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PARÍS

Negociación clave de los precios de la alimentación en el Estado francés

Con el inicio del año, en el Estado francés comienza una negociación que tiene mucha repercusión en las cuentas de resultados de las grandes cadenas de distribución, en los planes de negocios de los productores del sector agrícola –sean pymes o multinacionales– y, por supuesto, en el bolsillo de todos los consumidores.

La industria agroalimentaria asegura que «nada ha cambiado» en las negociaciones anuales con el sector de la gran distribución, que, por su parte, afirma que este año se estaban desarrollando «globalmente mejor» antes del fin de etapa que cruzaron el miércoles en Bercy (sede del Ministerio de Economía y Finanzas) para analizar la aplicación de una ley pensada, en principio, para pacificar este proceso, tal como resumió la agencia AFP.

«La realidad es (...) que este año se presenta tan terrible como los precedentes: demandas de bajada de precios sistemáticas por parte de los minoristas contra las empresas del sector alimentario, presiones, chantaje, amenazas de quitar vuestros productos de las estanterías si no aceptáis las condiciones impuestas... ¡y señales de los primeros intentos de eludir la ley que acaba de entrar en vigor!», según denunció la Asociación Nacional de Industrias Alimentarias (Ania) en un comunicado.

«Esta preocupante constatación será compartida en la comisión de seguimiento de las relaciones comerciales organizada por Bruno Le Maire, ministro de Economía, y Didier Guillaume, ministro de Agricultura y Alimentación», anunció Ania. «Dado que nadie está por encima de las leyes, instamos a los poderes públicos a hacer respetar la Ley Egalim [acrónimo de “estados generales de la alimentación”] y sancionar duramente las infracciones y las elusiones abusivas», añadió la asociación.

Evitar ventas a pérdida

El análisis de Ania se sustenta en el “Observatorio de las Negociaciones Comerciales”, que recoge las respuestas de más de 450 empresas de todos los tamaños (el 95%, pymes) y de todos los sectores. Según este informe, el 96% de los consultados estima que la relación con sus clientes de la gran distribución no es mejor, es decir, que se ha degradado, en relación al año pasado, y cerca de la mitad todavía no tienen claros sus planes de negocio para 2019 cuando solo faltan quince días para la conclusión de las negociaciones.

El 77% de las empresas declara haber recibido «peticiones de bajada de precios sistemáticas» y el 71% de las que han formulado demandas de subida de precios justificadas por el alza del coste de las materias primas agrícolas afirma que sus peticiones «no han sido tenidas en cuenta». Y el 72% de los consultados estima que «los distribuidores no respetan más que de forma parcial, en muy pocos casos, las disposiciones de la norma sobre la supervisión de las promociones», el pilar de la Ley de Alimentación.

Esta ley debería fortalecer los ingresos de los agricultores. Una primera ordenanza publicada en diciembre impone a las grandes cadenas la venta de los productos agrícolas a un precio al menos un 10% mayor al que compraron, para cubrir sus costes de distribución y evitar las ventas a pérdida. Y regula las promociones. Los agricultores esperan, además, la publicación de una segunda ordenanza que debe establecer el nivel de los precios «abusivamente bajos».

Pese a ello, durante una mesa redonda que se celebró el miércoles pasado en el Senado, el delegado general de la Federación del Comercio y la Distribución (FCD), Jacques Creyssel, comentó que «globalmente las cosas van mejor que en otros años».

Resaltó que nadie plantea la deflación, sino que se habla de «peticiones de aumento de tarifas del 4% de media», incluso con «subidas completamente desconectadas de las materias primas». No obstante, ya se ha firmado un buen número de contratos. Precisó que son «entre el 15% y el 40% de los contratos con las pymes, y entre el 20% y el 30% con las grandes marcas nacionales».

«¿Hay transparencia o no?»

Thierry Cotillard, presidente de la cadena Intermarché, destacó que ha observado «una gran diferencia respecto al año pasado, con industriales que han optado por la transparencia». «De esta forma –añadió–, nos hemos asegurado de que el aumento de tarifas que aceptamos no irá en provecho de las cuentas de explotación de los industriales, sino a mejorar la remuneración de los agricultores».

Respecto al delicado asunto de la leche, Cotillard dijo que todos los actores interesados consideran que «hay que ir por etapas, fijando un precio de 375 euros por 1.000 litros».

El secretario general de E. Leclerc, Stéphane de Prunelé, destacó, por su parte, que los acuerdos firmados por este grupo con Danone y Lactalis son «virtuosos pero no transparentes, porque el precio decidido no es más que un precio de objetivo». «En ningún caso tenemos la garantía contractual por parte de los industriales sobre el famoso efecto derrame», comentó al referirse al «carácter perverso» del aumento del suelo de reventa a pérdida (SRP), que, en su opinión, no sirve más que «para aumentar el precio de los productos de las multinacionales».