Pensionistas alaveses insistieron ayer en que están «hartos de promesas», instando al próximo inquilino de La Moncloa a que tome las medidas pertinentes para garantizar un sistema de pensiones público y digno.

«Queremos hechos, que hagan todo aquello que han prometido», remarcó Iñaki Martín, que presentó ante los medios de comunicación la manifestación que este sábado recorrerá las calles de Gasteiz. Partirá a las 18.00 desde la plaza Bilbao y cuenta con el apoyo de todos los sindicatos y de agentes sociales.

«Tiene que ser una gran manifestación ciudadana que sirva para dar un salto cualitativo y cuantitativo a lo que se ha hecho hasta ahora», apuntó. Y adelantó que el 12 de diciembre tendrán lugar dos concentraciones, una frente al Parlamento de Gasteiz y otra frente a la Cámara de Iruñea.

Además, en enero está prevista una «gran movilización ciudadana», que puede llegar acompañada de paros y huelgas en los centros de trabajo. Un apoyo sindical que agradecieron los pensionistas alaveses, que incidieron en que el futuro del sistema de pensiones públicas afecta a toda la ciudadanía.

«Nuestra preocupación es qué queda para el futuro. Porque detrás de nosotros viene más gente, gente joven que está trabajando», comentó Koldo López de Viñaspre, que insistió en que seguirán en la calle para defender sus reivindicaciones, entre las que figuran la defensa de una pensión mínima de 1.080 euros y un sueldo mínimo de 1.200.

También exigen un aumento de la cuantía de las pensiones en función del IPC y acabar con la brecha salarial existente entre hombres y mujeres.

Acuerdo de gobierno

Por su parte, José Antonio Armentia se refirió al acuerdo firmado el martes por PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición en Madrid, y analizó algunas de las propuestas planteadas por el partido del presidente español en funciones, Pedro Sánchez.

Señaló que, en su programa electoral, el PSOE plantea eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas y dar pasos para adoptar la Carta de Social Europea, «que es una reivindicación que llevamos en nuestro decálogo. Pero ambas medidas las posterga a final de la legislatura».

En este sentido, Armentia remarcó que, si lo que quieren es blindar el sistema de pensiones, es necesario que esté recogido en el Título 1 de la Constitución española, donde se recogen los derechos fundamentales. «Si no es así, no se puede hablar de blindaje», subrayó y reiteró que los pensionistas alaveses seguirán movilizándose. «Vamos a seguir movilizándonos para defender nuestras reivindicaciones», señaló.

En la misma línea se pronunció Marian Rodrigo, quien remarcó que los pensionistas no van a parar. «Este fin de semana hay una gran manifestación, pero el lunes que viene seguiremos en la plaza, a las 12.00». También hizo hincapié en que «gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden».

Cabe señalar que las reivindicaciones de los jubilados van más allá de las pensiones. Como explicó Rodrigo, también luchan contra la precariedad laboral, «causa de los desequilibrios en la Seguridad Social», y contra la desigualdad de género.

«No solamente pedimos pensiones, tenemos que asegurar la sostenibilidad del sistema. Y todas las personas que participamos en este movimiento hemos resistido, insistido y persistido. Nunca hemos desistido. Aquí seguimos por nuestro futuro y el vuestro», afirmó.

Exposición y propuestas con voz propia en el Parlamento navarro

Representantes de Amona, Pentsionistak Martxan y Sasoia comparecieron ayer en el Parlamento navarro, al que reclamaron que respalde sus reivindicaciones, principalmente la del aumento de las pensiones mínimas y el establecimiento en 1.080 euros como marca la Carta Social Europea.

Benito Uterga (Pentsionistak Martxan) explicó la situación en Nafarroa, donde en 2018 había 135.000 pensiones, de las que 62.000 estaban por debajo de 1.100 euros; de ellas, 41.000 por debajo de los 735,46 euros que el Gobierno de Iruñea tiene como pensión mínima (Nafarroa complementa hasta esa cantidad los 677,40 euros de base que establece la Seguridad Social).

Alertó de que hay un «desfase» de 19.000 pensiones que no están complementadas, «en gran medida por el desconocimiento que las personas mayores tienen», por lo que abogó por que sea el Gobierno el que realice «de oficio» la declaración de la renta a los contribuyentes en estos casos.

Buenaventura Bordas (Amona) resaltó que lo que les llevó a tomar la palabra en el Parlamento es su derecho a «sobrevivir con dignidad», mientras que Jesús Pérez Salvatierra (Sasoia) defendió el movimiento de pensionistas que reivindica estos puntos en la calle mediante una «tabla consensuada». El sábado volverán a hacerlo, a partir de las 17.00, en Iruñea. GARA