La metáfora del viraje del trasatlántico es muy socorrida para reflejar cambios progresivos en políticas muy estáticas. Y poco hay más pétreo en este país que la política carcelaria, atrincherada más de 30 años en el equívoco concepto de «dispersión», que deja en segundo plano la afección principal: el alejamiento. 2020 marca el punto en que ese trasatlántico ha empezado a girar sobre sí mismo para empezar a mirar a puerto y no a alta mar. Vira sobre cuatro ejes: la apuesta de EPPK por la vía legal en verano de 2017, los acercamientos iniciados en el Estado francés en el otoño posterior, el fin de ciclo de ETA en primavera de 2018 y el nuevo Gobierno español en enero de 2020.

Si el alejamiento ha sido y es la seña de esa política enquistada, la repatriación (más que el acercamiento) es el signo de este lento y pesado movimiento de fondo. Con los traslados anunciados esta semana, el número de presos y presas políticas vascas que han sido o van a ser traídos a cárceles vascas asciende a 25: once a Martutene (tres de ellos en segundo grado y ocho en tercero o semilibertad); siete a Zaballa (tres y cuatro respectivamente); cuatro a Iruñea (tres y uno); y tres a Basauri (dos y uno).

El número acumulado confirma una nueva dirección, evidente si se compara con las prácticas de estas décadas en que las cárceles vascas han estado cerradas a cal y canto para los miembros de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa. Obviamente queda muy lejos de la solución humana y legal, puesto que solo alcanza aún a en torno al 15% de encarcelados en el Estado español. En la otra cara de la moneda, como acaba de remarcar Etxerat, casi la mitad (49% con datos de hace dos semanas) sigue a entre 600 y 1.200 kilómetros de casa. La pregunta añadida lógicamente para los familiares es «por qué a Soria y no a Zaballa».

En cuanto a los acercamientos, se pueden distinguir claramente dos líneas geográficas. Una primera lindante con Euskal Herria, en la que encajan Logroño, El Dueso (Cantabria), Burgos o Zuera y Daroca (Zaragoza), que albergan ya o albergarán a una treintena de presos vascos. Y otra más alejada, a 400-500 kilómetros, en la que se ubican Villabona (Asturias), Valladolid, Aranjuez o Estremera (Madrid), algo menor en su volumen.

El total de presos al que alcanzan estas medidas ya ejecutadas o anunciadas en los dos estados es de 112, de ellos cinco no pertenecientes a EPPK. Organizaciones de víctimas denuncian un número de traslados mayor al real por parte de Madrid al computar doblemente los casos en que una persona presa ha sido acercada en dos botes sucesivos.

Hay que matizar que de ellos 17 ya están en libertad tras haber agotado sus condenas o por la vía de la condicional. Y que uno más, Igor González Sola, falleció en Martutene tras conocidos problemas síquicos graves que fueron desatendidos.

Aislamiento y grados

Las dos señales añadidas de la apertura de la política penitenciaria española son el inicio de la progresión de grado antes impedida y la supresión de la incomunicación impuesta generalizadamente durante 33 años.

Esta segunda cuestión muestra con qué celeridad pueden tomarse algunas medidas si existe voluntad política para ello. Setiembre se inició con el reagrupamiento de todos los presos de A Lama (Pontevedra) en un solo módulo. En octubre los de Puerto III fueron unidos en dos módulos y todos los de Estremera, Córdoba y Sevilla salían de las unidades especiales de régimen cerrado. En octubre llegaba el agrupamiento en Jaén y en noviembre tocaba a su fin el aislamiento en Huelva. A día de hoy queda en esa situación Jurdan Martitegi, en Soto del Real.

Los cambios de grado aprobados por Instituciones Penitenciarias están siendo bastante más puntuales, pero han dejado de ser anecdóticos como ocurrió en las dos primeras y breves etapas de Gobierno Sánchez. Como último ejemplo, entre los seis movimientos aparece el paso a tercer grado de Idoia Martínez y a segundo de Josetxo Arizkuren.

Tres años y cuatro fases

Para poner en perspectiva el momento actual no hace falta revivir las más de tres décadas de dispersión; basta reparar en los últimos tres años y fijarse especialmente en los tres meses más recientes.

Retrocediendo a 2017, cuando Euskal Preso Politikoen Kolektiboa acordó emprender esta vía legal gobernaba el PP de Mariano Rajoy. La política carcelaria estaba absolutamente bloqueada, con un afán indisimulado de usarla como moneda de cambio para el desarme primero y la disolución después de ETA.

El Colectivo y la organización no esperaron a ese eventual trueque y el tiempo ha dado la razón a sus decisiones unilaterales. Cuando el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz decía (2014) que «la disolución de ETA pondrá fin a la dispersión de los presos», cuando su sucesor Juan Ignacio Zoido apostillaba (2017) que «cambiar la política carcelaria no es posible porque la banda no se ha disuelto» o cuando el dirigente vasco Borja Sémper auguraba (2018) que «si ETA se disuelve la política carcelaria cambiará en 48 horas», la realidad es que al fin de ciclo de ETA le sucedió un enroque total. Como dato, los siete extraditados o entregados por el Estado francés en ese primer semestre de 2018, en un momento en que París ya optaba por acercamientos, fueron enviados a la otra punta de la Península: Puerto, Algeciras, Murcia, Jaén...

La inesperada llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez en junio de 2018, vía moción de censura, despertó expectativas al declarar en su primera entrevista televisada que la política carcelaria tendría «nueva orientación». Contaba con el consenso de la sociedad vasca y con la labor de ariete del Gobierno francés, que para entonces ya había fijado Mont de Marsan y Lannemezan como puntos de destino principales para los presos políticos vascos. Sin embargo, en esta fase apenas hubo movimientos gubernamentales y sí cierta apertura del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, con los segundos grados a Marta Igarriz y Xabier Agirre. Ninguno de los traslados producidos fue a Euskal Herria.

Las elecciones de abril de 2019, ganadas por el PSOE pero con mayoría insuficiente, marcaron el inicio de una tercera fase en estos tres años, en la que tampoco hubo modificaciones sustanciales. Es más, se produjeron tres alejamientos de presos en este periodo de interinidad hasta nuevos comicios.

Es con el Ejecutivo de coalición entre PSOE y UP cuando el trasatlántico se mueve al fin no en ciego recorrido lineal sin horizonte, sino esbozando una ciaboga. Ya antes de la investidura del 8 de enero se anunciaron el traslado de Gorka Fraile a Iruñea en tercer grado (primer preso de EPPK que lo lograba) y el de Joseba Arregi Erostarbe desde Villena (Alacant) a Villabona (Asturias). Tras el estallido de la pandemia, los movimientos se reiniciaron con cuentagotas en abril y ha sido en los últimos tres meses, desde setiembre, cuando los anuncios han tomado una periodicidad semanal.

 

65 deberían estar realmente en libertad condicional

Los movimientos de acercamiento o repatriación y cambio de grado tienen en su otra cara una cuestión que no puede olvidarse: con la legislación española en la mano, buena parte de ellos no deberían estar más cerca o más lejos y en un segundo o tercero grado, sino sencillamente en casa en libertad condicional, al haber superado ya las tres cuartas partes de su condenas.

El cálculo hecho por Presoen Batzordea de Sortu cifra actualmente su número en 65 personas. Podrían optar a libertad condicional, pero el recorrido hasta este punto se les ha impedido, bien por mantenerlos en primer grado o por estar clasificados ya en segundo pero no haber dispuesto de los permisos preceptivos para allanar terreno al tercero.

Sobre lo que supone este predominio del primer grado en la práctica cabe recordar lo que señalaban exprisioneros vascos en Córdoba en entrevista a GARA hace ahora un mes: «Es positivo que nadie esté en módulos de aislamiento, pero no arregla el problema. El primer grado no posibilita transitar el recorrido penitenciario, lo obstaculiza. No se puede pedir a los presos que recorran un camino y, al mismo tiempo, bloquearlo».

 

ESPETXE POLiTIKAREN ALDAKETA, PERSPEKTIBAN

Hiru hamarkada pasa guztiz blokeaturik izan den espetxe politika mugitzen hasi da azkenik mantso-mantso, transatlantiko baten antzera. Horren azken adierazlea (eta agian garrantzitsuena) da 25 euskal preso politiko Euskal Herrira ekarri dituztela edo ekartzeko bidean direla. Bitartean, nahi izanez gero aldaketak azkar gauza daitezkeela erakutsi du 33 urtez iraun duen isolamendua aste gutxitan ia guztiz ezabatu izanak. Txanponaren beste aldean, Estatu espainolean diren bi presoetatik bat 600 kilometro baino gehiagora dute oraindik. Eta gradu aldaketek ez dute ezkutatzen 65 presok baldintzapean aske izan beharko luketela.