Cumplidos siete meses del derrumbe del vertedero de Zaldibar, y cuando aún no ha aparecido el cuerpo de Joaquín Beltrán, uno de los dos trabajadores sepultados entre las 500.000 toneladas de residuos, parece que los responsables institucionales (léase Gobierno Vasco), tras unos meses de zozobra y pasadas las elecciones al Parlamento Vasco, quieren enterrar definitivamente lo que a todas luces fue una nefasta gestión del desastre. Por ningún lado se anuncian autocríticas, ni enmiendas a la corrección de errores, ni mucho menos depuración de responsabilidad política alguna.

Al contrario, un día sí y otro también, aparecen informes o noticias que exoneran tanto al propio Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco (Informe Ricardo de la firma Ricardo Energy & Environment, encargado y contratado por el propio Gobierno Vasco) como a la misma empresa Verter Recycling 2002 S.L. de culpabilidad alguna en el derrumbe, más allá de ser considerado como un desgraciado accidente con la pérdida de dos vidas humanas. Como apuntó el diario GARA, la detención de los gestores de Verter Recycling el día anterior de la unificación de las dos causas parece concluir que el procedimiento será el más benévolo para los encausados.

Ahora bien, el Informe Ricardo se ciñe a las condiciones del permiso de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), sin entrar si estas condiciones eran las más adecuadas para un vertedero de esta categoría. La Directiva 1999/31 exige que en este tipo de instalaciones los gases del vertedero se traten o se quemen y la AAI, es decir, el permiso concedido a Verter Recycling para iniciar su actividad no contemplaba este aspecto. De hecho, la cantidad de gas metano no tratado fue una de las causas que provocaron los incendios que contaminaron con dioxinas y furanos la población circundante. Asimismo, esa auditoría no entra en el tema de la mezcla de residuos, mezcla que está prohibida por la citada directiva.

Según el informe, el Departamento de Medio Ambiente cumplió con los mínimos legales en vigor, mínimos establecidos tanto por la Directiva Europea de Vertederos como por la de Emisiones Industriales. En nuestra opinión, lo hizo de forma deficiente, quedándose a medio camino. Es por ello que el informe apercibe al Gobierno Vasco cuando le recomienda hacer visitas más frecuentes al lugar y hacer un examen detallado al año, y no cada tres, tal y como hizo. Así tiene que ser, puesto que los vertederos se consideran instalaciones de alto riesgo, y según el artículo 23 de la Directiva 2010/75, las inspecciones deben programarse anualmente, no cada tres años. Más si cabe, en el caso de una empresa como Verter Recycling, que ya ha infringido esta normativa en otras ocasiones.

En este sentido llama la atención que en ninguna de las siete inspecciones realizadas por el Departamento de Medio Ambiente –cuatro de seguimiento (IPCC) y tres enmarcadas en planes específicos de control– detectaron nada problemático en sus instalaciones. En la última de ellas, realizada los días 10 de junio y julio de 2019 para comprobar el grado de cumplimiento de las condiciones de su AAI, se recogieron en un informe un total de 23 desviaciones, ninguna de ellas graves. Todas se consideraron «poco relevantes». Nos sorprende que fueran calificadas tan rápidamente de ese modo, conociéndose los residuos que entraban allí, muchos con una elevada carga orgánica.

Y sin embargo, el 6 de febrero de 2020 tuvo lugar la mayor catástrofe medioambiental que ha existido hasta la fecha en Euskadi. Es sorprendente que el informe Ricardo no diga nada al respecto.

Consideramos que estos aspectos deberían servir para reflexionar sobre aquello que se debe mejorar y para depurar responsabilidades si las hubiera, no para concluir que se han hecho las cosas bien. Y con ello borrón y cuenta nueva.

Por otro lado, el informe de técnicos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, publicado en diversos medios de comunicación, que asegura que los residuos vertidos en Zaldibar estaban todos ellos autorizados, nos genera serias dudas:

Los residuos de amianto no tenían autorización, al menos desde 2012 a 2017. Verter no se inscribió en el Registro de Empresa de Riesgo de Amianto (RERA) hasta 2017. Y si creemos las declaraciones de los transportistas, los residuos de amianto no se aislaban en celdas.

Según Imanol Magro, periodista de “Berria”, Verter tenía autorización para recoger lodos de papelera, pero con determinados límites. Según la interpretación de la ley realizada por el Gobierno Vasco –la normativa europea es mucho más estricta y hubiera impedido su enterramiento en Zaldibar– este vertedero tenía permiso para almacenar lodos papeleros que no superaran el 15% de carbono orgánico (COT) en su composición, por los problemas de estabilidad que causa en la tierra la humedad que contienen. El citado medio estimó que el vertedero recibió fango que podía tener entre el 20 y el 23,5% de COT, superando lo permitido.

El vertedero tenía la clasificación de residuos industriales no peligrosos e inorgánicos, pero contenía residuos tales como plásticos, maderas, metales, materia orgánica... Por el Decreto 49/2009 ninguno debería haber sido vertido, sino reciclado; sin olvidar los residuos municipales, que no se podían depositar al tratarse de un vertedero para residuos industriales.

Y por qué un vertedero con vida para 35 años estaba a punto de colmatarse transcurridos once? La respuesta es sencilla: porque era el más barato de los once vertederos que hay en Euskadi. En 2017, el último año con cuentas registradas, reportaron unos beneficios netos de 1.744.876 euros. Y durante los dos años siguientes multiplicaron la actividad hasta el punto de que la instalación rozaba sus límites. Un negocio rápido y redondo para sus gestores. A cambio de inseguridad, contaminación y problemas para el medio ambiente, y la salud de la ciudadanía y trabajadores.

En definitiva, que algunos residuos vertidos estén autorizados no significa que no haya responsabilidades que investigar, dirimir y depurar.