Ibai AZPARREN
IRUÑEA

La Fiscalía retira la acusación para 19 jóvenes por el desalojo de Rozalejo

La Fiscalía retiró ayer los cargos presentados contra 19 de los 22 enjuiciados por la ocupación del palacio de Rozalejo, que albergó el gaztetxe Maravillas. Para los otros tres, rebajó su petición a 630 euros. Todos ellos negaron su participación en la ocupación.

El juicio por la ocupación en 2017 del palacio del Marqués de Rozalejo hasta su clausura en enero de 2019, motivo por el que se acusa a 22 personas de un delito leve de «usurpación de inmueble», se desarrolló en el Juzgado de Instrucción número 4 de Iruñea.

La Fiscalía retiró los cargos para 19 de los encausados, y para los tres restantes rebajó su petición a una multa de 630 euros para cada uno.

El letrado del Gobierno de Nafarroa, por el contrario, reclamó las penas máximas para todos y responsabilidad civil.

Fuentes consultadas por NAIZ remarcaron que este proceso judicial «no es más que un intento de criminalizar los proyectos autogestionados». Denunció, además, el «gasto de administración» que supuso tanto los desalojos como la revisión del edificio en cuestión con el objetivo de «criminalizar las organizaciones populares». Asimismo, las mismas fuentes remarcaron que en el juicio quedó claro que no se ha dado uso al edificio desde el año 2005, cuando pasó a ser propiedad del Gobierno de Nafarroa, resaltando que el proyecto para construir oficinas para Euskarabidea y el Instituto de Memoria Histórica «no constan en ningún informe».

En la sesión, en la que declararon todos los acusados menos uno por circunstancias médicas, los jóvenes negaron haber ocupado el edificio en setiembre de 2017 y dijeron que no habían tenido intención de permanecer en su interior.

Previamente declaró la directora del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Nafarroa, Marta Echavarren Zozaya, quien indicó que la actividad llevada a cabo en el interior podría haber provocado un fallo estructural del edificio. Aseguró que había un importante riesgo de que pudiese producirse un fallo estructura del edificio por sobrecarga así como de incendio por la precaria instalación eléctrica.

Los agentes de la Policía Foral que redactaron los informes sobre la ocupación ratificaron que permaneció ocupado desde 2017, así como la falta de colaboración. «Sabemos que podían pernoctar entre 20 y 30 personas», manifestaron en el juicio, antes de agregar que había actividad en el bar.