Uno de los mantras que se argumenta para justificar la rapiña que supone el peaje en la AP-8 es el que encabeza esta colaboración, que a más de uno sorprenderá si ha reconocido a quien lo firma. Y es que, en el adecuado contexto, podríamos estar de acuerdo, incluso de forma militante. Sí, los políticos de nuestras diputaciones, nuestro lehendakari, la patronal de autopistas y el ministro Ábalos, artífice de la reciente liberalización de la AP-1 entre Armiñon y Burgos, utilizan esta afirmación en base a que, efectivamente, como todo en esta vida, las autopistas, autovías, carreteras y caminos vecinales tienen un costo proporcional a su envergadura. De ahí que, fijándose en la mayor, las autopistas de peaje, que son las que las administraciones cedieron por necesidad económica al capital para su construcción y gestión temporal, asienten en ella el peso de su decisión política, en el caso de la AP-8 de forma arbitraria, llegando a inocular entre cierto segmento poblacional, curiosamente de renta media-alta, y también a cierto grupo de vizcainos que desde su nacimiento solo han conocido la AP-8 de pago, este postulado. Con la misma intensidad que les parecería insólito que fuera de pago el tramo de la A-8, Usansolo-Muskiz, construido por la Diputación de Bizkaia con el dinero de todos, a quienes viven en el Gran Bilbao, a los que la norma foral excluyó de pasar por caja sin justificación alguna.

Mi dilema y la cuestión que lanzo es que, una vez admitido el mantra, tengo que hacerlo extensible al resto de servicios que también encomiendo a la gestión de mis representantes. Entre otros, educación, sanidad o servicios sociales, tan deficitarios como las infraestructuras que deben garantizar mi derecho a la movilidad, y a los que también tendría que aplicar el mantra que encabeza esta colaboración. Si hay que socorrer económicamente, de forma extraordinaria, a las diputaciones y gobiernos ante tales déficits, también habrá que poner cabinas de peaje en colegios, hospitales, ventanillas de servicios sociales, etc. Para, en justa solidaridad, hacer frente a dichos déficits, por cierto infinitamente mayores que el de las autopistas. Pero esta no parece ser la hoja de ruta para abordar el problema que arrastran las instituciones. Por cierto, en el caso de las infraestructuras vascas habría que partir pidiendo un debate público sobre las planificaciones y los gastos realizados, que parecen ideadas para favorecer los beneficios de ciertos grupos empresariales con los que se codean nuestros políticos responsables de esta gestión.

Pero, como nos pide el Sr. Rementeria, seamos honestos, el cobro del peaje en la AP-8 solo se justifica por la cortoplacista visión de un negocio, conocido y seguro durante la concesión administrativa, que a su finalización, hace ya 16 años, solo le basto apropiárselo, olvidando con ello su función de servidor. Legalizándolo con una norma foral ad hoc que, en su esencia, va contra el Fuero vizcaino, que por cierto el Sr. diputado general juró defender en su investidura, y que dice: «Todos los vizcainos serán iguales en derechos y obligaciones», reconociendo el derecho a la movilidad en seguridad e igualdad a quienes vivimos al este del herrialde.

Esto, como defendían los próceres del derecho en la antigua Roma, también es una forma manifiesta de corrupción, pues con ello se intenta atajar, por la vía fácil y con superioridad manifiesta hacia sus representados, unos objetivos, en este caso económicos, que se obtienen, en forma de plus, solo de una parte del conjunto, y que, por obligación responsable, participan en el sostenimiento de la caja común. Ello ciertamente en forma voluntaria, cuando quieren acceder al derecho que disfruta el resto sin el mencionado plus. Si no les aboca a ejercerlo en condiciones claramente discriminatorias (N-634), ya superadas y olvidadas por quienes no viven a los márgenes de la AP-8.

Sr. Rementeria: lo quiera reconocer o no, tiene un problema que resolver en el este de Bizkaia.