Excomandante, miembro del Secretariado de las FARC-EP y negociador plenipotenciario en La Habana, Pastor Alape es actualmente delegado de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en el Consejo Nacional de Reincorporación, órgano que gestiona el regreso a la vida civil de los exguerrilleros. En entrevista con GARA en la sede del instituto Hegoa en Bilbo, Alape asegura que «el acuerdo de paz no ha fracasado» pese al regreso a la lucha armada de destacados ex dirigentes de la exguerrilla como Iván Márquez y Jesús Santrich, y a los incumplimientos sistemáticos del Gobierno uribista de Iván Duque.

En un momento delicado, la FARC celebrará el próximo abril su asamblea nacional. Uno de los retos, afirma, es «mantener la unidad y estructurar un partido que responda a las exigencias del siglo XXI. Debemos establecer una política que nos permita desmontar el estigma que cargamos y eso implica cambiar el nombre. No podemos seguir llamándonos FARC».

¿Cuál es la radiografía de los grupos que se han desvinculado del acuerdo de La Habana?

Dentro de la propia dinámica que caracteriza a estos procesos, excompañeros nuestros se han quedado fuera del proceso por diversas circunstancias aunque, fundamentalmente, por la desconfianza en el Estado. El primer grupo fue el liderado por Gentil Duarte. Esos excompañeros decidieron que no se iban a arriesgar a morir en el intento de construir la paz. Hubo un segundo momento en el que, debido a los incumplimientos y a la inseguridad jurídica, son capturados Jesús Santrich y un sobrino de Iván Márquez, quien resultó que tenía vínculos con las autoridades norteamericanas. Entonces, Iván y otros excompañeros optaron por el alzamiento armado. Pero esos dos sectores no alcanzan ni el 20% del universo de personas que seguimos en la lucha ardua para implementar el acuerdo de paz y profundizar la democracia. Nos reafirmamos en que el acuerdo de paz no ha fracasado. Ha despertado una nueva acción de la ciudadanía colombiana que se ha venido movilizando en diferentes momentos, reafirmando la necesidad de ampliar las acciones para que el Estado cumpla con lo acordado y que los gobiernos cumplan con los compromisos de Estado.

¿Qué impacto tuvo en ustedes el anuncio del regreso a la lucha armada de quien fuera el jefe negociador en La Habana, Iván Márquez, y de otros importantes cuadros?

El impacto político fue muy complejo dado que ellos hacen su declaración en una coyuntura electoral que le generó mucha satisfacción al partido del gobierno; le permitió mayores argumentos en cuanto a que las FARC no estaban cumpliendo. Eso nos puso en unas condiciones políticas de desventaja. Es una decisión que en su momento favoreció a la campaña de la derecha en Colombia.

Recientemente, ha trascendido la carta de Alexandra Nariño –una de las delegadas de la guerrilla en la mesa de La Habana– en la que renuncia al partido FARC por coherencia. ¿Cómo valora esta renuncia y la de otros cuadros públicos?

Todo proceso de transición tiene sus propias dinámicas. En las organizaciones, más aún cuando se amplía el escenario de la horizontalidad y de la democracia, y se desmontan las dinámicas de la verticalidad, es lógico que se presenten diversas situaciones tanto de unos que se adhieren a esa iniciativa política como de quienes se retiran. Respetamos la decisión de la compañera, tendremos que hacer ajustes, toda decisión hay que abordarla con visión crítica y, sobre todo, autocrítica desde las direcciones.

Usted está al frente del Consejo Nacional de Reincorporación por parte de la FARC. ¿En qué punto está la reincorporación de los exguerrilleros?

Estamos en una situación muy compleja por los incumplimientos del Gobierno, pero insistimos en que la reincorporación económica no se puede ver aislada del núcleo central del acuerdo de paz que es la reincorporación política. Si ésta no se garantiza, si no hay garantías para ello, si no hay garantías para la vida de los firmantes del acuerdo de paz, el proceso se complica. Reclamamos al Estado garantías para la vida y planes específicos que obliguen a la implementación de lo acordado en cuanto a medidas de seguridad. Estamos enfrentando un plan sistemático de exterminio a los firmantes y promotores de la paz en Colombia. Están asesinando a los firmantes del acuerdo, a los líderes de la sustitución de los cultivos de uso ilícito, a los promotores del enfoque de género, diferencial y étnico, a los reclamantes de tierra y a los impulsores de la reforma rural e integral. En ese contexto, hemos responsabilizado al Estado y al Gobierno actuales, que mantienen una línea de promoción de la violación, la estigmatización y polarización en Colombia.

¿Quién o quiénes están detrás de estos ataques?

Son actores armados que responden a estrategias establecidas en los territorios a partir de las propias economías de la ilegalidad que operan en estos lugares y que favorecen a sectores económicos y políticos, y a megaproyectos y proyectos extractivos que se dan en esas regiones, como en Putumayo, Catatumbo, en el Andén del Pacífico, bajo Cauca y todo el norte antioqueño. El factor común es que hay intereses de multinacionales, extractivistas y megaproyectos.

¿El hecho de que el uribismo esté de nuevo gobernando ha empeorado este fenómeno?

Los índices de criminalidad se han disparado con este gobierno. El de Iván Duque es un gobierno que polariza y promueve el odio en todos los escenarios; en el Parlamento, en los ministerios... y no ejecuta ninguna acción que implemente las definiciones que quedaron en el acuerdo para poder enfrentar las amenazas de violencia. Por ejemplo, aún no han implementado el Pacto Político Nacional, que era el compromiso de todas las fuerzas políticas y económicas del país para decir no a la violencia. Este partido de gobierno se nutre de la violencia. Esa es su característica. Por eso, el presidente de la FARC, Rodrigo Londoño, Timo, respondió a la senadora por el Centro Democrático –partido de Duque– María Fernanda Cabal por sus improperios contra Cuba y los estudiantes, ya sean excombatientes o militares, que están becados en el país caribeño para estudiar Medicina.

¿Ve preparada a la sociedad colombiana para acoger a los excombatientes?

Hoy tenemos a una sociedad colombiana movilizada por los acuerdos de paz. Son varios momentos históricos en los que la sociedad se ha movilizado a favor de la paz. Primero fue en las elecciones presidenciales, en las que cerca de diez millones ciudadanos votaron por una candidatura de cambio. Después, en la consulta anticorrupción más de 13 millones dijeron «esto hay que cambiarlo»; es el momento de la paz, de la esperanza. En las elecciones regionales, la sociedad prácticamente derrotó al partido de gobierno en aquellas regiones donde se considera que tiene mayor aceptación. El alcalde de Medellín fue elegido por fuerzas independientes. Eso muestra a un país con una ciudadanía más movilizada. Las manifestaciones del 21 de noviembre mostraron a un país que se aferra a la esperanza y que no quiere poner la mirada en el pasado.

¿Qué importancia simbólica tienen gestos como la entrega el 7 de febrero a la Jurisdicción Especial para la Paz de un segundo informe sobre el atentado con coche bomba contra el Club El Nogal de Bogotá en el que hace 17 años murieron 36 personas? Rodrigo Londoño (FARC), Bertha Lucía Fries, representante de las víctimas, y dos excomandantes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia acudieron juntos al acto en una muestra de reconciliación.

Con este tipo de actos queremos reiterar nuestro compromiso de reconocer nuestras acciones, en la reconciliación, en la reparación a las víctimas y, sobre todo, de decirle al país que en la guerra éramos adversarios por las condiciones políticas, no en lo personal. En lo personal somos ciudadanos que cabemos en un mismo territorio, en un mismo país y podemos encontrarnos en muchos anhelos. Por eso estuvimos juntos actores que nos enfrentamos. Queremos decirle al país que nosotros, que luchamos a muerte entre nosotros, podemos encontrarnos. Ciudadanos que estuvimos en la guerra estamos haciendo acciones permanentes para decirle al país que necesitamos reencontrarnos para restablecer una cultura de paz y crecer como nación.

La mesa de La Habana coincidió durante un tiempo con el proceso abierto con el ELN, en la actualidad congelado. Se llegó a hablar de dos mesas, un mismo proceso. Acaba de finalizar el «paro armado» decretado por el ELN entre el 14 y el 17 de febrero. ¿Ve aún posible un diálogo con esta guerrilla?

Confiamos tercamente en una paz completa. Estamos moviéndonos a todos los niveles para que se abra con urgencia el diálogo con el ELN. Necesitamos establecer una acción política del Gobierno dirigida al acogimiento de otras estructuras armadas porque está demostrado que en Colombia la salida violenta, las políticas de seguridad basadas en la persecución militar, no son exitosas y lo único que permiten es que se perpetúen sectores del poder que se benefician de la violencia. Debemos romper ese ciclo de nuestra historia.

En abril, la FARC celebrará su asamblea nacional. ¿Qué retos inmediatos afronta?

El primero, mantener la unidad del partido y entender la dinámica del debate interno y el funcionamiento de las fuerzas políticas en el siglo XXI. Debemos estructurar un partido que responda a las exigencias del siglo XXI y, sobre todo, a una sociedad joven que hoy es mucho más activa. El segundo, entender que el partido no puede ser de exguerrilleros, sino un partido de ciudadanos y ciudadanas que aspiran a ser gobierno. El tercero, entender que se requieren respuestas innovadoras que profundicen la democracia, que nos saquen del nivel de exclusiones y el cuarto, poder establecer una política que nos permita desmontar el estigma que cargamos y eso implica cambiar el nombre. No podemos seguir llamándonos FARC.

Tras una vida en las FARC-EP, su papel como negociador y ahora en la construcción de la paz, ¿qué balance hace?

Para mí La Habana significó un momento de soñar a Colombia en una nueva realidad. La metáfora de La Habana era que podíamos construir un continente de paz.