De la comisión de expertos no sale ningún texto común que pueda ser aprobado en el Parlamento de Gasteiz. Lo que desde fuentes jeltzales y sus terminales mediáticos se vende como un acuerdo entre PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, tiene divergencias de base, que afectan al núcleo esencial de su contenido.

De hecho, las diferencias son tales que el experto nombrado por el PSE, Alberto López Basaguren, reconoce que ni siquiera está de acuerdo con la disposición adicional del Estatuto de 1979, que consiente por no romper aquel consenso de antaño. Ese texto legal actual señala que «la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico».

Ese punto figura en el nuevo texto como Disposición Adicional Primera. Pero el representante del socio de gobierno del PNV amenaza con que si se incluye cualquier alusión al derecho a decidir, aunque sea en la Disposición Adicional Segunda, él propondrá eliminar la primera. En su opinión, hablar de derecho a decidir «puede poner en riesgo el conjunto del consenso alcanzado».

Es decir, el PNV entró en la comisión de expertos con un derecho a decidir que tenía la mayoría absoluta del Parlamento, puesto que con el acuerdo con EH Bildu sumaba 46 escaños. Ahora está solo con sus 28 votos y la amenaza de su socio del PSE de romper «el conjunto del consenso alcanzado» si llega siquiera a mencionarse.

Contra las bases desde el inicio

Llama la atención que desde que el 6 de julio de 2018 se aprobaron las bases y principios del Nuevo Estatus en la Ponencia, con el voto de PNV y EH Bildu, y el apoyo de Elkarrekin Podemos en lo respectivo a derechos sociales, altos cargos jeltzales comenzaron a dar muestras de que no les gustaban.

Solo un día después, el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, afirmaba que se había hecho un «esfuerzo para buscar encaje constitucional a las propuestas» y ponía en valor que «incluso la izquierda abertzale se ha sumado a ese ejercicio, en un terreno en el que no se había movido nunca». Pero de inmediato reculaba y añadía que «lo ideal» sería dar con «un acuerdo lo más amplio posible» que pueda «ser tramitado en las Cortes».

Luego llegó el lehendakari, Iñigo Urkullu, para afirmar en el pleno de política general que mantenerse en esas bases, tener un estatus basado solo en esos principios firmados por PNV y EH Bildu «como lehendakari y como lehendakari nacionalista, sería un fracaso absoluto».

A partir de ahí, el discurso del sector dominante en el PNV empezó a tratar de vender las bondades de un consenso que incluyera al PSE, por encima de sus propios contenidos.

Al final, no se aprobaría nada

El final de la estrategia del PNV y de su experto en la comisión, el diputado Mikel Legarda, es que ahora no hay ningún acuerdo sobre el derecho a decidir, ni sobre la consulta habilitante, ni sobre el concierto político, que fueron principios defendidos por los propios jeltzales.

Después de una bases en cuyo tronco estaban el derecho a decidir, la relación de igual a igual, el paso hacia un nuevo sujeto político, el establecimiento de garantías con el Estado, con 46 votos de PNV y EH Bildu en el Parlamento, lo que queda es una adición firmada únicamente por Mikel Legarda en la que se dice que «la plena realización de los Derechos Históricos del Pueblo Vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado».

Un texto que tampoco apoya la experta de Elkarrekin Podemos, y frente al que el nombrado por el PSE amenaza con hacer volar todo si se llega a aprobar.

Cabe señalar que en la fase de ponencia, lo único que impidió que PSE y Elkarrekin Podemos su sumaran al acuerdo en materia de competencias, fue la necesidad de fijar distancias con PNV y EH Bildu. No hay que arriesgar mucho para entender que pese haberse mantenido fieles a las bases y principios aprobados en la Ponencia, se podría haber llegado a un acuerdo en esas materias, con un apoyo superior al actual.

 

También Urkullu quiere hacer ver que desconoce los textos

Desde que comenzaron los trabajos de la comisión de expertos, los partidos que los nombraron han estado al corriente de sus trabajos, les han dado orientaciones y los han arropado con sus equipos. De hecho, lo contrario hubiera sido irresponsable. Y se puede comprobar en las entrevistas que los líderes políticos han ido ofreciendo en el último año y en las filtraciones intencionadas que se han dado en todo este año, al menos desde primavera.

El presidente del GBB y portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, aseguró el jueves en el Parlamento que «yo no conozco todavía ni una línea, no he leído ni una línea, del trabajo que han hecho los expertos». Esta afirmación solo sería creíble de dar por bueno que el EBB le ha ocultado esos datos, lo que resulta improbable.

Ayer fue el lehendakari quien pretendió convencer al Parlamento de que no ha cumplido con su obligación de estar al tanto del trabajo de los expertos. Iñigo Urkullu respondió al portavoz del PP que «a pesar de que usted haya hecho un ejercicio de anticipación, yo le respondo que hasta el lunes yo desconozco lo que la comisión de expertos presentará. ¿O es que usted lo conoce, señor Alonso?». Añadió que «la forma de trabajar de la comisión ha estado guiada por la discreción» hasta que «hace dos semanas, algunas formaciones políticas han tratado de condicionar su trabajo».I.I.