La policía nos impidió el acceso a la plaza de la República durante el acto XXIII de los «chalecos amarillos». A pesar del perímetro de restricción, pudimos presenciar una detención, oler los gases lacrimógenos y escuchar los tiros de los rifles LBD. En respuesta, algunas personas gritaban «suicidaros».

Doscientas veintisiete interpelaciones (también a periodistas perfectamente identificables), numerosos registros y cientos de personas detenidas de forma preventiva. Se produjeron actos de vandalismo y enfrentamientos. No obstante, los incidentes fueron menores que el 16 de marzo.

La invitación al suicidio se ha transformado en invectiva punible que debe ser juzgada con la misma severidad con que se juzga un acto de terrorismo. Lo defiende una pléyade de especialistas de la opinión mediática. Lo que debiera ser un simple juicio de valor, se convierte en genealogía de la moral, en la antesala del derecho penal «post‐soberano». Ficheros cívicos, PMC (marcadores químicos codificados) para marcar a manifestantes y un sindicato policial que puede tener la última palabra.«¡Asilo! ¡Asilo!», grita Quasimodo tras rescatar a la gitana Esmeralda.

¿Acaso no hay libertad de expresión cuando un insulto puede chocar, inquietar u ofender al Estado? Ayer, Hugo nos exhortaba: «Destruid la caverna Ignorancia y destruiréis al topo Crimen».