La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) pidió ayer la imputación de Jair Bolsonaro por nueve delitos «intencionales», incluido «crímenes contra la humanidad», por haber decidido deliberadamente, como máximo responsable del Gobierno, no tomar las medidas necesarias para contener la propagación del virus. Los otros ocho delitos recogidos en el informe de la CPI sobre la gestión de la pandemia, que se ha cobrado más de 600.000 vidas en el país, son epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, atentados contra la dignidad del cargo, prevaricación, falsificación de documentos y uso irregular de dinero público.

«Tras seis meses de intenso trabajo, esta Comisión ha reunido pruebas que demuestran que el Gobierno federal (...) ha actuado con lentitud en la lucha contra la pandemia de coronavirus, poniendo deliberadamente a la población en riesgo de una verdadera infección masiva», dice el informe de casi 1.200 páginas.

Los cargos de «homicidio» y «genocidio de poblaciones indígenas» [la Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó en agosto una denuncia por genocidio contra Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por su responsabilidad en la muerte de 1.162 personas de hasta 163 comunidades originarias por su gestión de la pandemia] fueron retirados a última hora por falta de consenso.

Después de seis meses de investigación, audiencias agitadas y revelaciones impactantes –como el uso de pacientes como «cobayas humanas» para probar medicamentos ineficaces contra el covid–, la CPI ha solicitado la imputación de alrededor de sesenta personas, incluidos cuatro ministros, dos exministros y sus tres hijos mayores por «incitación al delito» mediante la difusión de información falsa.

La CPI sostiene que el Gobierno retrasó deliberadamente la compra de vacunas y, asesorado por un «gabinete paralelo» que contrariaba las evidencias científicas, no tomó las medidas necesarias para contener el virus, apostando por una «inmunidad de rebaño». Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Bolsonaro negó la gravedad del covid-19, renegó del uso de la mascarilla y de las medidas de distanciamiento físico y defendió medicamentos de nula eficacia contra el covid-19, como la hidroxicloroquina.

El informe agrega que esa estrategia respondió a una «decisión política que apuntaba solo a un rápido restablecimiento de las actividades económicas».

Votación, el martes

Las conclusiones serán votadas por los once miembros de la CPI el martes y, de aprobarse, se remitirán a diferentes órganos para que prosigan las investigaciones y formulen cargos, como la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas o una corte internacional, que tendrán la última palabra. El Senado no tiene potestad de realizar denuncias formales.

Bolsonaro aseguró ayer que él y su Gobierno no tienen «la culpa de absolutamente nada» en relación a la pandemia. «Sabemos que hicimos las cosas correctas desde el primer momento», señaló Bolsonaro, quien acusó a la CPI de producir «solo odio y rencor». Volvió a defender el uso de la cloroquina y a atacar la política «nefasta, injusta y criminal» del «quédate en casa».

Aunque el informe podría traerle consecuencias políticas graves, su impacto a corto plazo será «simbólico», porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un impeachment y es poco probable que el fiscal general, su aliado Augusto Arias, decida imputarlo.

En un principio, la CPI hurgó en las responsabilidades por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego se adentró en irregularidades por el retraso en la compra de vacunas o la existencia de un «gabinete paralelo». Y en el camino identificaron nuevas tramas, entre ellas supuestas irregularidades en la compra –no realizada– de la vacuna india Covaxin, que le valió a Bolsonaro una investigación judicial por «prevaricación» por no denunciar el caso, del que teóricamente estaba enterado, ante la Policía Federal.

O las conexiones entre el Gobierno y las operadoras privadas de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el «tratamiento precoz» del coronavirus. Una de ellas es Prevent Senior, una operadora de salud para la tercera edad señalada por aplicar tratamientos experimentales sin consentimiento de los pacientes y de maquillar el número de muertos por coronavirus, entre otras. La Fiscalía de Sao Paulo investiga ese caso.

«Muchos inocentes pagaron con su vida la irresponsabilidad del Gobierno y del presidente», afirmó el relator del informe, Renan Calheiros, en su conclusión, para agregar que «ahora llega el momento en que pagarán los culpables». El presidente de la Comisión, Omar Aziz, garantizó que el informe «será aprobado» y que «ninguna autoridad judicial podrá ignorarlo (…) es la prueba de una tragedia para la que habrá justicia».