El 18 de diciembre de 2003 pasaron muchas cosas. Josu Jon Imaz se impuso a Joseba Egibar en la pugna por suceder a Arzalluz, Arnaldo Otegi defendió una lista abertzale unitaria para las elecciones estatales de 2004 –sorpresas de la hemeroteca– y el Congreso aprobó una reforma del Código Penal para castigar con hasta cinco años de cárcel la convocatoria de un referéndum sin permiso del Estado. La reforma tenía como objetivo amenazar a Ibarretxe con la cárcel y se aprobó en un tenso pleno en el que la oposición se plantó, se negó a votar y los diputados de Izquierda Unida hasta sacaron una pancarta en el hemiciclo en la que se leía: «Todos a la cárcel». Casi como ahora.

Con toda su gravedad, aquella reforma evidenciaba dos cosas. La primera es que, hasta entonces, organizar un referéndum era algo que no podía tener reproche penal en el Estado español. La segunda es que, hasta en el modelo más puro de separación de poderes –no es el caso, ya lo sabemos–, el legislativo puede influir en el poder judicial, determinando qué es delito y qué no. El Código Penal se aplica en los tribunales, pero se escribe en los parlamentos.

En 2005, poco más de un año después, el Congreso tumbó a instancias de Zapatero aquella reforma de Aznar, de lo cual cabe deducir dos conclusiones. La primera –perdonen la insistencia– es que desde entonces, tal y como han reiterado todos los líderes catalanes que han declarado hasta ahora, convocar y organizar un referéndum en el Estado español no es delito. No es punible porque el Código Penal no lo recoge como tal. Y ya está. La segunda es otra evidencia: cuando el PSOE dice que no puede hacer nada ante el juicio al 1-O, sencillamente miente. Podía impulsar, por ejemplo, reformas para limitar y concretar los delitos de rebelión y sedición; el ejemplo de 2005 mostraba el camino a seguir.

El que mejor lo sabe es el PP, que ayer volvió a llevar al Congreso de los Diputados la inclusión del referéndum en el Código Penal, evidenciando de nuevo los malabarismos que está teniendo que hacer el Estado para sostener las imputaciones por rebelión. Ayer no hubo mayoría para volver a enmendar el Código Penal; veremos a partir del 28 de abril.