A finales de setiembre EH Bildu registró una iniciativa para poner en marcha una comisión de investigación sobre el derrumbe de Zaldibar.

Tenemos que poner mucha claridad sobre lo ocurrido, hay que poner luz y taquígrafos, porque corremos el riesgo de pensar en que el tema está judicializado y que ahí se va a aclarar todo. Tal vez se aclare qué responsabilidad penal puede tener la empresa en los dos posibles ilícitos penales, que son el delito contra la seguridad de los trabajadores y el delito contra el medio ambiente. Se pueden aclarar las malas prácticas que ha podido tener Verter Recycling, pero evidentemente es difícil que quede al descubierto el quehacer de la Administración en cuanto al control, inspección y seguimiento de lo que estaba pasando en ese vertedero, y en los vertederos en general. Creemos que es sobre lo que falta luz, y eso nos podría dar algunas pistas sobre las responsabilidades políticas que hay detrás.

Hay algunas informaciones que apuntan a que Lakua dejó de «tutelar» hace dos décadas actividades industriales de riesgo para la salud...

Lo que para nosotros ha quedado en evidencia, y es algo en lo que queremos profundizar más, es el hecho de que el propio sistema de control es demasiado laxo y ha permitido que la empresa funcionara con una sensación de impunidad. Las inspecciones que se relatan para Verter, o las inspecciones que se relatan en general desde el Departamento de Medio Ambiente para aquellas actividades que requieren de una Declaración Ambiental Integrada, son inspecciones rutinarias de las que avisa previamente, se da tiempo a ocultar cualquier irregularidad que pudiera haber. Es curioso que el Gobierno Vasco eche mano del informe de Ricardo Energy, la empresa británica a la que manda hacer una auditoría, para decir que ellos no tenían responsabilidad, cuando el mismo indica que la forma de hacer el control necesita mejoras.

Evidentemente no se estaban haciendo las cosas bien. Se estaban haciendo las inspecciones con avisos previos, la información que mandaba la empresa se estaba procesando o leyendo simplemente en el momento en el que se iban a hacer las inspecciones en el lugar y, como las inspecciones se hacían cada dos años, aproximadamente, toda la información que mandaba la empresa durante esos dos años no se revisaba hasta el momento de hacer la inspección. Y estamos hablando de un vertedero que se estaba llenando a un ritmo muy superior al previsto, porque era un vertedero que estaba previsto que se llenara en 35 años y en ocho años estaba prácticamente lleno; eso significa que en 2018 y 2019 entró un millón de toneladas de residuos. ¿La información sobre eso cuándo ha sido procesada?

Después hay una serie de cosas que son denunciables y sobre las que hay que investigar más. ¿Qué pasa con el amianto que apareció ahí? No tanto por si había permiso o no, sino cómo es posible que la gente estuviera trabajando sobre amianto; cómo es posible que el Gobierno Vasco y el Departamento de Medio Ambiente tuvieran los registros del amianto que había entrado durante un montón de años y durante las primeras horas de la actuación nadie dijera nada. ¿Sobre eso quién va a responder? A raíz de ese error hay trabajadores de los servicios de emergencia que van a tener que mantener un seguimiento sanitario, controles sobre asbestosis.

Días después de la tragedia, fuentes del Departamento de Medio Ambiente negaron que el amianto fuese un «residuo peligroso».

Fíjate si lo será que, cuando ha caído el vertedero, con las 16.000 toneladas de materiales con amianto, han hecho que todo el vertedero se considere de materia contaminada precisamente por el amianto.

¿Teme que PNV y PSE usen la mayoría absoluta para impedir la investigación?

Sí, claro que tenemos esa sensación, y de hecho ya hubo debate previo a iniciativas del PP y de Elkarrekin Podemos-IU y ya se vio que la actitud era beligerante, a la defensiva y cerrada. Ellos sostienen que la parte judicial es la que tiene que aclarar las responsabilidades, cosa en la que no estamos de acuerdo, porque no va a aclarar las responsabilidades políticas. Pero de alguna manera, en su propia actuación, con sus decisiones, reconocen que las cosas no se hicieron bien. El hecho de que se le haya quitado la cartera de Medio Ambiente a Iñaki Arriola deja en evidencia que hay una cierta pérdida de confianza.

¿Cómo valora que Arantxa Tapia haya asumido las competencias en Medio Ambiente?

Hay algunas voces por ahí que dicen que se ha puesto al zorro cuidando del gallinero, y podría ser, porque hasta ahora Arantxa Tapia ha demostrado mucha sensibilidad por el desarrollo industrial y mucha menos preocupación y sensibilidad por las cuestiones medioambientales. No obstante, tenemos claro que el enfoque es el correcto, porque no puede ser que estemos pensando en desarrollo económico por un lado y cuestiones medioambientales por otro. Nosotros entendemos que hay que enlazar estos dos campos, porque de lo que se trata es de hacer una transformación profunda del tejido productivo, de manera que se pueda insertar en parámetros de sostenibilidad.

El mes que viene se celebrarán unas jornadas sobre la crisis climática organizadas por EH Bildu. ¿Definirán las políticas medioambientales del grupo?

Van a participar personas de ocho países, van a venir especialistas de diferentes ámbitos, con los que vamos a analizar cuáles deben ser los ejes principales de los cambios que tenemos que hacer y vamos a conocer experiencias de otros países europeos con socios del GUE/NGL. Porque hay experiencias concretas en transición energética, en desarrollo de energías renovables, en programas de rehabilitación de vivienda, en movilidad... que son ejes importantes sobre los que tenemos que pensar.