NEREA GOTI
ZALDIBAR
DERRUMBE EN ZALDIBAR

Larga semana para reiniciar una búsqueda

Una semana después del derrumbe en el vertedero de Zaldibar, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, que trabajaban en la escombrera, siguen desaparecidos. La búsqueda se ha reanudado hoy tras días en los que las familias se han sentido las grandes olvidadas en medio de un desastre con una crónica anunciada a la vista de las irregularidades.

Ayer se cumplió una semana desde el derrumbe en el vertedero de Zaldibar, en el que dos de sus trabajadores resultaron sepultados. Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán siguen desaparecidos y su rescate paralizado una y otra vez a lo largo de los últimos días. Por la mañana, la Mesa técnica y de coordinación anunció que se reanuda la búsqueda, porque «es una prioridad fundamental».

Aquella gran masa de inertes que inundó la AP-8 pasadas las 16.00 horas del jueves provocando el corte de la autopista se subsanó en unas horas para devolver el tráfico a la normalidad. Mientras, Ertzaintza, técnicos de emergencias y bomberos activaban las labores de rescate hasta la aparición de grandes cantidades de amianto, algo que desconocían.

El viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, confirmó que técnicos de Osalan habían detectado la presencia de este mineral. Según constató NAIZ, la autorización ambiental que Lakua concedió a la empresa Verter Recycling en 2016, era para «residuos no peligrosos». Aquella autorización señalaba que la actividad no representaba «impacto sobre el suelo».

La sorpresa llegó cuando fuentes de Medio Ambiente revelaron el viernes que sabían que allí había amianto, que no entraba en la categoría de «residuo peligroso» y que el permiso para amianto se dio en 2007. NAIZ reveló otro dato que pone en tela de juicio la gestión de las primeras horas: Verter Recycling figura en el registro de empresas de riesgo de amianto, del Departamento de Justicia, desde el año 2017.

La indignación se volvió a disparar las primeras horas del sábado al desatarse un incendio, lo que suponía en la práctica la puesta en marcha de una especie de incineradora de residuos peligrosos al aire libre, como denunciaron usuarios de redes, en medio de la creciente preocupación por su repercusión en la salud en municipios colindantes como Eibar o Ermua, que se tradujo en protestas vecinales.

La necesidad de explicaciones

La búsqueda de los desaparecidos que se había retomado con las primera luces se ese día volvió a detenerse ante el riesgo de nuevos deslizamientos por la lluvia. Mientras, salvo las dos formaciones que ostentan el Gobierno de Lakua, PNV y PSE, toda la oposición, sindicatos, colectivos ecologistas, ciudadanía y otros agentes reclaman explicaciones mirando al Ejecutivo de Urkullu.

Se supo que la existencia de irregularidades era algo objetivo y conocido por el Gobierno de Lakua, tras descubrir «incumplimientos» ante los que habían llegado a valorar la apertura de un expediente sancionador a la empresa propietaria en julio de 2019, cosa que finalmente no ha hecho hasta hoy.

Reveló este amago de expediente que no llegó a firmarse la propia viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, en su visita el sábado a la zona del derrumbamiento.

Moreno se defendió asegurando que no se les habían comunicado problemas de estabilidad de la ladera. El mismo día EH Bildu hizo público un informe de noviembre de 2019 del Servicio de Inspección Ambiental, en el que quedó reflejado que Lakua había constatado desde junio que el grado de cumplimiento de la autorización ambiental del vertedero era «bajo» y sus «incumplimientos significativos o severos».

La impotencia de las familias

En medio de la tragedia, el testimonio de familiares de Alberto Sololuze, uno de los operarios desaparecidos, puso el foco sobre el factor humano en una entrevista concedida a GARA, en la que denuncian el «dolor» y la «impotencia» que representa para los allegados la falta de información y la ausencia de una búsqueda de los cuerpos, puso el foco sobre la cuestión humana que rodea el desastre.

«Enfado, rabia e impotencia», cuentan, después de días olvidados, en los que relatan que son ellos los que han estado llamado por teléfono para intentar saber lo que ocurría. Hubo una primera reunión días después del derrumbe, y cuentan que fue más para justificar por qué estaban deteniendo la búsqueda y para escenificar algún movimiento que para constatar una activación real del rescate.

Los allegados relataron que el trato por parte de la empresa tampoco ha sido muy humano. Tras doce años en el puesto de trabajo, «siempre con el mismo jefe, ese jefe no ha dicho nada aún, ni siquiera ha aparecido», contaron en primera persona las víctimas.

A lo largo de los últimos días la búsqueda se ha activado y detenido en varias ocasiones, alegando la inestabilidad del terreno, pero seguramente lo que ha llamado la atención en las últimas horas es la propia respuesta del Ejecutivo con el lehendakari Iñigo Urkullu a la cabeza, después de comparecer ante los medios para anunciar elecciones el 5 de abril y mostrarse molesto porque se le interpelara por su ausencia en Zaldibar.

De momento, un juzgado de Durango ha abierto de oficio la vía penal por el derrumbe, familiares, ertzainas y bomberos ha mostrado públicamente su indignación por cómo se está gestionando todo lo que rodea el desastre en Zaldibar. Lakua avanza que se personará como acusación, a la par que ha abierto un expediente contra la empresa Verter Recycling.

Urkullu deberá dar explicaciones el martes en la Cámara

A demanda de la oposición, el Gobierno de Lakua comparecerá el martes en la Diputación Permanente del Parlamento para dar explicaciones sobre la actuación del Ejecutivo con respecto al derrumbe del vertedero de Zaldibar. Acudirá el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien podrá estar acompañado del resto de consejeros solicitados. No se sabe, sin embargo, quiénes serán finalmente los acompañantes.

La Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento dio trámite a la solicitud de EH Bildu de que el lehendakari comparezca para dar explicaciones sobre la actuación gubernamental en el derrumbe del vertedero de Zaldibar donde permanecen sepultados todavía dos trabajadores. Elkarrekin Podemos y el PP habían pedido que acudieran los consejeros de Medio Ambiente, Seguridad y Trabajo. Las comparecencias se tramitan de forma conjunta y será el Gobierno quien determine quién le representa.

La comparecencia tendrá lugar el martes a las 9.30 de la mañana. Se da por hecho que será el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien asuma la responsabilidad, aunque podría ir acompañado de Iñaki Arriola, Estefanía Beltrán de Heredia y María Jesús San José.

Tras la decisión de la Diputación Permanente, portavoces de los grupos parlamentarios han comparecido antes los medios. Los grupos de la oposición han criticado la imagen de improvisación, opacidad y falta de transparencia en la que ha incurrido el Gobierno en la gestión de esta crisis, al igual que la falta de control previo sobre el vertedero.

Por contra, el parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate, defendió que el lehendakari y el Ejecutivo han estado «desde el minuto cero» sobre esta cuestión y denunció que el resto de grupos, y en especial EH Bildu, están haciendo un «uso interesado y vergonzoso del dolor humano». En su opinión, se produce una «utilización interesada y vergonzosa» del dolor humano.Iñaki IRIONDO