La idea de reformar el Código Penal fue lanzada la noche del lunes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y fue retomada, con cautela, por la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros de ayer. De hecho, Montero no quiso confirmar si formalizarán o no la propuesta, dejando el trabajo en manos del Parlamento. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se limitó a señalar que lo estudiarán «con mucha discreción».

La razón que llevó a Sánchez a no descartar una reforma es que el Estado «no tiene delitos homologables» a la hora de castigar hechos como los de otoño de 2017 en Catalunya. Una realidad que han dejado en evidencia las negativas alemana, belga, suiza y escocesa a extraditar a líderes políticos exiliados. En ningún sitio colaron las acusaciones por un delito de rebelión.

Aunque la noticia fue recibida con agrado en Catalunya, donde el Govern aseguró que la incluirá en la mesa de negociación que se inaugurará en la primera semana de febrero, la posible reforma parece tener más que ver con una adecuación del Código Penal español al siglo XXI que con una medida de gracia hacia el independentismo catalán, cuyos dirigentes ya juzgados no se beneficiarían del cambio.

La reforma podría traducirse, según avanzaban ayer medios madrileños citando fuentes de La Moncloa, en un endurecimiento del delito de rebelión y una rebaja del de sedición. Queda por ver, sin embargo, si en contrapartida el PSOE intentará recuperar el delito de referéndum ilegal, que Aznar incluyó en tiempos de Ibarretxe, que Zapatero derogó y que Sánchez defendió recuperar en la campaña.

Una vez abierto el melón del Código Penal, estará por ver también si, según lo sugerido por Montero, se acaba con la diferencia entre los delitos de abuso y agresión sexual, tal y como exige el movimiento feminista desde hace años.

Trapero lamenta el 1-O y defiende su plan para detener a Puigdemont

«Nuestro objetivo era claramente evitar el referéndum». El exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero insistió ayer en defender la actuación de la policía catalana en la segunda sesión del juicio contra la cúpula de Interior en la Audiencia Nacional, en el cual la Fiscalía pide para él 11 años de cárcel por un delito de rebelión; una pena que, cabe recordar, el Supremo descartó para los superiores políticos de Trapero.

Ayer siguió el largo interrogatorio fiscal al jefe de los Mossos durante el 1-O, durante el cual trató de evidenciar que la policía catalana actuó en connivencia con el Govern para hacer posible el referéndum. Trapero se defendió asegurando que la cantidad de gente que acudió durante aquel fin de semana a defender los colegios sobrepasó cualquier previsión. «No es no querer, es no poder», aseguró sobre la voluntad y la capacidad de los Mossos.

Ayer también fue protagonista el dispositivo diseñado para detener a Puigdemont y al Govern tras la declaración de independencia del 27 de octubre, del cual habló Trapero por primera vez en el juicio contra los dirigentes independentistas celebrado el año pasado en el Tribunal Supremo. Aunque la Fiscalía trató de restar credibilidad al plan, subrayando que ni la Fiscalía ni ningún juez lo conocía, lo cierto es que, dentro del sumario consta un correo electrónico del 25 de octubre en el que se recoge la orden, «por indicaciones del mayor», de preparar todo el dispositivo.B.Z.