Aritz INTXUSTA

La nueva Ley de Policías de Nafarroa: dura lex, sed lex

La aprobación de la Ley de Policías de Nafarroa con los votos de EH Bildu, Geroa Bai, Podemos y, a última hora, UPN supone un cierre inesperado a uno de los proyectos legales más costosos de la legislatura. La norma prepara al cuerpo para su gran reto.

La expresión latina dura lex, sed lex –que viene a decir que la ley es dura, pero es ley– cobra un significado distinto si se la emplea para describir el periplo de la Ley de Policías que aprobó esta semana el Parlamento navarro. El proceso más duro, quizá, de la legislatura. Tan especial ha sido su tramitación que se aprobó a la segunda intentona y con un juego de mayorías inédito que dudosamente se repetirá: 35 votos a favor (UPN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos), 11 abstenciones (PSN, PP e I-E) y cuatro votos en contra (Orain Bai).

Para entender cómo se llega a la votación del pasado jueves se hace preciso echar marcha atrás hasta la legislatura anterior. Roto su acuerdo de gobierno con UPN, el PSN propuso una nueva ley de acuerdo con la mayoría sindical que existía dentro del cuerpo (UGT, ELA, CCOO). Y el resto de formaciones de la oposición decidió apoyarle. Sin embargo, esta Ley 15/2015 contenía defectos de formulación que la hacían prácticamente inaplicable, pues funcionarizaba los turnos de los agentes y esto forzaba al pago de horas extras para cubrir los trabajos de investigación policial y el presupuesto se disparaba.

Así, apenas nada más echar a andar la ley 15/2015, se comprobó su ineficacia. La consejera María José Beaumont, que llegaba a Interior con el sambenito de que su nombre lo propuso EH Bildu, tenía que conseguir cambiar una ley que, además, perdió también el apoyo de los agentes, pues unas nuevas elecciones sindicales devolvieron la mayoría a los sindicatos corporativos policiales APF (mayoritario) y SPF. Estas dos centrales eran poco sospechosas de tener afinidad hacia el nuevo gobierno (particularmente, SPF). El inicio de la negociación en busca de otro acuerdo fue durísimo y, bien pronto, UGT, ELA y CCOO se negaron a sentarse con la consejera.

Aun con todo, un borrador con los puntos fundamentales de la ley llegó al Parlamento en el arranque del curso pasado. Pero fracasó. Fue la primera y, por ahora, única ley que se ha devuelto al Gobierno tras un rechazo parlamentario. El motivo oficial que dieron Podemos e I-E para no apoyarla es que el texto no venía con el respaldo de una mayoría sindical. SPF, tras una votación de última hora, le retiró el apoyo. Pero el motivo oficioso fue que CCOO tiene fuerza en I-E. A Podemos le gustó la idea de exigir una mayoría sindical para la modificación de la ley y se apuntó también a esta exigencia.

Beaumont quedó con las manos atadas para negociar más. Se plantó. La consejera prometió no traer otra ley si no contaba con apoyo claro por adelantado. Y actuó en consecuencia: si se seguía con la Ley 15/2015, el cuerpo tendría que replegarse pues no había fondos. Mientras UPN pedía la cabeza de la consejera, la jugada acabó saliendo bien a la titular de Presidencia e Interior.

APF y SPF reaccionaron convocando un referéndum abierto a todos los agentes en diciembre de 2017. Participó el 56% de la plantilla y un 85% de los policías forales votó favorablemente al último texto negociado con representantes de EH Bildu y Geroa Bai. A partir de ahí, fue la mayoría sindical de la Policía Foral la que fue tocando la puerta de los partidos políticos para convencerles.

Con el arranque de este curso, la ley volvió al Parlamento confiando en un juego de abstenciones gracias a esta labor de zapa de los propios policías, crecidos por el resultado del referéndum. Cuando se pulían los últimos flecos en comisión, llegó el anuncio por parte de Uxue Barkos y Pedro Sánchez de que Nafarroa iba a recuperar sus competencias de Tráfico y que la Policía Foral asumiría la labor de la Guardia Civil. De algún modo, la noticia evidenció el porqué de tanto empeño por parte de Beaumont, EH Bildu y Geroa Bai en sacar la ley. Se reveló así que la verdadera ambición del proyecto es preparar al cuerpo para sustituir a Policía española y Guardia Civil. De hecho, como publicó GARA, el Plan Director de Policías contempla que, con una ampliación de 449 agentes, la presencia de las FCSE podría reducirse a los niveles de la CAV o Catalunya (actualmente hay 1.820 guardias civiles y 750 policías españoles frente a 1.050 forales).

Visto que esta vez la Ley de Policías llegaba a la Cámara con todas las de ganar, UPN jugó su última baza. Orain Bai, pese a ser la única formación que se ha opuesto a la ley, permitió que pasara una enmienda de UPN que abre la posibilidad de que, en ese proceso de incorporación de agentes, se habiliten «pasarelas» para guardias civiles y policías. Finalmente, esta cláusula salió, aunque formulada como una posibilidad que podrá (o no) articularse una vez se asuman competencias. De ahí el voto favorable de UPN.

En cualquier caso, ha sido duro, pero hay ley. Cuando en primavera se reúna la Junta de Transferencias para ver los plazos y fórmulas para asumir el control de Tráfico, la consejera Beaumont tendrá en su mano la herramienta que necesitaba y se podrán así fijar plazos y acordar el repliegue.