Es difícil hacerse una idea de la importancia y extensión de los conflictos laborales por la multitud de pequeños contenciosos activos por toda la geografía vasca; pequeños no por su importancia o duración, sino por la cantidad de personas implicadas en cada uno de ellos. Tomados individualmente, la perspectiva se pierde; sin embargo, vistos en conjunto, ofrecen una imagen muy diferente, la de una importante y extensa lucha obrera.

Destaca, en primer lugar, que gran parte de los conflictos laborales se están desarrollando en sectores en los que las mujeres conforman la gran mayoría de trabajadores (limpieza, residencias, ayudas a domicilio...) y que sus reivindicaciones son salariales, al tiempo que exigen que no sean discriminadas y que se respeten unas condiciones de trabajo dignas. Da la impresión de que, a pesar de todos los discursos, en el ámbito económico se mantiene todavía la mentalidad de que el trabajo de la mujer fuera de casa es solamente un complemento al trabajo principal de los hombres, y por tanto salarios y condiciones laborales pueden ser mucho más precarias en esos sectores feminizados. Lo más preocupante de esta actitud es que en la mayoría de estos conflictos está directa o indirectamente implicada la Administración pública, precisamente la que debería velar por la igualdad, la no discriminación y el respeto a los derechos de las mujeres. El contraste entre estos conflictos laborales protagonizados por mujeres y la actitud de la Administración resulta especialmente insultante al ver el enorme despliegue de propaganda institucional que inunda la precampaña electoral.

En estos momentos, las mujeres están protagonizando la lucha contra la precariedad laboral, contra la discriminación y por unos salarios dignos, al tiempo que los políticos gastan ingentes cantidades de dinero en decir que están por la igualdad y el empleo de calidad. Tienen una buena oportunidad para demostrarlo, pero con hechos.