Los usuarios y usuarias de las compañías telefónicas Movistar, Vodafone y Orange del Estado español serán rastreados por la geolocalización de los dispositivos móviles desde hoy hasta el domingo –excepto viernes y sábado– y los días 25 de diciembre, 20 de julio y 15 de agosto.

Se trata de una operación que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el fin de hacer una estadística sobre movilidad, y, para ello, obtendrán los datos de ubicación de los móviles con contrato en las mencionadas compañías.

Para elaborar esta estadística, el INE dividirá el territorio estatal en 3.500 celdas con un mínimo de 5.000 personas en cada una de ellas.

Esta transacción de datos será legal, pues, aunque las operadoras sabrán a quién corresponde cada movimiento reportado, los datos que tratará el INE habrán sido anteriormente «anonimizados». Así, dejan de ser datos personales, por lo que no se les aplica la ley de la regulación de protección de datos.

Pero, ¿qué significa anonimizados? «Las operadoras saben a qué antena o repetidor se conecta nuestro teléfono en cada momento para recibir cobertura», explica en una declaración de prensa Simona Levi, fundadora de la plataforma pro derechos digitales Xnet.

Por lo que explica Levi, en teoría, las operadoras pasarán esta información al INE eliminando quién ha realizado el movimiento objeto de estudio.

«Al contratar el servicio de telefonía, casi con toda seguridad se nos pidió el consentimiento para hacer uso estadístico de nuestros datos y seguramente la mayoría lo dimos», agrega la fundadora de Xnet.

No es la primera vez

No sería la primera vez que el manejo de los datos en manos de grandes compañías pierden el anonimato. En 2006, se hizo público el registro de consultas del buscador AOL. Se suponía que las búsquedas eran anónimas, pero eran identificables, pues una mujer se reconoció claramente en este registro. En otra ocasión, una usuaria de Netflix demandó a la compañía por facilitar sus datos, supuestamente anónimos, pero que también quedaron expuestos.

«La geolocalización es uno de los elementos con los que más fácilmente se puede revertir la anonimización», advierte Levi, y pregunta: «¿Por qué motivo nuestras instituciones consideran que pueden ejercer una vigilancia masiva y capilar sin deber explicar pormenorizadamente cómo piensan hacerlo?»

El estudio del INE requerirá saber, por ejemplo, a qué hora está cada persona en casa a ciertas horas del día, por lo que no sólo sabrán de los movimientos de los usuarios y usuarias, sino también dónde viven. Además, pagará 500.000 euros por la obtención de datos.

La fundadora de Xnet considera que el hecho de que el procedimiento sea legal no significa que sea «justo», y que «el conjunto de la población debería poder conocer» los detalles sobre los protocolos establecidos entre el INE y las operadoras para utilizar estos datos.