no va a solucionar el problema más que a partir de ahora» porque no tiene efectos retroactivos. En Nafarroa, todos los grupos parlamentarios se mostraron dispuestos a revisar la correspondiente ley foral.

Como estaba anunciado, el Gobierno español aprobó un real decreto ley por el que obliga a los bancos a asumir el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) por las hipotecas, en lugar de que lo hagan los clientes, como ocurría hasta ahora. Además, el Consejo de Ministros aprobó la modificación de la normativa del Impuesto de Sociedades para que las entidades financieras no puedan deducirse posteriormente el IAJD.

El decreto se publicará en el BOE hoy y entrará en vigor mañana, pero para las plataformas de afectados por las hipotecas vascas «el cambio llega tarde, es insuficiente y no sirve más que para lavar la cara del Poder Judicial y el financiero».

Kaleratzerik Ez!, de Bizkaia, y Stop Desahucios, de Araba y Gipuzkoa, realizaron concentraciones por la mañana frente a los juzgados de las capitales para protestar tanto la sentencia del martes del TS como el decreto ley anunciado por Pedro Sánchez. Exigieron la supresión del impuesto y aprovecharon para reclamar que «los bancos devuelvan todo el dinero».

El portavoz de la organización vizcaina, Imanol Arnaiz, calificó de «indignante» la «maniobra de la mayoría del tribunal». Señaló, que las familias afectadas «no tienen ningún valor para el Supremo ni les importa su situación económica y familiar, porque solo les importa la situación de la economía bancaria».

«El decreto ley de Pedro Sánchez no va a solucionar el problema más que a partir de ahora y para las hipotecas que se constituyan como nuevas, porque no tiene efectos retroactivos y, por tanto, los bancos se están ahorrando pagar hasta 19.000 millones de gastos, según los cálculos que se han hecho», remarcó Arnaiz.

Por su parte, PAH de Nafarroa ha convocado una cacerolada, mañana, a las 12.00 ante el Palacio de Justicia de Iruñea.

Modificación de dos artículos

En concreto, con el real decreto ley, se modifican los artículos 29 y 45 de la norma que regula el IAJD para determinar que el sujeto pasivo del impuesto, cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía hipotecaria, será el prestamista. Asimismo, se incluye una disposición por la que se modifica el artículo 15 de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades para establecer que el gasto que supondrá el pago del IAJD estará considerado como no deducible.

Mientras, las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa siguen guardando silencio respecto a si tienen intención de modificar las respectivas normas forales que, en su transcripción, son idénticas al ya caduco reglamento estatal.

El que sí está moviendo ficha –o por lo menos ha mostrado intención de hacerlo– es el Gobierno de Nafarroa. Y ayer, antes de iniciarse el pleno del Parlamento, todos los portavoces de los grupos se posicionaron al respecto. Tanto Geroa Bai como EH Bildu acogieron positivamente el compromiso anunciado en la tarde del miércoles por María Solana. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, abogó por «estudiar» el tema y consideró que lo más «positivo» es que sea la banca quien pague el impuesto. Koldo Martínez, de Geroa Bai, calificó de «vergonzosa» la actuación del TS y manifestó que van «a defender que la decisión final al respecto vaya en beneficio de la ciudadanía».

Podemos emitió un comunicado el mismo miércoles en el que «urgía» al Gobierno de Uxue Barkos a que «presente con la mayor brevedad posible en la Cámara un proyecto de ley para que el impuesto AJD que se cobra con las hipotecas pase a ser abonado por las entidades bancarias y no por los clientes».

El PSN, por su parte, anunció que a primera hora de ayer había registrado una proposición de ley para realizar tal modificación antes de finalizar el año. «Entendemos que es de justicia», indicó María Chivite.

UPN y PP coincidieron al exigir la equiparación de Nafarroa con el resto del Estado. De hecho, Javier Esparza (UPN) dijo que «Navarra tiene que tener la misma posición que el Gobierno de España, ni mejor ni peor».

 

La EMV de Rivas no descarta llevar el caso a Estrasburgo

El abogado Ramón Casero, que defiende a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid en el caso del impuesto de las hipotecas que ha motivado la polémica del Tribunal Supremo, prevé plantear ante este tribunal un incidente de nulidad de actuaciones, apoyado en alguna «irregularidad formal», contra la sentencia en la que los magistrados han fallado a favor de la banca.

En el caso de que desestimen el incidente, el letrado acudirá en amparo al Tribunal Constitucional en base a los mismo motivos sobre los que sustentará el incidente y también por vulneración de derechos fundamentales. Y no descarta llevar el caso hasta el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.

«El ciudadano no tiene que saber si hay secciones o salas en el Tribunal Supremo. Esa sentencia da lugar a una falta de credibilidad en las instituciones del Estado y rompe la confianza en la Justicia», recalcó el abogado a la espera de conocer el contenido de la sentencia, que calcula se publique dentro de unos veinte días. GARA