Los derechos lingüísticos son ejercidos por la ciudadanía de estas islas en todas partes menos en el Norte de Irlanda, y esto es inaceptable. Obviamente no son solo los derechos sobre el uso de la lengua irlandesa los que deben ser bien abordados para asegurar que la crisis política actual y las instituciones del Acuerdo de Viernes Santo sean restauradas de forma sostenible.

La Coalición por la Igualdad acaba de publicar un excelente manifiesto sobre la vuelta a un gobierno de poder compartido basado en derechos que merece ser leído. El manifiesto expone brevemente toda la dimensión del déficit de derechos ocurridos debido al fracaso a la hora de establecer las disposiciones del Acuerdo de Viernes Santo y de los consiguientes acuerdos suscritos desde 1998. El documento también incluye los acuerdos alcanzados para la formación de un gobierno que después no fueron implementados.

Los derechos de la Lengua Irlandesa, afianzados y protegidos en la legislación, la Ley del Gaélico, son una base esencial para un proceso político sostenible, y deben ser construidos sobre unas instituciones de reparto de poder reales, las cuales serán abiertamente anti-sectarias e incluyentes de todo el espectro de la sociedad del Norte de Irlanda.

Existe una lógica de construir una jerarquía de derechos que menosprecia el valor de la lengua irlandesa y busca aislarla como única culpable del bloqueo existente para la restauración del poder ejecutivo y de la Asamblea del Norte de Irlanda. La realidad es que dicha lógica no pretende otra cosa que restaurar las instituciones sin resolver el catálogo de razones que llevaron al colapso de estas, las cuales fueron claramente expuestas en la carta de renuncia de Martin McGuinness el 9 de enero de 2017.

La obligación establecida en el Acuerdo de St Andrew en 2006 para legislar la Ley del Gaélico es mas que comprensiva. Una ley que garantice los derechos de las y los gaélicoparlantes en el Norte de Irlanda, que asegure los derechos y servicios de los más de 5.500 niños y niñas que cursan sus estudios de secundaria mediante el gaélico para que así puedan vivir su futuro en gaélico. El establecimiento de la Ley del Gaélico tiene como base el reconocimiento y respeto de la identidad nacional y cultural irlandesa en el Norte, y actualmente, el gobierno británico esta incumpliendo el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos, a la ciudadanía irlandesa, derecho que fue acordado en el Acuerdo de Viernes Santo y el cual dio un estatus, legitimidad y paridad de consideración iguales a las identidades británica e irlandesa en el Norte de Irlanda.

La realidad es que sectores significativos del unionismo político así como sucesivos gobiernos británicos se han negado a aceptar e implementar dichas obligaciones. Obligaciones que son la pierda angular de un acuerdo, puesto que son cuestiones referentes a la igualdad y a la identidad.

La discriminación y falta de respeto hacia la lengua e identidad irlandesa han sido claves para fomentar el descontento en la comunidad nacionalista del Norte y otros sectores progresistas, debido a que transmite un mensaje de exclusión y de desigualdad. La negativa a implementar la Ley del Gaélico es la negación de derechos democráticos fundamentales, un insulto visceral a la cultura e identidad nacional irlandesa en el Norte de Irlanda, puesto que son temas con raíces muy profundas, cuestiones totémicas y profundamente simbólicas.

El derecho a utilizar la lengua irlandesa así como otros derechos sociales, económicos y democráticos no son instrumentos de negociación, puesto que representan mucho mas que cualquier construcción jerárquica de derechos. Son elementos esenciales para la transformación de la sociedad y la sostenibilidad de la política.

Facilitar esta agenda de derechos va a ser bueno para toda la ciudadanía, para la diversidad en nuestra sociedad, y necesaria para que esta diversidad sea reconocida y aceptada, puesto que los derechos son para todas y todos.

La experiencia vivida por los nacionalistas del Norte de Irlanda nos ha enseñado a no fiarnos. La historia de los procesos de paz y políticos esta repleta de acuerdos y compromisos rotos. El reto estratégico fundamental que encara el proceso político en el Norte desde que Martin McGuinness dimitió como Primer Ministro Adjunto en Enero de 2017, y que actualmente afronta el proceso de dialogo es, si el Estado del Norte puede, de hecho, acomodar a la población nacionalista irlandesa del norte sobre las bases del respeto mutuo, paridad de consideración e igualdad, si el unionismo político se comprometerá a un acuerdo de poder compartido inclusivo basado en derechos.

Los gobiernos británico e irlandés se han negado a encarar esta realidad cambiante cada cual por sus propias razones y en su lugar se han alineado con el DUP, adoptando aparentemente la lógica de que las instituciones políticas deberían de ser restauradas, sin resolver las razones por las cuales estas colapsaron en primer lugar. El gobierno irlandés debería saber hacer las cosas mejor que eso.

El 8 de diciembre de 2017 el Primer Ministro irlandés reconoció que gobiernos irlandeses anteriores habían fallado a los nacionalistas del Norte. Y declaró que durante su liderazgo esto no ocurriría jamas. Por lo tanto, en ausencia de avance político, los dos gobiernos deberían actuar decididamente bajo la tutela de la Conferencia Ínter-Gubernamental Británico Irlandesa para resolver inmediatamente todo déficit de derechos existentes. Pero sería aun mejor que el DUP terminara con la prevaricación y evasivas y negociara un acuerdo basado en los derechos de la ciudadanía e implementación del Acuerdo de Viernes Santo, puesto que la mayoría electoral y política unionista en el Norte es pasado.

No va a haber ningún retorno al Status Quo anterior. Este desapareció y no va a volver, así que es la hora de la negociación y el acuerdo, para después construir un futuro para toda la ciudadanía basado en la igualdad y derechos compartidos.