El proyecto de ley con el que se modificará la actual Ley de igualdad de la CAV recoge «una ampliación del sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia machista». La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, destacó ayer como novedad la creación de nuevas ayudas para las y los huérfanos de la violencia machista y para las mujeres víctimas en supuestos de impago de indemnizaciones establecidas por resolución judicial.

La futura ley reconoce expresamente como víctimas y supervivientes de la violencia machista a niños y niñas, adolescentes y otras personas dependientes que convivan en el entorno en el que se produzcan estas situaciones.

El texto amplía y regula la atención a mujeres víctimas de otras manifestaciones de violencia, como la trata con fines de explotación sexual, y especifica que las administraciones tendrán que garantizar ayudas a las víctimas que acrediten insuficiencia de recursos y unas especiales dificultades para obtener un empleo.

Las víctimas tendrán en la nueva ley un trato preferente en los recursos públicos para la orientación sociolaboral y en el acceso a cursos de formación, al tiempo que se establece que las administraciones deberán promover su contratación laboral, según ha avanzado Landaida.

Discriminación directa

Del texto se avanzó que prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las personas y que concreta que habrá discriminación directa cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en una situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias directamente vinculadas a ello, como el embarazo o la maternidad.

En lo que se refiere a procesos selectivos y de promoción en el empleo público, se establece que se deberá incluir una cláusula por la que, a igual capacitación, se dé prioridad a las mujeres en los casos en los que la representación de estas sea inferior al 40%, aunque con varias excepciones.

El proyecto de ley recoge que los poderes públicos deben incorporar con carácter general la perspectiva de género en las subvenciones públicas e incluir en las normas reguladoras medidas para promover al igualdad y eliminar desigualdades entre mujeres y hombres entre los criterios de valoración.

La nueva ley establece que no podrán recibir ayudas las empresas que debiendo tener un plan de igualdad vigente según la normativa del Estado, no lo tengan, ni empresas de más de 50 trabajadores que no acrediten medidas para prevenir y combatir el acoso sexual.

El proyecto de ley, que ha sido compartido con diversos agentes y ha recibido 400 aportaciones, establece como requisito para empresas y organizaciones del sector privado que contraten o reciban subvenciones del Ejecutivo de Lakua, cumplir con el principio de transparencia e igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Fija, asimismo, que en caso de indicios de discriminación retributiva se dará un plazo para justificar o corregir y si no lo hacen se adoptarán medidas que podrían suponer la pérdida de subvención o la resolución del contrato y devolución de las cantidades percibidas.

Tras el verano, salvo elecciones

Landaida confió en que la ley se apruebe esta legislatura pese a los escasos meses que quedan para que concluya la misma y, en concreto, tras el verano si no se anticipan las elecciones autonómicas. Según indicó, espera que los grupos parlamentarios agilicen los plazos para que se puede aprobar «en 4 o 5 meses».

El portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, aseguró que adelantar las elecciones «en este momento no está sobre la mesa».