El Ejecutivo de Belfast se reunió en la mañana del 8 de abril para ser informado sobre los disturbios que comenzaron el 29 de marzo en el barrio lealista de Waterside, en Derry, y que se han extendido a Belfast, Carrickfergus, Ballymena y Newtownabbey.

Las imágenes de un autobús que fue secuestrado e incendiado en el oeste de Belfast, la agresión de un fotógrafo de prensa y la lluvia de artefactos incendiarios lealistas en la intersección entre la protestante Shankill Road con Springfield Road en el oeste de Belfast, han despertado los fantasmas de la tensión sectaria durante el conflicto. Entre los detenidos por los disturbios se incluyen menores de tan solo doce años de edad.

El subjefe de policía del PSNI, Jonathan Roberts, ha calificado lo ocurrido de «violencia sectaria» y no se descarta la participación de paramilitares lealistas en los incidentes dado «el nivel de planificación previa». «No se consigue semejante cantidad de bombas de gasolina, misiles y fuegos artificiales sin una planificación previa», afirmó.

Las causas de los disturbios entremezclan aspectos políticos y de actividad criminal. Fuentes policiales apuntan a que una de las causas de la violencia podría deberse al impacto de los nuevos controles fronterizos establecidos entre Gran Bretaña y el norte de Irlanda a consecuencia del Brexit en el tráfico de drogas, controlado por bandas criminales vinculadas a paramilitares lealistas del UDA y UVF, quienes tienen una influencia significativa en las áreas donde se producen los disturbios.

Analistas políticos vinculan la violencia en Carrickfergus a una respuesta del UDA al arresto de cuatro miembros de este grupo el 24 de marzo tras el hallazgo de un kilo de cocaína en sus vehículos y en terrenos cercanos a una de sus viviendas.

Las contradicciones se presentan al analizar el aspecto político de la violencia lealista y, particularmente, la posición del DUP que, por un lado, condena los disturbios y, por otro, los justifica e intenta sacar rédito político de la situación.

Desde las filas del unionista DUP se intenta justificar la violencia apuntando a que se debe a la frontera del Mar de Irlanda, creada como resultado del acuerdo del Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea, y usa los disturbios para reforzar su campaña contra el estatuto especial del norte de Irlanda en la UE, aunque ello signifique la apertura de una crisis política y una posible grieta insalvable en el proceso de paz irlandés.

La nueva frontera comercial es el resultado de una sección del Acuerdo de Salida, el llamado Protocolo de Irlanda del Norte, introducido para evitar la necesidad de una frontera dura en la isla de Irlanda y así garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Viernes Santo y la estabilidad del proceso de paz irlandés.

El protocolo significa que el norte de Irlanda permanece en el mercado único de bienes de la UE, por lo que los productos que se trasladan de Gran Bretaña al norte de Irlanda se someten a los procedimientos de importación de la UE para evitar el establecimiento de controles aduaneros en la frontera irlandesa, ya que las normas de la UE se aplican en todos los puertos de la isla de Irlanda, norte y sur.

El DUP inició una campaña agresiva contra este protocolo, argumentando que daña el comercio y amenaza la permanencia del norte de Irlanda en el Reino Unido. En enero, aparecieron una serie de grafitis amenazantes que se oponían a la frontera del mar de Irlanda en las paredes de algunas áreas lealistas, incluidas partes de Bangor, Belfast, Glengormley y uno de los principales puertos del norte de Irlanda, Larne. A ello se unieron amenazas directas contra trabajadores aduaneros en los puertos, lo que se tradujo en una suspensión temporal de los controles de mercancías en los puertos.

A ello siguió el escándalo de la filtración de reuniones entre el DUP y la delegación del Gobierno británico en el norte de Irlanda (NIO) con paramilitares lealistas.

En marzo de este año, un grupo que incluye a representantes de los paramilitares leales le escribió al primer ministro británico, Boris Johnson, para manifestar su retirada del Acuerdo del Viernes Santo, el acuerdo de 1998 que efectivamente puso fin al conflicto norirlandés, debido a su oposición al protocolo, aunque analistas apuntan a que la preocupación real de los lealistas sea las dificultades para sus actividades delictivas que acarrean los nuevos controles aduaneros.