Un total de 1.571 personas falleció en los cuatro territorios de Hego Euskal Herria durante el primer semestre de 2020 mientras aguardaba a que se resolvieran sus solicitudes de dependencia, según reveló ayer la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (ADYGSS) a través de un informe titulado «Observatorio Estatal para la Dependencia».

Según este documento, que recaba los datos del Ministerio español de Derechos Sociales, en los seis primeros meses del año, en el conjunto del Estado 32.035 fallecieron en las listas de espera de la dependencia.

De ellas, 20.413 estaban pendientes de recibir las prestaciones o servicios que les correspondían por derecho y 11.622 pendientes de valorar.

En el conjunto de Euskal Herria, fallecieron 1.571 personas. De ellas, 1.400 lo hicieron en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa –1.213 estaban «en el limbo de la dependencia» y 187, pendientes de valorar– y 171 en Nafarroa –de entre las que 84 estaban pendientes de valoración–.

Todos estos datos, subraya el informe, ponen de manifiesto que en el conjunto del Estado «cada ocho minutos muere una persona de la lista de espera de la dependencia» y que «176 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley».

Otro dato que se destaca es que durante el periodo de confinamiento, entre marzo y mayo, «el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fue del 80%, siendo el exceso de mortalidad de abril (137%) muy superior al de marzo (68%) y al de mayo (37%). La tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en un 5,2% de las personas beneficiarias». Destaca el elevado impacto en la mortalidad en personas con atención en residencia, con un exceso de fallecimientos de 17.922 personas más de lo esperado (exceso de mortalidad del 151%, el 7,4% del total de personas dependientes atendidas en residencia).

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denuncia que «el escudo social no protege a los dependientes» y que el Gobierno español «no ha incrementado ni en un solo euro la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. Se está abandonando sin atenciones a las 392.526 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento».

«Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, es preciso adoptar medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables. El Gobierno –español– debe incrementar de manera urgente y sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado la financiación de la dependencia, además de modificar la ley para permitir la compatibilidad de las prestaciones», apunta.

También pone el foco sobre los gobiernos autonómicos, a los que reclaman que acometan «las reformas necesarias que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos, y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones». 

De no hacerlo, advierte, «serán responsables del sufrimiento y desatención de las personas en situación de dependencia, especialmente de las 176 personas que fallecen cada día a la espera de algún procedimiento de la Ley». «Los servicios sociales son imprescindibles para garantizar la atención digna a los más vulnerables. El Sistema de Dependencia agoniza. Y no es una metáfora, es la cruda realidad».