El «caso Altsasu» morirá hoy. Los jueces del Supremo deliberarán sobre los recursos y el servicio de comunicación del Alto Tribunal no descarta que el contenido de la decisión final de los magistrados se conozca a lo largo del día, pero las defensas lo ven poco probable. La sentencia que dictaminen, esta vez sí, será definitiva. Cabe una vía al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero un pronunciamiento de la corte internacional llegaría demasiado tarde para cambiar nada. Tampoco acudir al TC serviría de gran cosa.

Las familias y los solidarios han dado batalla hasta el último momento. Y era imposible imaginar que su lucha llegara hasta tan lejos. El plenario de Estrasburgo escuchó a una eurodiputada apelar al máximo responsable en derechos jurídicos de la UE para que pusiera coto al sinsentido judicial. No fue una representante vasca, sino catalana quien llevó al pleno los pronunciamientos de alarma de Amnistía Internacional y organismos internacionales sobre la «discriminación por motivo ideológico» que parece haber dirigido la mano del aparato judicial español. Diana Riba (ERC) interpeló a los eurodiputados con un lazo amarillo en la solapa.

Mientras, Frans Timmermans (comisario europeo de la Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales) era abordado por uno de los líderes verdes, Philippe Lamberts, en un encuentro previamente fijado. Lamberts le recordó el compromiso personal que adquirió en 2017 cuando la Fiscalía, la Abogacía del Estado y una fundación de víctimas financiada fundamentalmente con fondos públicos todavía perseguían a estos jóvenes como terroristas, hurtándoles el derecho al juez natural.

En la vista de hoy en el Supremo nadie defiende que se trate de un caso de terrorismo, pero esta acusación falsa ya ha dejado huella indeleble en el procedimiento, pues todo pasó a manos de la AN. Y también dejó huella en los propios jóvenes, que fueron recluidos en prisión sin sentencia firme, alejados de sus familias y sometidos a la restricciones de los presos FIES.

Edurne Goikoetxea y Bel Pozueta –madres de Ainara Urkijo y Adur Ramírez de Alda– ofrecieron ayer una rueda de prensa junto a los eurodiputados de EH Bildu, PNV, Podemos, ERC, IU y el Sinn Féin. Todas estas formaciones han firmado una declaración en la que se califica de «desproporcionada, sinsentido y antidemocrática» la sentencia emitida por la Audiencia Nacional y que fijó penas de cárcel de entre 2 y 13 años.

Durante su viaje a Estrasburgo, los familiares llevaron a cabo dos reuniones con grupos políticos: e Los Verdes e Izquierda Unitaria Europea. Pozueta, al término del encuentro con Los Verdes, relató que un eurodiputado le agradeció el relato y le contó que «cada vez suena más el problema con la Justicia que hay en el Estado», pero que en Europa les es necesario conocer casos concretos para entender realmente qué está sucediendo.

Ayer por la tarde, la pequeña delegación de Altsasu Gurasoak tomó de nuevo el avión, pero no vuelven a casa. Esta noche dormirán en un hotel barato (22 euros la noche) cerca de la sede del Supremo. Allí les toca reunir las esperanzas que les queden para luego ir al tribunal a presenciar cómo transcurre la última oportunidad de corregir la injusticia.