Este Decreto-ley sitúa al Gobierno español fuera de la resolución de este Parlamento de mayo de 2018 sobre pluralismo en los medios de comunicación y la libertad de prensa en la Unión Europea». Esta tajante afirmación la hizo el martes en la Eurocámara Pernando Barrena, que puso voz a una iniciativa suscrita por una veintena de representantes de los grupos GUE-NGL (Izquierda) y Greens-EFA (Grupo Verde) en respuesta a la nueva normativa aprobada por el Ejecutivo español, que afecta al sector digital y que ha soliviantado a los defensores de la libertad de expresión. El eurodiputado de EH Bildu, en interpelación directa a la Comisión por este asunto, recordó que el Parlamento Europeo había pedido a los estados miembros de la UE que «se abstengan de adoptar medidas innecesarias encaminadas a restringir el acceso a internet, al bloqueo de contenidos y que no se utilicen decisiones automatizadas de filtros», una directriz que choca frontalmente con lo publicado el martes en el BOE, que para el representante independentista es una medida tendente a «perseguir a la disidencia política» y «poner en marcha un estado de excepción digital».

«El Gobierno se carga la libertad»

Alguien podría pensar que una declaración tan gruesa podría responder al perfil político del electo navarro, pero coincide en su esencia con la valoración que hacen entidades nada sospechosas de congeniar con el independentismo como la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), cuya Junta Ejecutiva denunciaba que con esta norma, que permite la intervención y cierre de páginas web sin intervención judicial y con una excusa tan arbitraria y peregrina como la defensa del “orden público”, «el Gobierno se carga por decreto la libertad en internet».

En una nota, la FeSP, se hizo eco el jueves de los pronunciamientos realizados en la última semana por distintos juristas sobre la posible inconstitucionalidad del decreto y de la «inoportunidad» de aprobarlo en vísperas de unas elecciones, y lamentaba que el Gobierno de Pedro Sánchez, en vez de derogar la Ley Mordaza y las reformas del Código Penal llevadas a cabo por el PP, «que limitaron gravemente los derechos de expresión y de información», con esta medida «ahonda todavía más en el recorte de libertades». En este línea, pide al Ejecutivo que se constituya tras los comicios de hoy que lo derogue.

También FACUA califica de «ataque a las libertades» la actuación desarrollada por el Gabinete en funciones, casi con nocturnidad y seguro que con alevosía, y «sin permitir que la normativa haya pasado por el Congreso para ser debatida ni que las organizaciones de la sociedad hayan podido realizar sus aportaciones o críticas a la misma».

Las infraestructuras en la diana

Para Iratxe Esnaola Arribillaga, ingeniera informática y profesora universitaria, constituye «una tremenda irresponsabilidad política» lo aprobado por el Gobierno español, tanto por el momento como por fondo y forma, y tiene claro que «se ha hecho pensando en los Països Catalans». Y es que el propio Sánchez dijo que «no habrá independencia offline ni online» cuando anunció el decreto, que todo el mundo interpreta como una respuesta a la ambiciosa estrategia digital emprendida por el Govern catalán.

Esnaola destaca que, más allá de ampliar los supuestos que permiten el cierre gubernativo de páginas web, hasta ahora muy limitado, el decreto se centra en las infraestructuras. «El Gobierno español –explica– podrá acabar con cualquier red, recurso u otro tipo de infraestructura digital», cortar la conexión, en definitiva. Y añade que el Ejecutivo «puede hacerse con el control de la red de fibra óptica» de la Generalitat, arguyendo para hacerlo que con ella se podría llevar a cabo un referéndum digital o desarrollar la administración electrónica, y «poner en riesgo el ‘orden público’ del Estado».

La posibilidad de clausurar páginas de internet y el control de las infraestructuras no son, sin embargo, los únicos puntos donde pretende incidir el Decreto-ley 14/2019, que también se centra en el ámbito de la documentación. Y lo hace para fijar el DNI, «con carácter exclusivo y excluyente», como «el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular». De esta forma, Madrid busca el control absoluto de los sistemas de identificación digital y cortocircuitar de paso el proyecto IdentiCAT promovido por el Govern, que está basado en la tecnología blockchain.

El 25 de junio, con motivo de una reportaje sobre la criptomoneda de Facebook, “Libra”, explicábamos en estas páginas que blockchain es un sistema de seguridad formado por bloques alojados en una base de datos compartida, cuya fortaleza reside en que el enlace está descentralizado, lo que lo hace casi inexpugnable. Por esta razón, y porque permite hacer gestiones sin intermediarios, está siendo utilizada no solo para el funcionamiento de monedas digitales, sino también para otras empresas, como la que han empezado a implementar en Catalunya en el ámbito de la identidad digital y que ha enervado a los gestores del Estado.

«El blockchain elimina a los intermediarios y deja el control en los usuarios y usuarias», expone Esnaola, apostillando que el modelo adoptado por la administración catalana «hace innecesario el papel de autoridad que tiene el Estado español», lo que por supuesto no es del gusto de este. La ingeniera zarauztarra destaca, asimismo, que la UE tiene ya en marcha el proceso de regularización del uso del blockchain en la administración pública, pero ese proceso no está acabado, y Pedro Sánchez, mirando a Catalunya, ha optado por vetarlo mientras tanto.

Un decreto que afecta a varias leyes

Otra medida que se incluye es la obligación de alojar en servidores europeos las bases de datos que incluyan información sobre censo, padrón y fiscalidad, entre otros. Es un ámbito que estaba regulado por la legislación comunitaria pero que aquí se hace de forma más «severa», algo que para Esnaola no era necesario y es indicativo del carácter «autoritario» que ha guiado a los autores.

Y estos no han sido pocos. En la elaboración del texto han participado hasta siete ministerios, confesó la vicepresidenta, Carmen Calvo. Se trata, además, de un Decreto-ley que afecta a siete leyes, entre ellas la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana –la Ley Mordaza– y la de Telecomunicaciones, del mismo rango. Algo insólito, que el Gobierno defiende por «los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español». Según expone en la primera pagina del documento, se trata de establecer «un marco preventivo» para «proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos».

El papel, está claro, lo aguanta todo, incluso afirmaciones como esta, refutadas por periodistas, asociaciones de consumidores y el sentido común. Ese que nos avisa de que esto no trata (solo) del cierre de una o de dos páginas web, sino de la apertura de un nuevo frente en la batalla de siempre; la que estamos librando cada día por la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

 

El espacio digital, un campo que es estratégico y tiene camino por andar

«En este terreno podemos aprender mucho de los Països Catalans». Iratxe Esnaola se refiere de esta forma al ámbito digital, donde, como muestra la réplica española a los proyectos del Govern, se van a jugar buena parte de las peleas políticas y sociales en los próximos años. La coordinadora de «TM eLab», un espacio para el análisis estratégico y la generación de propuestas para una Euskal Herria soberana y socialmente avanzada, señala a GARA que el digital «ya es un espacio importante para la organización política», apuntando a este respecto que «Tsunami Democràtic ha mostrado la importancia y el papel central que juegan el ámbito digital y el desarrollo de tecnologías propias a la hora de promover y organizar movimientos sociales».

Y no solo para cumplir esa función. Esnaola destaca que en Catalunya están mostrando que ese espacio es «estratégico para la construcción nacional» y de las estructuras de Estado, y como ejemplo de ello señala que la Generalitat cuenta con un conseller para la Política Digital, así como que «están desarrollando una estrategia integral», que abarca infraestructuras, gestión de datos, administración electrónica... Una labor que también deberemos acometer aquí, con «un carácter estratégico» y «visión de país»..I.B.