gara, donostia
CRISIS Y PLANES DE RECUPERACIÓN

Para salvar la economía hay que salvar a las personas

Después de asustar con el futuro económico, la patronal vasca ha tomado la iniciativa de proponer un pacto de país. Tras el discurso del compromiso común y la corresponsabilidad se esconden las recetas de siempre. No parece que hayan sacado ninguna lección de todo lo ocurrido. Y Europa parece que quiere volver cuanto antes al déficit 0 y a los recortes.

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Un anuncio del Gobierno de Canarias en el que aparece una fiesta de cumpleaños de una persona mayor que termina en la UCI, porque el homenajeado se contagia de covid-19, ha sido celebrado por su dureza, que recuerda a las antiguas campañas de la DGT. En ese vídeo publicitario hay dos cosas que llaman la atención. La primera es que el motivo elegido sea una reunión particular y no, por ejemplo, una fábrica o el transporte público. Si de lo que se trata es de intimidar a la gente, qué mejor que llevar el asunto al ámbito privado. En la calle tiene que seguir girando la rueda de la producción y el consumo.

Y la otra es que se elogie la dureza del spot publicitario, o sea, que acojone. De lo que se trata no es de que la gente comprenda la situación, sea capaz de evaluarla y actuar en consecuencia, sino de que tenga miedo, para que obedezca. El miedo guarda la viña. Pobre estrategia que denota que los gobernantes no tienen en muy alta estima la capacidad de los gobernados.

Una táctica, la de asustar, que una vez pasadas las elecciones también ha empezado a utilizar el Gobierno de Lakua. La consejera de Desarrollo Económico en funciones, Arantxa Tapia, a raíz del despido de trabajadores que prepara Tubacex, ya advirtió que habrá más noticias malas de esa clase. Y ofreció su receta de cristiana resignación: «hay que ser realista». Un gran consuelo viniendo de una responsable política, sobre todo, cuando no explicó qué pensaba hacer el Gobierno en el que participa.

A ese esfuerzo por concienciarnos de lo mal que están las cosas, cómo si la gente no lo supiera ya, se unió la pasada semana el del presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre. Según los datos que baraja la patronal, la comunidad autónoma terminará el año con 45.000 empleos menos. Para el Gobierno de Lakua se perderán unos 43.300 empleos. En los cálculos, coinciden.

Tras el susto llega el truco. Confebask ya tiene la solución preparada para salir de esta gran crisis: un gran pacto de país para recuperar competitividad. Zubiaurre abogó por un endeudamiento extraordinario destinado «a salvar empresas» y a mantener empleo, porque supondrá resistir este año para reactivarse el que viene. Comparó su plan de «renovación y transformación competitiva» con el que se impulsó con ocasión de las inundaciones del año 1983. Pero precisamente aquellos fueron los años de reconversión industrial salvaje, de la desindustrialización exigida por la Unión Europea, la misma que ahora se queja de que el sur tiene una estructura económica totalmente dependiente. No recuerdo yo que hubiera ningún acuerdo de país, más bien fueron años de dura lucha en defensa del empleo industrial.

Hay que reconocer que la patronal se empleó a fondo. Zubiaurre hizo un discurso para guardar y recordárselo cuando lleguen coyunturas económicas más favorables y los dividendos fluyan con soltura. Según el presidente de la patronal, esta época «inédita y extraordinariamente negativa» necesita «mucho diálogo social, voluntad de acuerdo y compromiso colectivo». En este aspecto mucho tendrá que mejorar el empresariado, visto los escasos frutos que ha dado hasta ahora la negociación colectiva y la casi total ausencia de convenios colectivos renovados.

Pero los tiempos exigen otro discurso y Zubiaurre continuó: «Desde la empresa vasca siempre hemos estado dispuestos a arrimar el hombro, ahora, si cabe, más que nunca». Bueno, parece que por fin están dispuestos a que las empresas también paguen impuestos, cuando tengan beneficios.

También habló de «remar juntos», «asumir riesgos siendo solidarios», «una salida de la crisis justa y colectiva», «corresponsabilidad social con derechos y obligaciones, en donde la responsabilidad individual sea también determinante» y de que el compromiso empresarial por la recuperación económica y el empleo «es más firme que nunca». Esta parte de las obligaciones y el compromiso con el empleo resulta especialmente conmovedora, sobre todo para las 45.000 trabajadores y trabajadoras que calculan irán al paro antes de fin de año.

El cuento de la competitividad. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que muchos problemas no se pueden resolver de forma aislada. Ahí está el coronavirus, pero también el cambio climático con sus inesperados efectos, o el hambre y la pobreza en una civilización que no para de enviar artefactos a Marte. Cada vez está más asumido que la solución de determinados problemas solo puede ser global, pero ese convencimiento todavía no ha llegado a los temas económicos. Y eso que la pandemia también ha dejado algún ejemplo ilustrativo: Suecia, sin confinamiento, ha tenido una caída en la actividad económica similar a la del resto de países de su entorno.

Competitividad significa vender el producto propio y no dejar vender el ajeno. En ese esquema el éxito tiene una cara B: los países que no son «competitivos» terminan endeudados y en consecuencia sin poder seguir comprando esos productos tan «competitivos». Y si los países no tienen dónde vender su competitiva producción, no podrán seguir prosperando.

La zona euro es un ejemplo paradigmático de esa situación, pero sigue sin entenderse. El Gobierno chino tiene una visión mucho más global del desenvolvimiento económico y comprende mucho mejor la naturaleza de esos desequilibrios. Por esa razón China, que también acumula importantes superávit comerciales, decidió invertirlos en el mega proyecto que bautizó como cinturón y ruta de la seda. Básicamente consiste en que las reservas que ha acumulado se inviertan en otros países en proyectos que son interesantes para China y también para los gobiernos locales, y que servirán para mantener la demanda de productos chinos al tiempo que fomentan el desarrollo local induciendo nuevas demandas. Una perspectiva global de las relaciones económicas que contrasta con la visión de viejo avaro que domina en Europa. Visto desde Euskal Herria, un país pequeño, puede parecer que no es tan importante, pero cuando todo el mundo hace lo mismo, la catástrofe está garantizada.

Ser competitivo significa explotar al prójimo hasta que no pueda más, momento en el que el competitivo se hunde junto con el explotado. Por tanto, la salida de esta crisis no está en dar dinero a las empresas para que compitan por el mundo, como dice Zubiaurre, sino en salvar a la gente. Salvando a las personas se sostiene la demanda que será la que salve a las empresas, y no al revés. Es fundamental para el éxito que el énfasis de cualquier plan para la recuperación pase de las empresas a los trabajadores.

Y nuestro país no es precisamente un paraíso en el que no haga falta nada. Muchas servicios y muchas actividades necesitan trabajadores, infraestructuras, maquinaria, etc. Para empezar la sanidad pública, pero también la enseñanza o el ámbito de los cuidados. En otros campos, las necesidades son cada vez mayores: medio ambiente y cambio climático, montes o eficiencia energética. Y aparecen nuevas necesidades unidas a la digitalización y a la urgencia de garantizar conexiones a toda la ciudadanía.

Habiendo gran cantidad de áreas que necesitan intervención y también muchos desempleados, una solución eficiente será poner a todas esas personas a trabajar. Algo que en un primer momento tendrá que hacer la administración, lo que significa crear empleos públicos, que pueden ser temporales para que cuando las empresas demanden más trabajadores puedan hacer ofertas satisfactorias, y no se queden sin mano de obra. Este es el orden lógico de un pacto de país y de cualquier plan de recuperación: demandas sociales y empleo público que generen demanda para el sector privado.

Recursos extraordinarios. Eso significa que esos fondos públicos extraordinarios deben ir dirigidos a mejorar la vida de la gente y no a salvar empresas, que, además, a las primeras de cambio se van del país. Pero en este camino hay otro importante obstáculo. Para evitar este giro en el guión están las políticas de recorte del gasto público. Ya lo dijo en junio el Eurogrupo: las cuentas de 2021 tienen que cumplir los criterios de estabilidad presupuestaria. Posteriormente lo apuntó el diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Javier Larrañaga, en una conferencia organizada por Mondragon Unibertsitatea y esta semana destacados miembros del PNV urgían a que se convocara la Comisión Mixta de Concierto Económico para acordar el déficit. Si con el confinamiento generalizado, Bruselas dejó en suspenso aquello de mantener el equilibrio fiscal, ¿a qué viene tantas prisas? Parece que esa suspensión solamente afectara a las cuentas de este año y los presupuestos de 2021 deberán volver al rigor fiscal. De otra manera no se entiende esa urgencia por saber cuál será el déficit permitido.

La cuantía del fondo de recuperación aprobado en Bruselas a principios de la semana pasada deja una impresión similar. En un artículo en “The Guardian”, recogido parcialmente en la hemeroteca del domingo, Yanis Varoufakis señala que el monto del fondo que se ha aprobado servirá prácticamente para compensar la pérdida de recaudación de este año. De este modo, en 2021 se volverá a lo de siempre: déficit cero y recorte de los gastos sociales.

A juicio de Varoufakis el fondo de no va tener apenas repercusión macroeconómica, es decir, que no va a ser ningún estímulo extra para la economía. En este sentido, el vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, se ha esforzado en vender ese fondo como el inicio de una nueva era neokeynesiana, es decir, de expansión del gasto público; la realidad parece indicar justo lo contrario: el fondo tiene el tamaño suficiente para enjuagar las pérdidas de este año y continuar las políticas de déficit cero y recortes.

Hay otro detalle que apunta a que los recortes van a continuar. En la conferencia de Larrañaga antes mencionada, el diputado de Hacienda señaló cuatro aspectos que, a su juicio, aumentarán la desigualdad social: el teletrabajo, la enseñanza y las ventas online. Hasta aquí todo lógico: los que no tengan acceso o no dominen el medio digital se verán perjudicados. Y añadió otro sorprendente aspecto: la sanidad pública. Si es pública, ¿por qué va ser un factor de desigualdad? ¿Será más bien al contrario? O tal vez estén pensado en debilitarla todavía más –menos gasto público– para que la privada pueda acaparar un trozo de negocio que en el actual panorama se adivina jugoso. Y eso lo están tramando precisamente cuando los países con sistemas públicos más robustos son los que mejor han gestionado la pandemia.