La asunción de las competencias de Tráfico está en la agenda del actual Gobierno navarro, según afirmó ayer el nuevo consejero de Interior y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez.

Al cierre de la legislatura pasada, todo parecía cerrado. Pero en el último momento, a Madrid se le quebró la voluntad de cumplir el compromiso. La excusa que dio Sánchez es que, estando en funciones, no se podía acometer una transformación de tal calado.

La visita del ministro Fernando Grande-Marlaska el lunes no hizo sino ahondar en las incertidumbres. El titular de Interior visitó a los dos cuerpos que tiene bajo su mando en Nafarroa, dedicando el doble de tiempo a escuchar a los guardias civiles que a los policías de la calle Chinchilla. Insistió en que la presencia de Guardia Civil «no corre peligro» en Nafarroa, pero se quedó ahí. Esquivó el tema concreto del Tráfico apelando a que lo importante está en la «coordinación entre cuerpos».

El encorsetado formato de rueda de prensa que escogieron el ministro y la presidenta no permitió ahondar más. María Chivite se atrincheraba en el argumento de Sánchez de que mientras el Gobierno esté en funciones no hay nada que negociar.

El consejero, en la presentación de sus planes para la legislatura ante el Parlamento, dejó claro que la visión que tienen ahora es diferente. Manifestó que quiere que Tráfico llegue a Policía Foral durante su mandato. «Vamos a retomar las negociaciones para avanzar en la transferencia de competencias como Tráfico y Seguridad Vial, una reivindicación histórica, solicitada por el Parlamento y con un amplio consenso en la sociedad».

El guión de Beaumont

La fórmula para que Policía Foral se haga cargo está definida en el Plan Director de Policías que dejó la exconsejera María José Beaumont. En este documento se plasman todos los cambios que debería asumir la Policía Foral para sustituir a todos los efectivos de Policía española y Guardia Civil hasta que estos cuerpos queden relegados al mismo papel que en Catalunya y la CAV. Concretamente, se necesitarían 449 forales más. El ahorro de personal sería del 64%.

La polémica por este repliegue parcial coincide, además, con dos debates de fondo en el cuerpo. Uno de ellos es el mantenimiento del «plus de peligrosidad». El segundo, es el progresivo desmantelamiento de cuarteles rurales por ineficaces. En Nafarroa hay 53 casas cuartel y 34 solo abren por la mañana.