Con Pedro Sánchez y Quim Torra encabezando sus respectivas delegaciones, la Mesa de Diálogo político entre el Gobierno español y su homólogo catalán se reunió ayer por primera vez. Lo hizo en el Palacio de la Moncloa, sin expectativas reales de acuerdo a corto plazo pero regalando una imagen de indudable peso político, que además tiene garantizada su continuidad tras haber acordado ambas partes mantener reuniones mensuales de forma alternativa en Madrid y Barcelona. La próxima será en marzo en la capital catalana.

Asimismo, se decidió que los presidentes y vicepresidentes se incorporarán «cuando sea necesario ratificar acuerdos políticos, salvo que alguna de las partes decida otra composición».

Esa fue la primera noticia que trascendió después de tres horas de debate «franco y honesto», en palabras de Torra, y lo hizo a través de un comunicado conjunto, representativo del tono en que se desarrolló la cita.

«Ambas delegaciones coinciden en que la mesa de gobiernos es un instrumento para vehicular una solución y, por ello, se han emplazado a continuar trabajando para impulsar el diálogo, la negociación y el acuerdo», indica el texto pactado, donde se constata la «naturaleza política del conflicto» y que requiere, por tanto, una «solución política». También añade, por otra parte, que cualquier acuerdo que se adopte en la mesa se formulará «en el marco de la seguridad jurídica». Es la misma fórmula que la usada en la Declaración de Pedralbes, que siguió a la entrevista entre Sánchez y Torra en 2018.

«Discrepancia y distancia»

Cordialidad, sonrisas y tono distendido caracterizaron el inicio del encuentro, con los medios gráficos aún presentes en la sala Tapies de la Moncloa, donde se produjo esta primera toma de contacto entre gobiernos. Antes, Sánchez y Torra tuvieron ocasión de departir en los exteriores al margen de los demás, pues el president llegó un poco después que el resto de la delegación catalana, tal como había sido acordado previamente.

Con todos los gestos medidos, llamó la atención que difundieran un documento conjunto, que no impidió, sin embargo, que cuando Torra y María Jesús Montero, ministra portavoz del Gabinete de Sánchez, comparecieron ante los medios quedara de manifiesto la enorme distancia que les sigue separando.

«Seguimos sin conocer cuál es la respuesta del Gobierno de España al conflicto político catalán», lamentó el president, tras constatar la «discrepancia y la distancia» con su interlocutor a la hora de abordar el conflicto político en Catalunya. Las diferencias, según expuso, radican en las vías de solución del conflicto, que «nace de una negación de derechos fundamentales» como la libertad de expresión y de reunión, y «por encima de todo el derecho de autodeterminación de los pueblos».

Del mismo modo, Torra apuntó que «los que estábamos ahí sentados no deberíamos ser precisamente nosotros sino el president (Carles) Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, Marta Rovira y Jordi Sànchez», y añadió a renglón seguido que «el reconocimiento del exilio y la prisión es importante y necesita encontrar un cauce de entendimiento, también en esta mesa de diálogo». Sobre la inclusión de la figura del mediador, explicó que había sacado el tema, ya que a su juicio ayudaría a que «este debate y esta mesa de diálogo sea honesta y sincera», a «clarificar» y a que no hubiera «distorsiones».

Como conclusión, el president insistió en que «la voluntad popular» es lo primero, apostillando que en Catalunya se va «con retraso de un conflicto político que se debe resolver desde el punto de vista democrático». Aun así, no quiso restar importancia a lo ocurrido ayer, y valoró que «lo importante era dar inicio a esta mesa», ya que en ella subyace «un compromiso» del Gobierno español «de resolver políticamente el conflicto».

«Fórmulas imaginativas»

En nombre de ese Gobierno, su portavoz admitió que no esperan frutos en el corto plazo, pero anunció que buscarán «fórmulas imaginativas» para dar cauce al conflicto. María Jesús Montero opinó que la reunión, aunque «muy compleja, ha sido un primer paso muy importante para avanzar en la normalización de las relaciones institucionales y afectivas» tras diez años en los que, según indicó, «solo ha habido confrontación y reproches».

La ministra de Hacienda también reconoció que son muchas las cosas que separan a ambos gobiernos, por ejemplo su rechazo al derecho de autodeterminación que Sánchez volvió a trasladar a Torra, pero consideró que se ha empezado a crear un nuevo clima, con una nueva interlocución que debe sentar las bases de una etapa en la que el protagonista sea el diálogo.

«La opción de no hacer nada o de mirar para otro lado ya se probó y es contraproducente», apostilló la portavoz del Gobierno español, que apostó por «destensar» y por «coser las heridas» desde la «empatía» y la «capacidad de comprensión».

No parecen estar por la labor en el PP, que nada más concluir la reunión difundió una nota donde critican que el Gobierno de Sánchez «cruza todas las líneas rojas políticas imaginables en 40 años de democracia al permitir que los separatistas planteen como imposición la autodeterminación de Cataluña, el indulto a los golpistas, la fractura definitiva de la sociedad catalana y la ruptura de la integridad territorial de España».

 

La Fiscalía pide al TS que confirme la inhabilitación del president

Mientras en la Moncloa Pedro Sánchez y Quim Torra escenificaban un espacio de diálogo entre gobiernos, la agencia Efe filtraba la noticia de que la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que no admita a trámite el recurso del president contra su condena de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral y, en caso de no aceptar su propuesta, pide que se confirme la sentencia condenatoria.

En su escrito ante la Sala de lo Penal, fechado el 24 de febrero, el Ministerio Público pide directamente que no se admita el recurso, si bien, subsidiariamente, impugna todos los motivos que alegó Torra contra su condena a año y medio de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC). De una manera u otra, lo que reclama es que se confirme su inhabilitación –que le impide ejercer cualquier cargo local, autonómico, estatal o europeo–, lo que implica que sería apartado de su cargo al frente del Govern.

La Fiscalía sostiene que la condena del TSJPV, no afecta «en ningún caso» a «la inviolabilidad parlamentaria» del mandatario catalán, y arguye que no se produjo a raíz de «opiniones vertidas en el Parlamento» sino por «hechos y omisiones ante los requerimientos de la Junta Electoral Central».GARA

 

Puigdemont considera «un riesgo y un desafío» su acto en Perpinyà

Sin apartar la vista de lo que ocurre en Madrid y Barcelona, Carles Puigdemont prepara con mimo el acto previsto para este próximo sábado en Perpinyà, que aspira a reunir a decenas de miles de personas.

En una entrevista en “L’Indépendant”, el president valoraba ayer que el mitin en la capital de la parte continental de los Països Catalans supone «un riesgo y un desafío», aunque también destacaba que «la carga emotiva» va a hacer que sea «excepcional» y explicaba que verá por vez primera a su madre desde que, exiliado, tuvo que poner rumbo a Bélgica en octubre de 2017.

A pesar del ambiente preelectoral que se vive en Catalunya, Puigdemont sostiene en la entrevista que el acto no tiene carácter partidista. Al contrario, el mandatario asegura que será «transversal» y de «gratitud con los catalanes del norte», además de una oportunidad de denunciar «que un Estado miembro de la Unión Europea no respeta las reglas del juego del estado de derecho europeo sobre las libertades fundamentales».

El mitin ha recibido el apoyo del alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, de Les Républicains, y del representante del partido gubernamental La République En Marche Romain Grau. «Las personas que se pronuncian lo hacen sobre todo contra una aberración: la presencia de presos políticos y de exiliados en el seno de Europa», expone Puigdemont al respecto.GARA