No podemos saber quiénes han conseguido permisos de residencia a través del programa de compra de bonos del Estado. Las compañías que tramitan estos permisos mantienen en secreto los nombres, alegando razones de privacidad», explica Gergö Sáling, de la página Direkt36. Según las investigaciones de este medio húngaro, entre los beneficiarios de estos permisos de residencia se encuentran Atiya Khouri, un personaje cercano al presidente sirio, Bashar al-Assad, y los familiares del responsable de los servicios de Inteligencia de Rusia, Sergey Naryshkin.

En 2016, Viktor Orban reclamaba «la solución para Europa»: no recibir a los inmigrantes y cerrar las fronteras y así, según él, garantizar la seguridad del país. Mientras tanto, los futuros residentes compraban los bonos. Iniciado en 2012 y suspendido en 2017, el programa preveía un préstamo entre 250.000 y 300.000 euros al Estado húngaro a cambio de la adquisición de los bonos del Estado y de forma indirecta de la residencia. «La justificación que se dio en su momento, era buscar una alternativa financiera para el Estado. Pero a su vez, las compañías que comercializaban los bonos recibían una comisión del Estado húngaro. Era un negocio con el Estado», prosigue Gergö Sáling. El editor explica que muchas de estas compañías se encuentran en paraísos fiscales y resulta difícil seguir la ruta del dinero y de sus dueños, aunque afirman haber encontrado entre los responsables de estas compañías a alguien cercano a los políticos del Fidesz: «Es obvio que es una especie de capitalismo de amiguitos».

Estos programas de compra de residencia o pasaporte no son un invento de Hungría, sino que funcionan en la mayoría de los países de la Unión Europea. La novedad del programa húngaro radicaba en la posibilidad de recuperar el dinero.

Otro sistema de obtención de residencia todavía sigue en vigor, un programa denominado «residencia por otras razones», del cual se han beneficiado más de 5.000 extranjeros en 2018, según la investigación publicada por el mismo medio Direkt36.

Mientras que a cambio de dinero la residencia se tramita en cuestión de semanas y la persona se puede mover libremente por Hungría, los solicitantes de asilo, desde 2017, solo pueden entrar y pedir los documentos a través de las zonas de tránsito, en el sur de Hungría en la frontera con Serbia. En 2015, la valla que se encuentra en la frontera con Serbia estaba en construcción. A fecha de hoy, la refuerza otra valla electrificada que, cuando alguien la toca, empieza a hablar: los altavoces advierten en varias lenguas que no se entre en Hungría. Estas vallas han cambiado todo el entorno de las dos zonas de tránsito. Patrullas de la agencia europea Frontex, de la propia Policía húngara y de las policías locales han colapsado el área.

Contenedores para inmigrantes

Del lado húngaro, se alinean contenedores donde se encierra a la gente mientras se tramita su petición de asilo. La militarización de la zona no es diferente a la de otras fronteras de la UE. Los agentes de Frontex actúan en todas ellas. La misma empresa European Security Fencing, localizada en Málaga, suministra las concertinas, tanto a Hungría como a España, en Melilla.

Las personas llegadas a través de Serbia son detenidas hasta que reciben una respuesta. Según el Comité Helsinki, desde 2016, solo se admite a una persona por día y las esperas se pueden alargar meses o años. «Uno de los problemas de las zonas de tránsito es que no sabes cuánto tiempo vas a estar allí detenido, pueden ser 18 ó 22 meses, nadie lo sabe», cuenta András Lederer, del Comité Helsinki de Hungría.

En caso de rechazo de la demanda, les siguen otros meses de espera e incertidumbre, cuando las familias presentan recursos que pueden rechazarse varias veces. Mientras, pueden dejar de recibir comida, como ocurrió en febrero con dos familias de Irak. Según Lederer, la justificación desde la Oficina de Inmigración es que no «hay comida gratuita para los inmigrantes ilegales».

Son necesarias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que la gente vuelva a recibir la comida, fallos que pueden tardar en llegar hasta seis días. «No es que la comida sea poca, o mala, es que esos días no reciben ninguna y no pueden salir de la zona», completa Lederer.

Desde Amnistía Internacional de Hungría, Vig David denuncia que en 2018 solo han aceptado 64 solicitudes. Los rechazados podrían ser deportados. «Lo único que pueden hacer es pedir a la Policía que abra la puerta, para cruzar a Serbia», comenta Lederer. No obstante, Serbia no recibe a las personas rechazadas por Hungría. Al mismo tiempo, los que han conseguido alguna forma de protección legal y han entrado en Hungría, después de tres años en el país, corren el riesgo de que su permiso de residencia no se renueve, dado que la Oficina de Inmigración ya no considera su país de origen como un lugar inseguro. «En este caso, la consecuencia podría ser de nuevo la deportación».

En Budapest, A.M. (no quiere que se conozca su nombre), nacido en Irak y residente desde hace cuatro años en Hungría, no sabe si sus papeles se renovarán, a pesar de haber estudiado y trabajado en Hungría. «Estamos colgando de un hilo», remata.