El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, no parece saber lo que su Departamento contrató con la consultaría LKS Next por nada menos que 269.830 euros. Se trata del Plan Estratégico General de Seguridad Pública de Euskadi 2020-2025 que el propio consejero presentó recientemente en el Parlamento.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga le preguntó: «¿Le parece adecuado al consejero adjudicar la elaboración de un plan estratégico de este tipo a una entidad privada?». En su respuesta a la Cámara, el consejero y vicelehendakari primero asegura que «en primer lugar, es necesario puntualizar que el objeto del contrato es el proceso de consultoría y asesoramiento necesario para establecer una reflexión estratégica de seguridad, no la elaboración del Plan Estratégico General de Seguridad Pública de Euskadi 2025». La imagen de esta respuesta aparece en esta página.

La afirmación de Josu Erkoreka enviada al Parlamento contrasta con la evidencia del anuncio oficial del Gobierno que licita el «Servicio de Soporte para la realización de una reflexión estratégica del Plan de Seguridad», como manifiesta el consejero en su respuesta, pero también «la redacción del Plan General de Seguridad Pública de Euskadi (PGSPE) 2020-2025», que ahora pretende negar. También la reproducción de este anuncio figura en esta página.

Pliego de bases técnicas

En el pliego de bases técnicas de ese contrato se recoge un «Bloque 2: Desarrollo de la Reflexión Estratégica y diseño, redacción e

implementación del PGSPE 2020-2025». En él se detalla que «el borrador del nuevo PGSPE-2020-2025 debe presentarse preferentemente antes del 30 de junio de 2020, de modo que pueda comenzar a implantarse para el segundo semestre del 2020».

Después se especifica que «una vez estudiado, y habiendo indicado el responsable del contrato las modificaciones que deben ser introducidas, la versión final del PGSPE 2020-2025 debe estar presentada antes del 31 de diciembre de 2020».

También se detalla en el contrato que «una vez finalizada la reflexión estratégica, se abordará el diseño, redacción, desarrollo e implementación del PGSPE 2020-2025, incorporándole el conocimiento generado en la reflexión, de manera que los inputs generados potencien las virtudes del actual Plan».

Denuncia de los sindicatos

Inicialmente fueron los sindicatos de la Ertzaintza ErNE, ESAN y EUSPEL los que denuncian la privatización de la Seguridad en la CAV, señalando que el Plan General de Seguridad de Euskadi, que el vicelehendakari primero y consejero, Josu Erkoreka, presentó en el Parlamento, había sido en realidad elaborado por la consultora LKS Next.

Después, GARA encontró el contrato en el que se recogía que el encargo inicial en julio de 2019 fue por 205.700 euros, a los que el 22 de marzo de este 2021 se le sumaron otros 64.130 euros para «una herramienta informática especializada que facilite el despliegue y seguimiento del Plan por todos los agentes implicados».

Entre los objetivos del encargo, además de la redacción del plan, figuraba «realizar una reflexión estratégica» sobre la seguridad en la CAV, «que permita identificar las áreas claves a potenciar». El Departamento de Seguridad asegura por escrito no estar en condiciones de hacerlo y por ello se justifica la necesidad de una contratación externa.

Además de este, GARA identificó una treintena de anteproyectos de ley, planes generales, estrategias gubernamentales u otras actuaciones legislativas que han sido subcontratadas por el Gobierno de Urkullu con empresas consultoras, abogados o profesores universitarios.

A veces estos contratos se encargan a firmas con intereses evidentemente contrapuestos con la norma cuya redacción se les ha encargado. Por ejemplo, a la consultora PwC se le solicitó «la Asistencia Técnico-Jurídica para la redacción del texto articulado del proyecto de Ley sobre la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social». Se le pagaron 21.779 euros y, además, su documento no fue empleado en su momento y fuentes del actual Ejecutivo señalan que la revisión de la RGI se está realizando con medios propios.

El papel de Andrés Zearreta

La pregunta realizada por el parlamentario Julen Arzuaga cuestionaba al consejero por el hecho de que el actual director de la Academia de Policía, Andrés Zearreta, fue en el pasado, entre 1999 y 2005, director gerente de LKS iamm SL.

Josu Erkoreka responde que «en relación a las cuestiones que plantea respecto de la participación del Sr. Zearreta en el proceso de contratación, le participo que el actual director de la Academia de Policía y Emergencias no ha tenido ninguna participación en el proceso de contratación al que se refiere su señoría».

Después le precisa que «en cualquier caso la normativa que resultaría de aplicación en su caso sería la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, y no la correspondiente a Transparencia que señala el promotor de la iniciativa».