La situación extrema que vive el preso Patxi Ruiz no solo ha puesto en alerta a quienes se preocupan por los derechos humanos, sino que sirve de recordatorio de que en este país la única violencia política ejercida desde hace una década es la que aplican los Estados contra los presos vascos. Ahora las amenazas de una funcionaria de prisiones han empujado a Ruiz a autolesionarse –por segunda vez en pocos meses– y a emprender una huelga de hambre y sed. Hoy cumple once días en esa protesta, con grave riesgo para su salud.

Este episodio debe ser resuelto de forma urgente, priorizando los derechos humanos y la vida del preso, igual que urge poner fin a la excepcionalidad que se aplica a todos los presos y presas políticas vascas. El lanzamiento de pintura contra el domicilio de la líder del PSE, Idoia Mendia, buscaba denunciar la responsabilidad del partido que gobierna en Madrid en la situación de Ruiz. Esa responsabilidad es evidente, pero esta acción no ha provocado ni que más gente lo entienda así ni que conozca mejor la situación de los presos. Todas las fuerzas vascas lo rechazaron.

Algunos representantes, como la propia Mendia, achacaban ayer a la izquierda abertzale una «responsabilidad moral» sobre lo sucedido, sin parecer tener idea de las responsabilidades que su partido tiene en cuestiones como la tortura o la guerra sucia. Y sin atender al rechazo unánime a esos ataques. En el mismo sentido, Iñigo Urkullu consideraba inadmisible el silencio ante estos hechos, cuando nadie ha callado al respecto. Por otro lado, Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren Aurkako Mugimendua negaba ayer legitimidad a EH Bildu y a Sortu para defender los derechos de Patxi Ruiz. Cabe recordar que este preso se salió del EPPK por rechazar la estrategia de la izquierda abertzale y las decisiones tomadas por ETA antes de deshacerse. En tiempos como estos, resulta chocante ver que hay gente que tiene nostalgia de lo peor de otras épocas. Sea por delirios o por ventajismo.