El Ministerio español de Justicia comenzará la semana que viene a tramitar las peticiones de indulto para los presos políticos catalanes condenados por «sedición», un proceso que puede durar entre cuatro y seis meses.

Así lo anunció ayer el ministro, Juan Carlos Campo, al responder a una pregunta de la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borrás, sobre la deriva en la que está instalada la Justicia española.

El Ministerio apuntó que, «una vez superado el atasco provocado por la pandemia, a lo largo de la semana que viene se dará trámite a estas solicitudes de indulto, reclamando los informes del tribunal sentenciador y la Fiscalía». Campo evitó, eso sí, adelantar la decisión.

La última petición de indulto para los condenados del procés se presentó el pasado mes de agosto en favor de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell por parte de sus predecesores Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert.

El Gobierno de Pedro Sánchez también tiene sobre la mesa otra demanda en el mismo sentido instada por UGT en beneficio de la exconsejera Dolors Bassa y otra del abogado catalán Francesc de Jufresa que afecta al conjunto de los condenados.

El ministro de Justicia unió a este anunció la explicación de que el Ejecutivo español mantiene su idea de reformar en el Código Penal, entre otros delitos, los de «rebelión» y «sedición» para «adaptarlos a la nueva realidad social y a la normativa de otros países».

Las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural afirmaron que un indulto para los presos independentistas no solucionaría el conflicto político y volvieron a insistir en que la única solución pasa por ejercer la autodeterminación y por una ley de amnistía.

La líder de la ANC, Elisenda Paluzie, reclamó al independentismo «consensuar una estrategia para recuperar la iniciativa». El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, afirmó que lo único que tiene que hacer el Estado «es aprobar esta ley de amnistía que permitiría una solución integral para todas las personas represaliadas». «Un indulto no sirve para nada, más allá de la solución personal de la persona represaliada».

Asimismo, la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, consideró los indultos «un parche» y pidió un acuerdo para amnistiar a los presos del 1-O. «Tenemos un conflicto político con compañeros en la cárcel. No queremos que el Gobierno español les indulte, como si les perdonara», reprochó Capella. Desde el Parlament catalán, JxCat y ERC también consideraron que «la solución pasa por la amnistía». Según la ley española «es imprescindible que el indulto no cause perjuicio a terceras personas o no lastime sus derechos» y, además, «el penado debe haber obtenido el perdón de la parte ofendida». A pesar de ello, ha habido indultos que cuestionan estos términos: agentes de las FSE condenados por torturas, los responsables de Interior condenados por el secuestro de Segundo Marey, los mossos d'Esquadra condenados por amenazar, golpear y meterle la pistola en la boca a un detenido o los comandantes sanitarios condenados por falsear la identidad de militares fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42.

En busca del «terrorismo» al año de la redada contra los CDR

«Precursores de explosivos». Este término fue la palanca que llevó a la Guardia Civil a reventar los domicilios de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) hace un año. Se les imputó «terrorismo» argumentando que sustancias halladas en las casas podían utilizarse en futuros atentados; una elucubración sobre otra. La redada recordaba a montajes producidos en Euskal Herria o al conocido «fake» del «comando Dixán» yihadista. No obstante, la Audiencia Nacional lo dio por bueno y mandó a prisión a siete de los detenidos en un «aviso a navegantes» cuando se intuía una potente respuesta ciudadana por la sentencia contra los líderes independentistas. Los encarcelados fueron quedando libres meses más tarde, tras aceptar la Audiencia que los supuestos «precursores» en ningún caso eran explosivos. Sin embargo, la investigación se mantiene sobre trece personas, con un objetivo indisimulado de llegar algún día a la ilegalización de la organización que reúne a los comités independentistas.Ramón SOLA