Las duras imágenes procedentes de Lesbos, donde miles de seres humanos llevan días deambulando por calles y carreteras con un destino y un futuro incierto, han hecho que la opinión pública haya vuelto la mirada hacia los migrantes y refugiados que se hacinaban en el campo de Moria, pasto de las llamas. Y, por extensión, han logrado que vuelva a estar sobre la mesa, veremos hasta cuándo, la situación de quienes sufren iguales penalidades en otras zonas del planeta.

Las suyas son vidas marcadas por el riesgo y la incertidumbre, y sobre las que la pandemia causada por el covid-19 ha tenido efectos devastadores. Así se desprende del informe “COVID-19 y políticas fronterizas” publicado este verano por el Transnational Institute (TNI), un organismo internacional con cuatro décadas de experiencia en la investigación y en la promoción de políticas sociales, económicas y medioambientales.

Este último trabajo sucede a anteriores documentos publicados en el marco de la serie “Guerras de frontera”, que analiza la militarización y la externalización de las fronteras europeas y de los Estados Unidos, y en él se constata que refugiados y migrantes se han visto afectados en forma «desproporcionada» por la crisis sanitaria. El covid les ha golpeado de forma directa, pero también ha sido excusa para otros golpes.

En el informe se recuerda, por ejemplo, que medidas tendentes a limitar la propagación del virus, como el distanciamiento social o la higiene, no pueden ser aplicadas en campamentos o refugios hacinados con poco o ningún acceso a agua corriente y a un saneamiento adecuado, del mismo modo que en esos lugares apenas ha habido opción de hacer test de detección del covid-19. Y si Osakidetza estima que en la primera ola de la pandemia seis de cada siete casos escaparon a su detección, ¿cuál será el porcentaje en esos lugares? ¿Cuánta gente se habrá infectado y seguirá haciéndolo, sin control?

El TNI destaca, en este sentido, que los refugiados que viven en campamentos densamente poblados corren riesgo de contraer la enfermedad y cita algunos ejemplos de la situación vivida en esos espacios. Así, señala que el virus se propagó en los asentamientos de refugiados en Calais, donde, a falta de provisiones suficientes de la Administración, eran grupos de ayuda humanitaria los que se habían encargado de cubrir sus necesidades básicas. Una asistencia que ha disminuido o se ha suspendido a causa de esta pandemia. También explica que ha habido denuncias de creciente violencia policial contra refugiados y migrantes en ese mismo lugar, donde, lamenta, «el Gobierno francés, con apoyo del financiamiento del Reino Unido, ha creado un entorno hostil».

Asimismo, dice que se ha informado de un gran número de casos de covid-19 en campamentos de refugiados de países como Argelia, Bangladesh, Kenia y Líbano, lugares donde los centros de salud carecen de recursos suficientes, equipamiento médico y camas en las unidades de cuidados intensivos.

Otro tanto se puede decir de los centros de recepción y detención, superpoblados y con un número limitado de instalaciones de higiene. Según explican los autores, muchos casos de coronavirus registrados en Alemania tuvieron su origen en instalaciones que albergaban a solicitantes de asilo que no tenían acceso a mascarillas o desinfectante.

También hay ejemplos de lo contrario: Portugal otorgó derechos de residencia temporal a todos los migrantes y solicitantes de asilo, permitiéndoles acceder a atención de salud y otros servicios públicos. Y los migrantes de los centros de detención cerca del aeropuerto de Lisboa fueron reubicados.

Deportación y propagación del virus

La posibilidad de ser deportadas es uno de los miedos que atenazan a las personas migrantes y refugiadas y, en este sentido, en el informe se destaca la actitud de EEUU, que pese a la crisis sanitaria ha seguido deportando gente, lo que ha contribuido a la propagación del virus. Así, Guatemala afirmó a finales de abril que al menos uno de cada cinco de sus casos de covid podía vincularse directamente con ciudadanos deportados.

Por si acaso, Donald Trump ha amenazado con imponer sanciones a los países que se nieguen a recibir a las personas deportadas.

Arabia Saudí también deportó hace unos meses a miles de etíopes, entre ellos portadores del virus, lo que, como advierte el informe, planteó un riesgo directo para la población de Etiopía. Y aunque la mayoría de Gobiernos europeos suspendió o disminuyó temporalmente los vuelos de deportación, el 17 de abril la Comisión Europea instó a los Estados miembros a que «en la medida de lo posible [...] deben estar dispuestos a reanudar los procedimientos de retorno y hacer frente al retraso acumulado una vez se hayan despejado las perturbaciones provocadas por las medidas restrictivas».

Por otra parte, si muchos países ya infringían sistemáticamente su obligación de no ejecutar retornos forzados y expulsiones a zonas de guerra y zonas peligrosas, esta situación se ha exacerbado a raíz de la pandemia. Por ejemplo, se ha dado un aumento significativo de expulsiones violentas de países de los Balcanes durante la crisis. En Croacia, se marcó con pintura en aerosol a los refugiados expulsados a Bosnia y el 6 y 7 de mayo, las fuerzas armadas entregaron migrantes a la Policía, que los condujo a la frontera y los devolvió a Bosnia. Esos migrantes denunciaron que fueron golpeados, les robaron sus pertenencias y la Policía les pintó cruces en cabeza y rostro para marcarlos. También fueron obligados a cruzar el río fronterizo y se les ordenó que no regresaran.

Redadas y detenciones

Según el informe, la pandemia ha servido de excusa para multiplicar redadas y detenciones contra inmigrantes. En primavera, cientos de personas en situación irregular fueron encarceladas en Kuala Lumpur con el argumento de que se pretendía impedir la propagación del covid. Pero quienes dieron negativo en la prueba fueron enviados a centros de detención de inmigrantes.

EEUU también ha sido criticada por continuar las redadas después de que se declarara el confinamiento. De hecho, el número de detenciones ha crecido durante esta crisis.

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo ha informado de «niveles cada vez mayores» de discriminación y xenofobia contra los trabajadores migrantes y, en algunos casos, inseguridad alimentaria, despidos, empeoramiento de las condiciones de trabajo (incluida la reducción o el impago de los salarios), unas condiciones de vida precarias o inadecuadas, y un aumento de las restricciones a la circulación o de los retornos forzosos. Asimismo, la ONU alerta de que las mujeres migrantes afrontan un riesgo mayor de perder sus medios de subsistencia, de sufrir violaciones de sus derechos humanos y laborales y de contraer el virus.

En el informe se recuerda, además, que los migrantes a menudo viven en zonas marginadas, en viviendas precarias y con poco acceso a los servicios de salud. Es más, quienes están en situación irregular tienden a evitar contactar con los servicios de salud y otros servicios sociales por temor a ser deportados.

Todo lo tienen en contra, por tanto, quienes nunca han tenido nada a favor. Millones de personas que ahora suman un nuevo virus a las viejas enfermedades contra las que llevan años luchando: el clasismo, el racismo, la insolidaridad, el miedo y la xenofobia.

consecuencias a largo plazo y efectos perversos del shock causado por la crisis

El contenido de este reportaje es solo un esbozo de un informe que aborda varias vertientes de la situación de migrantes y refugiados, así como de la creciente militarización de las fronteras y el modo en que los Gobiernos están manejando este asunto, y que también mira a las consecuencias que la pandemia puede acarrear a largo plazo. Admite al respecto que es difícil prever cuánto va a durar la crisis del covid, pero sí considera que sus consecuencias, directas e indirectas, «podrían complicar la situación de los migrantes y otras poblaciones desplazadas durante un buen tiempo».

Los autores también ven probable que algunas de las políticas y restricciones aplicadas en este contexto extraordinario continúen en vigor una vez el virus esté bajo control, junto con las políticas fronterizas y de migraciones vigentes, y advierte de la posibilidad de que se apliquen a la sociedad en general.

En ese sentido, citan a la periodista canadiense Naomi Klein, autora de la referencial “La doctrina del shock”, y apuntan cuál podría ser, por ejemplo, la hoja de ruta de un Donald Trump que se juega en breve su reelección como presidente de EEUU: «Una doctrina del shock pandémica, que incluya todas las ideas más peligrosas que existen, desde la privatización de la seguridad social, pasando por el cierre de fronteras, hasta el encarcelamiento de más migrantes».

Recuerdan que su Gabinete propuso en junio que se permita a jueces de inmigración fallar sobre casos de solicitud de asilo sin celebrar audiencias, negando, de hecho, el asilo a los refugiados que no reúnan los requisitos necesarios en la primera solicitud.

El TNI menciona otros países que también han adoptado medidas para limitar los derechos incluso después de la pandemia, y nos pone sobre la pista de lo que podría ocurrir en cualquier lado si no se adoptan mecanismos para evitar que a la lógica prevención le suceda un inaceptable autoritarismo.I.B.