Fueron casi 10.000 a las 15.00 en Baiona y, cogiéndoles el testigo en Bilbo nada más concluir su movilización a las 17.20, unas 70.000 en Bilbo. Suman 80.000 en dos capitales de un mismo pueblo separadas casi 200 kilómetros y han vuelto a conformar la mayor manifestación política de los últimos años en Euskal Herria junto a las movilizaciones feministas y las derivadas del escándalo de Altsasu. Una marea en dos olas con un objetivo nítido y persistente: arrancar soluciones para los presos y presas vascos, comenzando por la eliminación de la actual excepcionalidad. Y con dos destinatarios lejanos en la geografía pero concernidos muy directamente por la cuestión, como han asumido en algún momento puntual: Emmanuel Macron, presidente de la República francesa, y Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español.

La candente actualidad política hizo que esta movilización anual mirase más que nunca a París y Madrid, sin perder por ello su raíz: la reafirmación del compromiso vasco con los derechos humanos para estos casi 250 conciudadanos. En el caso de Baiona, la frase pronunciada por Macron en su visita previa al G7 el pasado mes de mayo fue recogida en la pancarta que abrió la movilización: «No dejemos que la Historia se repita», le parafrasearon los convocantes. En el de Bilbo, ya por la mañana Joseba Azkarraga y Bego Atxa (Sare) apelaron directamente a Sánchez a «escuchar esta reivindicación: no queremos más sufrimiento».

En este mensaje redoblado hubo también dos subrayados reseñables. En la capital labortana a la cabeza de la movilización se situaron jóvenes, para remarcar que lo que está en juego es el futuro, algo que casa plenamente con ese mensaje de Macron de mayo.

En la vizcaina, al mensaje final le pusieron voz y rostro dos víctimas de violencias de signo contrario, Rosa Rodero (viuda del ertzaina Joseba Goikoetxea, muerto en atentado de ETA) y Axun Lasa (hermana de Joxean Lasa, secuestrado y muerto en acción de guerra sucia), a fin de significar que en la cuestión de los presos están en juego el fin del sufrimiento y el comienzo de una convivencia plena. Su intervención resumió el drama inacabado en un caso muy reciente: José Angel Ochoa de Eribe, fallecido en octubre apenas cuatro meses después de ser excarcelado tras obligarle a padecer una dolencia incurable cuatro años en prisión. «No nos engañemos; es el Estado quien está dando continuidad a esta situación, las decisiones de humanización son muy excepcionales», dijeron Lasa y Rodero.

Puestos a buscar diferencias o matices, este «Orain Presoak» ha vuelto a confirmar –y a reforzar– la práctica unanimidad política en Ipar Euskal Herria en torno a esta demanda. Una adhesión que no solo lidera el presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, e incluye a figuras de la derecha francesa como el senador Max Brisson (presentes ambos en la marcha), sino que ha entrado ya en el Gobierno de París con el apoyo mostrado ayer mismo por Didier Guillaume, ministro de Agricultura y candidato a la Alcaldía de Biarritz.

Abanico político, clamor social

El abanico político en torno a esta movilización no es tan amplio en el sur, puesto que en la marcha de Bilbo volvió a echarse en falta a representantes del PNV o el PSOE (el PNB sí estuvo en Baiona). A nivel social, por contra, los cerca de 70.000 manifestantes en la estimación de NAIZ (pasando ampliamente de la Plaza Zabalburu, hasta el cruce con la calle Iparragirre) evidencian que el enquistado asunto de los presos continúa en primerísimo plano de la preocupación ciudadana. Quienes intentan situarlo como problema particular de la izquierda abertzale volvieron a toparse con la realidad. La manifestación posnavideña cierra una década en que siempre ha reunido a más de 64.000 personas ( 130.000 en el momento álgido y tenso de 2014, por la prohibición previa de la Audiencia Nacional). Tampoco conviene olvidar que al arrancar la segunda década del siglo, y con ella el nuevo ciclo político, en las cárceles había más de 600 presos y ahora no llegan a 250, pese a lo cual esa movilización no ha decrecido.