Hace una semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español a indemnizar con 20.000 euros al barañaindarra Iñigo González Etayo por no haber investigado de forma «exhaustiva y eficaz» su denuncia de torturas. Se trata de la undécima sentencia en el mismo sentido contra el Reino de España y en siete de esos once casos, el juez instructor que miró para otro lado frente a las denuncias de maltrato fue Fernando Grande-Marlaska, en la actualidad ministro de Interior del Gobierno de Pedro Sánchez.

El lehendakari Iñigo Urkullu estuvo reunido con él el lunes en La Moncloa durante dos horas. Preguntado sobre si habían hablado de este tema, Urkullu respondió ayer a GARA que «no tratamos este tema. Lo digo con absoluta sinceridad».

Añadió que «si me pide mi explicación personal sobre lo que es la cuestión, yo he condenado rotundamente todo tipo de vulneración de derechos humanos» y expuso que así lo ha hecho en sus puestos políticos anteriores, entre los que destacan la presidencia del EBB y la de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento.

En cuanto a si considera adecuado mantener como ministro a un juez que ha sido reiteradamente condenado por no investigar torturas, el lehendakari afirmó que «yo no lo comparto, desde luego». Después precisó que la decisión «corresponderá al presidente del Gobierno español en orden a lo que son también los protocolos establecidos en el seno de la UE para los estados miembros».

La sentencia del TEDH considera vulnerado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que concluye que «nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes» en su vertiente procesal.

«Investigación exhaustiva»

La Corte de Estrasburgo sentenció que «la gravedad de los delitos objeto de la denuncia merecía, por tanto, una investigación exhaustiva por parte del Estado, capaz de conducir al esclarecimiento de los hechos, a la identificación y, en su caso, de ser así, al castigo de los responsables».

Sobre las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales españolas, el Tribunal sostiene que «el juez de instrucción central número 3 no respondió a las solicitudes de los miembros de la familia del demandante relativas a las medidas de investigación y protección del solicitante mientras se encontraba bajo custodia policial», ni tampoco «ordenó ninguna medida de investigación a raíz de las declaraciones del demandante ni remitió el expediente a ningún otro juez».

Los cinco detenidos en el operativo que dio lugar a esta sentencia registraron el 20 de enero en el Ministerio del Interior un escrito preguntando al hoy ministro si conocía que les estaban torturando mientras se hallaban incomunicados.

«Lamenta» el balazo de foam a Nahuel Gómez pero desvía las culpas en otra dirección

En los últimos días el lehendakari Iñigo Urkullu ha repetido varias veces su «respaldo y apoyo» a la Ertzaintza y a las policías municipales por sus actuaciones «medidas y proporcionales» contra quienes se dedican a «incumplir el ordenamiento que pretende preservar el bien común, que es la salud pública, y lo hacen acompañados de actitudes de agresión». Ayer volvió a hacerlo. Preguntado sobre qué le diría a Nahuel Gómez, joven al que partieron la mandíbula de un balazo de foam al volver de su trabajo a casa, Urkullu respondió que «le diría que lo lamento y lo lamento además si es sufridor de manera involuntaria por lo que puedan ser hechos provocados por otros ciudadanos en contra de lo que es el bienestar público». Cayó herido en el Boulevard donostiarra la noche en la que un mando de la Ertzaintza ordenó «tirar a dar».I. I.