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La JEP deniega la extradición de Santrich a EEUU y pide a la Fiscalía su libertad

La Justicia Especial para la Paz (JEP) de Colombia denegó ayer la extradición de Jesús Santrich a EEUU y ordenó a la Fiscalía su puesta en libertad. El fiscal general presentó su renuncia.

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, renunció ayer a su cargo minutos después de que la JEP denegara la extradición a EEUU por narcotráfico al exnegociador plenipotenciario de la guerrilla de las FARC Jesús Santrich, acusado por la DEA de intentar enviar droga a territorio estadounidense y en prisión desde el año pasado. La JEP ordenó también a la Fiscalía su puesta en libertad.

«JEP Colombia aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández [alias Jesús Santrich] porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Se ordena a Fiscalía de Colombia disponer libertad inmediata», afirmó el tribunal en su cuenta de Twitter.

Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 a petición del Departamento de Justicia de EEUU que le acusa de conspiración para el narcotráfico, delito que según la Fiscalía colombiana cometió tras la firma del acuerdo de paz del 24 de noviembre de 2016.

Tras conocer la decisión, el procurador general, Fernando Carrillo, anunció una apelación.

El fiscal general lo consideró un «desafío al orden jurídico» y a las evidencias aportadas por EEUU y la propia Fiscalía, que «expone a la sociedad frente al crimen», lo que le llevó a renunciar. Al comentar el caso de Santrich, Martínez manifestó que «en el futuro la reincidencia en el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional».

Matan a un excomandante

En la víspera de la decisión de la JEP, dos sicarios mataron el martes a tiros al excomandante de las FARC Jorge Enrique Corredor, alias Wilson Saavedra, cerca de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Corredor estaba inmerso en un proyecto agrario con exguerrilleros, que cuenta con apoyo de la ONU.

El senador de la FARC Carlos Antonio Lozada denunció que 114 exguerrilleros –Corredor es el primer excomandante– y 31 familiares han sido ejecutados desde noviembre de 2016.

La FARC considera «inaceptable» esta situación, que cree que puede provocar «un nuevo ciclo de violencia» de consecuencias «incalculables» para el país.

Rodrigo Londoño Timo insistió en que «el fin de la guerra significa el respeto a la vida de quienes se juegan todo por la paz, y así las armas de quienes se han beneficiado de la violencia y de la guerra hoy nos continúen apuntando, no daremos un paso atrás» y exigió al Gobierno que cumpla lo acordado.