GARA
GASTEIZ

El Gobierno de Lakua y el español se dan seis meses para negociar el «155 digital»

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, anunció ayer tras el Consejo de Gobierno que Lakua y Madrid van a abrir un periodo de negociación bilateral de 6 meses para dirimir las diferencias en torno al Real Decreto Ley 14/2019, conocido como «155 digital».

Antes del próximo 5 de febrero, él mismo, como Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, comunicarán en un escrito al Tribunal Constitucional la apertura del proceso negociación de las discrepancias en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación.

Esta negociación bilateral entre ambos paraliza durante medio año la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional para acordar su interpretación y aplicación. Cabe recordar que el Parlamento de Gasteiz instó el pasado viernes al Gobierno de Lakua a presentar dicho recurso.

Según explicó Erkoreka, esta negociación es parte del acuerdo de investidura firmado por PSOE y PNV que establece que ambos gobiernos trabajarán para sustituir la litigiosidad de las discrepancias por el acuerdo político. El Gobierno de Lakua considera que el Real Decreto Ley 14/2019, «bajo pretexto de garantizar la seguridad pública, instaura un sistema control desmedido y jerárquico en un Estado descentralizado, que vulnera el principio de autonomía política y la competencia de autoorganización de Euskadi».

Además de la invasión de competencias y paso hacia la recentralización, el Ejecutivo de Lakua ve que «hay una falta de proporcionalidad entre algunas infracciones y sus sanciones. Hay previstas medidas innecesarias y excesivas, cautelarísimas, que no se adecúan al fin propuesto».

El Gobierno de Iñigo Urkullu considera que esta norma afecta de una manera grave a los derechos y libertades fundamentales de los artículos 18 y 20 de la Constitución, ya que el Gobierno español extiende sus efectos a los contenidos que se transmiten y a la libertad de expresión. Entiende que «no hay razones que justifiquen la excepcionalidad que han llevado a una tramitación tan urgente de esta ley».