La jefa del Ejecutivo prochino de Hong Kong, Carrie Lam, anunció ayer la suspensión temporal, que no retirada, de su polémica propuesta de ley de extradición, que ha generado una oposición masiva en las calles durante la última semana y el rechazo general de la sociedad hongkonesa, que ha decidido mantener las movilizaciones –la primera, hoy mismo– hasta la retirada definitiva del texto.

«El Gobierno ha decidido suspender el procedimiento de enmienda legislativa, reactivar nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, trabajar más (...) y escuchar los diferentes untos de vista de la sociedad», declaró Lam.

El anuncio, sin embargo, no convenció a los líderes de las protestas ciudadanas que, poco después, indicaron que mantenían la manifestación prevista para hoy. «Tenemos que decirle al Gobierno que la gente de Hong Kong persistirá y mantendrá sus protestas hasta que el ejecutivo retire la ley», afirmó Jimmy Sham, del Frente civil de Derechos Humanos.

Además, los manifestantes le piden que se ponga fin al empleo de la fuerza por parte de la Policía y la liberación inmediata de los 11 detenidos actualmente bajo disposición policial.

El pasado domingo, un millón de personas, según los organizadores, pidió la supresión de la ley que, según sus detractores, dejaría a la población a merced del «opaco» sistema judicial de la China continental. Hong Kong vivió el miércoles, cuando estaba prevista la segunda lectura del texto, la más grave jornada de violencia política desde 1997, cuando China recuperó la tutela de la excolonia británica, que goza de cierta autonomía.

La nueva convocatoria de manifestación prevista para hoy había puesto a Lam bajo presión y la decisión de suspender temporalmente el proyecto llegó tras reunirse con su Gobierno y después de que algunos dirigentes políticos que lo apoyaban pidiesen el viernes aplazarlo o dejarlo en suspenso.

Sin nueva fecha para el debate

«El consejo dejará de trabajar en el proyecto de ley hasta que hayamos completado nuestras explicaciones y escuchado las opiniones» al respecto, dijo. «No tenemos la intención de fijar una fecha límite para esta labor», agregó.

El 20 de junio estaba prevista la aprobación de este proyecto de ley que permitiría a la Jefatura del Ejecutivo y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos –en particular, China y Taiwán– ni supervisión legislativa.

Los manifestantes entienden que eso supondría una vulneración de derechos por la falta de protección jurídica a la que se exponían los acusados en la China continental.

Según Lam, la ley de extradición que impulsa era necesaria para solventar el vacío legal existente y evitar que Hong Kong se convierta en un «paraíso para los criminales», pero admitió que el Gobierno subestimó la reacción de la opinión pública, que teme que con la nueva ley activistas locales, periodistas críticos o disidentes residentes en Hong Kong también podrían ser enviados a la China continental para ser juzgados.

Los últimos años, la desaparición en Hong Kong de varios libreros y un millonario chino crítico con Pekín, generó inquietud. Aparecieron en China, donde afrontan cargos judiciales.

El portavoz del Ministerio de Exteriores del Gobierno chino, Geng Shuang, dijo tomar nota del anuncio realizado por Lam, y aseguró que «los derechos y libertades de los hongkoneses que sean juzgados en China estarán plenamente garantizados» en virtud de la fórmula «un país, dos sistemas» que regula Hong Kong desde 1997.

«Nuestra determinación para salvaguardar la soberanía y la seguridad de China, así como la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong siguen siendo inamovibles», subrayó