La Mesa del Senado acordó ayer con los votos de PP y PSOE no tramitar una petición de formaciones independentistas y de izquierda para investigar los vínculos con los GAL del expresidente del Gobierno Felipe González, acreditados por el documento de la CIA que ha devuelto este tema a primera plana. El Congreso de los Diputados hizo lo propio hace una semana.

Sí se pronunció a favor el único senador que tiene el PNV en el órgano de gobierno de Senado, según explicó ante la prensa la vicepresidenta primera de la institución, Cristina Narbona.

Las razones esgrimidas por el PSOE y el PP para no dar pie ni siquiera a que la iniciativa sea discutida por el pleno apuntan a la lejanía de los hechos que se quieren investigar, añaden que ya han sido juzgados y sentenciados, y también indican que el propio Senado ya activó en 1995 una comisión para indagar sobre los GAL.

Lo que no dicen es que esta comisión fue cerrada en falso, después de que el teniente general Sáenz de Santa María amenazara con contar la verdad.

Por lo que respecta a que los GAL ya fueron juzgados, la realidad es que solo llegaron a vista oral en el Estado español muy pocos sumarios (Marey o Lasa-Zabala) y que Felipe González no fue investigado por organizar la trama, que es a lo que apunta el documento de la CIA.

La propuesta que ayer fue inadmitida estaba firmada por 36 senadores del PNV, ERC, EH Bildu, JxCAT y el grupo de la Izquierda Confederal, y planteaba la necesidad de «actuar con transparencia y arrojar luz» en relación con los GAL porque «son muchos los aspectos a esclarecer que aún siguen sin ser investigados».

Sin embargo, Narbona reprodujo en su intervención en la rueda de prensa las razones apuntadas en la Mesa por PSOE y el PP para no hacerlo así. Principalmente se trata de actuaciones que «ya han sido objeto de investigación judicial».

Aunque aquel cierre en falso es una evidencia para cualquiera, Narbona añadió que en 1995 el Senado ya creó aquella comisión de investigación.

En cuanto a los avatares judiciales, intentó presentar como juicio a los GAL el sumario sobre una única acción y no mortal –el secuestro de Marey– por el que fueron condenados el ministro de Interior de la época, José Barrionuevo, y su número dos, Rafael Vera, entre otros.

Señaló que con ello «el proceso está cerrado desde el punto de vista judicial» y que si se quieren responsabilidades políticas el PSOE ya perdió las elecciones en 1996 y González dejó de ser presidente.

«Utilizar la Cámara para juzgar gobiernos anteriores no es buena práctica por principio, sea quien sea el partido que gobierne», concluyó Narbona.