Once años después de la operación desarrollada por la Guardia Civil contra abogados y personas solidarias con las y los presos vascos, por orden del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, ocho personas se sentarán a partir del 12 de julio en el banquillo del tribunal especial enfrentándose a penas de cárcel que suman 77 años.

Arantza Zulueta, Iker Sarriegi, Jon Enparantza, Julen Zelarain, Naia Zuriarrain, Saioa Agirre, Nerea Redondo y Juan Mari Jauregi son las personas imputadas, con peticiones de la Fiscalía que oscilan desde los 7 a los 19 años de prisión.

En una comparecencia ofrecida ayer en Bilbo, después de denunciar la «dilación sin precedentes» de la causa, Zelarain incidió en que la acusación principal que pesa contra muchos de ellos es «cosa juzgada» después de haber sido «condenados en anteriores casos y tener las condenas cumplidas». Lamentó que el Estado español siga planteándose abordar el conflicto «en clave represiva».

Las y los imputados en el sumario 13/13 estiman que el juicio está «totalmente fuera de tiempo y lugar, si es que alguna vez pudiera estar dentro de tiempo y lugar». «Es hora de que presas y presos vuelvan a casa sin mayor demora; es hora de aclarar las consecuencias del conflicto, todas, e intentar cerrar bien las heridas; es hora de ir a la raíz del conflicto político; estamos en la etapa de abrir nuevas oportunidades a la sociedad vasca, a la libertad, a la democracia; para que lleguemos al marco de convivencia democrática que necesita la sociedad vasca», defendieron.

Citaron el juicio contra Herrira en setiembre de 2019, cuyos imputados cosecharon «un amplio apoyo sociopolítico y lograron una solución para todas las personas procesadas». A este respecto se les interpeló en la comparecencia. Zelarain mostró la disposición a alcanzar un acuerdo que sirva para «reforzar» la situación política actual. «Nuestra voluntad va a ser absoluta pero, a día de hoy, no hay ningún acuerdo. Desconocemos si por parte de la Fiscalía hay intención o voluntad», manifestó.

Desde aquella operación hace once años, recordaron, han sucedido hechos transcendentales en la historia de Euskal Herria. «Exactamente once años desde que ETA decretó el cese de sus acciones armadas, y cinco años desde que decidió poner fin a toda su actividad», detallaron. En ese tiempo, en la sociedad vasca se ha ido avanzando en el terreno de la resolución de las consecuencias del conflicto.

Zelarain destacó la «indefensión» que sufren, recordando las «graves torturas» que algunos de ellos padecieron a lo largo de los cinco días en que permanecieron bajo el régimen de incomunicación a manos de la Guardia Civil.

Tras rememorar otras actuaciones policiales con impulso político como la del “caso Bateragune” o la desarrollada contra Herrira –también en el ámbito de la solidaridad hacia las personas presas–, los afectados resaltaron que aquella operación del 14 de abril de 2010 se produjo en un contexto político en que «la izquierda abertzale estaba dedicada de lleno a la tarea de establecer las bases para construir un nuevo escenario político sin confrontación armada, buscando siempre la desaparición en Euskal Herria de todas las expresiones de violencia».

En un manifiesto al que Saioa Agirre y Nerea Redondo dieron lectura en euskara y castellano, expusieron que ellas desarrollaban su trabajo en la cuestión de las y los presos políticos vascos. «Estábamos trabajando activamente para ayudar al Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos a adaptarse al nuevo escenario y convertirse en un agente activo. Es ahí –subrayaron– donde hay que situar la operación policial, como un intento de frustrar esos propósitos».

«En aquella operación, los aparatos de las cloacas del Estado español mostraron hasta dónde estaban dispuestos a llegar: con la implicación del CNI sin ninguna cobertura legal, con manipulación de pruebas, vulneraciones de derechos fundamentales, malos tratos y torturas», denunciaron.

La aportación de EPPK

Once años después, afirman que la aportación de EPPK ha resultado «decisiva» para llegar al escenario actual que se vive en Euskal Herria. «Muy poca gente podría poner en duda su determinación y aportación, a pesar de que en ese camino emprendido se le colocan palos en las ruedas de forma constante», lamentaron.

A pesar de ello, subrayaron que varias consecuencias del conflicto siguen sin resolución: «Se demoran en el tiempo y se enquistan, generando dolor y sufrimiento. Detenciones, juicios, condenas y encarcelamientos». Los imputados e imputadas destacan el papel que está juzgando en esa estrategia la Audiencia Nacional, «que sigue siendo un instrumento de excepción para que todo permanezca anclado al pasado».

Destacaron que el tribunal especial español supone un «elemento distorsionador y condicionante» con respecto a la nueva situación política. «El antiguo ‘ruido de sables’ transformado ahora en ‘ruido de toga’», censuraron en su reflexión frente al nuevo juicio al que se enfrentan.

«Recientemente, el cadáver de Mikel Zabaltza ha vuelto a salir a la superficie. Con ello, la teoría del manual de ETA sobre torturas se ha hundido en las aguas del Bidasoa. Mientras tanto, el censo de personas torturadas se va ampliando, y todavía se les debe reconocimiento y reparación», añadieron a modo de ejemplo de esa estrategia que surge del núcleo de los aparatos del Estado.

Bilbo y Donostia acogerán sendas manifestaciones el 10 de julio

Tras la comparecencia de ayer en la capital vizcaina, los imputados por el sumario 13/13 inician una dinámica en la que compartirán con distintos agentes políticos, sindicales y sociales, así como con instituciones, la lectura que hacen ante el juicio, que se concreta en el manifiesto al que dieron lectura. Además, según avanzó Julen Zelarain, llevarán a cabo movilizaciones en las localidades de las ocho personas que serán juzgadas en la Audiencia Nacional y para el sábado 10 de julio tienen previsto sendas manifestaciones en Bilbo y Donostia.

Zelarain avanzó que la celebración del juicio en Madrid, donde se prevén al menos 18 sesiones, va a generar un enorme gasto económico que las personas imputadas no van a ser capaces de poder afrontar en solitario. Por ello, realizó un llamamiento a la «solidaridad del pueblo» para poder afrontarlo. No desveló la cifra que barajan, aunque, al igual que ha sucedido en anteriores ocasiones, tan solo los desplazamientos de los acusados, la estancia en la capital española y los gastos de los letrados que les asisten disparan el presupuesto.A. G.

Once años después de la redada ordenada por Grande-Marlaska

Once años después de la aparatosa operación llevada a cabo el 14 de abril de 2010 por la Guardia Civil en Bizkaia y Gipuzkoa por orden del entonces juez –y ahora ministro– Fernando Grande-Marlaska, ocho de las trece personas a las que se imputó inicialmente se enfrentan a partir del próximo 12 de julio a un nuevo juicio político en la Audiencia Nacional.

Son hechos ya juzgados y por los que las personas que otra vez se sentarán en el banquillo del tribunal especial ya cumplieron condena por su labor de asistencia a las y los presos vascos. Se da el caso que existió un acuerdo con la Fiscalía y fruto de ello se aplicaron condenas ya cumplidas por estas personas.

La mayoría de los procesados, letrados que defendían habitualmente a presos políticos vascos, fueron arrestados por agentes del instituto militar en sus bufetes en Bilbo y Hernani. También se apresó a exprisioneros y familiares de represaliados, lo que fue considerado como «un ataque a la defensa y la solidaridad hacia el Colectivo de Presos Políticos Vascos». Además, se denunciaron innumerables irregularidades en el modo en que los guardias civiles llevaron a cabo los registros, reteniendo a compañeros de los detenidos y en muchos instantes sin la presencia de la secretaria judicial.

Aquel 14 de abril de 2010 se hizo hincapié en el carácter mediático y propagandístico de la operación, ya que se advirtió la presencia de medios de comunicación ante los despachos de los abogados antes de la llegada de los guardias civiles.

Cinco de los detenidos quedaron en libertad, mientras que Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Iker Sarriegi, Naia Zuriarrain y Saioa Agirre fueron encarceladas. David Pla fue apresado el 16 de abril en Hendaia por la Policía francesa, pero quedó en libertad sin ni siquiera pasar ante el juez. Tras el paso por dependencias policiales, se denunciaron graves torturas y malos tratos.

Zulueta, Enparantza y Sarriegi quedaron en libertad en diciembre de 2010 y Agirre salió de prisión bajo fianza en febrero de 2011, pero Zulueta fue arrestada nuevamente en julio de 2011 y enviada a la cárcel por orden del mismo Grande-Marlaska. Dos meses después, en setiembre de 2011, recobró la libertad.

Sin embargo, en enero de 2014 fue apresada otra vez junto con Jon Enparantza y otras seis personas por orden del juez Eloy Velasco, en un nuevo operativo contra la interlocución de EPPK. Los ocho detenidos en aquella redada fueron encarcelados. El letrado donostiarra fue puesto en libertad bajo fianza el pasado 11 de marzo.GARA