El registro del FBI en la madrugada de ayer de la mansión que Donald Trump ha producido una tormenta política sin precedentes. Autorizado por un juez, lo que indica que tendría material para incriminar al expresidente de EEUU y probable candidato para la revancha de 2024, el registro se ha interpretado como el principio del fin de su carrera y la antesala a su probable inhabilitación para el cargo. Pero muchos analistas señalan también lo contrario: que surtirá de combustible a su eventual campaña para el 2024 e inflamará los ánimos de sus seguidores, de la considerable base popular con la que todavía cuenta.

Se han disparado los análisis y las especulaciones en torno a los potenciales efectos que tendrá en sus cada vez más evidentes aspiraciones de volver a la primera línea política, las casas de apuestas ya comienzan a recaudar jugando con su posible inhabilitación o no, pero el hecho es que nunca antes en la historia de EEUU se había allanado la residencia de un expresidente. Un hecho inaudito que todos esperan que agudice la creciente polarización que existe en el país.

El propio Trump, que en sus últimas apariciones venía amagando y dando a entender que era cuestión de tiempo que diera el paso definitivo, cargó con munición pesada en el comunicado en el que confirmaba el registro de su vivienda de Mar-a-Lago. Y lo hizo contra una supuesta persecución política organizada contra él por parte de una «izquierda radical» que no quiere, «desesperadamente», que se presente a las elecciones de 2024.

El consenso general es que Trump tratará de utilizar esta operación policial en su favor, que sabrá victimizarse, que intentará reposicionarse como el outsider que desafía al sistema, independientemente del trasfondo de la investigación. Según informó “The New York Times”, al expresidente se le acusa de haber sacado de la Casa Blanca documentos clasificados. La denuncia habla de varias cajas de papeles oficiales, algunos de ellos clasificados como secreto de Estado, que el magnate se abría llevado y podrían estar en su residencia de Palm Beach. De hecho, Trump se tomó varios meses para entregar quince cajas de papeles al Archivo Nacional, que tuvo que amenazarlo con una denuncia penal. También tenía la costumbre de romper papeles que tenían que ir a parar a ese Archivo.

«Controlar el Gobierno para pararlo»

Mientras tanto, el FBI guarda silencio y la actual Administración, encabezada por el demócrata Joe Biden, ha optado por desentenderse completamente del tema alegando que la Presidencia no había sido notificada, según fuentes citadas por CNN.

Por su parte, personalidades y referentes del conservadurismo estadounidense cercanas a Trump adelantan que «si no tenía previsto presentarse (a las elecciones), ahora lo hará, con total seguridad». «Enfadados» por esta supuesta persecución contra su líder, apuntan a las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán dentro de tres meses como «una forma de pararles los pies, volver a controlar el Gobierno es la clave».

Usando su propia red social, Trump escribió que estaba indignado «porque estoy cooperando y trabajando con organismos oficiales relevantes, por lo que esta incursión por sorpresa es innecesaria e inapropiada». Según él solo habría una justificación: tratar de ensuciar su campaña presidencial para 2024.

«Un ataque semejante solo es posible en países fallidos, del Tercer Mundo», añadió el expresidente. «¡Hasta han forzado mi caja fuerte!», se indignó. Y dejó una pregunta en el aire: «¿Qué diferencia hay entre esto y el Watergate, donde agentes allanaron el Comité Nacional del Partido Demócrata? Aquí es al revés, los demócratas se meten en la casa del 45º presidente de EEUU».

Como presidente, Trump estaría blindado ante investigaciones judiciales y tendría de nuevo bajo su mando instituciones clave como el Departamento de Justicia, aunque se ha abierto un debate legal en torno a lo que podría ocurrir antes de ese potencial blindaje, es decir, si las pesquisas en su contra avanzan cuando el magnate aún es un «ciudadano común».

La legislación estadounidense establece como un delito la ocultación, falsificación o destrucción de documentos oficiales e incluye entre las potenciales condenas no sólo una pena de cárcel -de hasta tres años-, sino la expulsión del cargo en el caso de los funcionarios federales si están en activo y la inhabilitación para futuros cargos públicos.

Munición para Trump.

A algunos de los principales medios estadounidenses, sin decirlo, están sugiriendo que a quienes han decidido dar el paso de registrar su residencia podría salirles el tiro por la culata. Y dan por hecho que la tormenta contribuiría a aumentar una popularidad que sigue siendo alta, como lo demuestran los grupos de apoyo espontáneos que se concentraron en la madrugada de ayer en Mar-a-Lago.

Al menos en este tema, Trump ha logrado el respaldo claro y masivo de republicanos de primer nivel, muchos de los cuales no dudaron ayer en acusar a los demócratas de utilizar el FBI con intereses espurios y calificaron lo sucedido de «persecución política».

El más incisivo fue el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien acusó al fiscal general, Merrick Garland, de haber llevado a cabo una «intolerable» politización armada del Departamento de Justicia, y prometió que en caso de que los republicanos recuperen el control de la Cámara en las elecciones de mitad de mandato «supervisarán» dicho departamento y que no dejarán «piedra sin remover».

Ronna McDaniel, presidenta del Comité nacional Republicano, reclamó el fin de este «abuso de poder» y apuntó que «la única manera de pararlo es elegir a candidatos republicanos en noviembre».

El senador por Florida Marco Rubio sostuvo, en un contundente vídeo, que hechos así solo suceden «en países como Nicaragua». «Hasta esta noche -por el lunes-, nunca habíamos visto que quienes asumen el poder usen ese poder para perseguir a sus oponentes políticos pasados o futuros», apuntó.

La inhabilitación para cargo federal, a debate

Una pregunta centra el debate político en EEUU: ¿Se le prohibirá a Trump ocupar un cargo en el futuro? Violar la ley que prohíbe la eliminación de documentos oficiales incluye entre sus sanciones la inhabilitación para ocupar cualquier cargo federal. ¿Se le prohibirá regresar a la Casa Blanca?

Específicamente, la ley en cuestión, la Sección 2071 del Título 18 del Código de EEUU, tipifica como delito si alguien que tiene la custodia de documentos del Gobierno «deliberadamente e ilegalmente los oculta, los elimina, los mutila, los borra, los falsifica o los destruye». En caso de ser declarado culpable, el acusado puede ser multado o condenado a hasta tres años de prisión. Además, la ley dice que si en ese momento ocupa en un cargo federal, lo «perderá» y será «inhabilitado para ocupar cualquier cargo en EEUU».

En principio, si Trump fuera acusado y condenado en virtud de esa ley no debería poder ser elegible para volver a la Presidencia. Pero hay razones para ser cauteloso: la ley se analizó brevemente en 2015, después de que saliera a la luz que Hillary Clinton, ya anunciada como candidata demócrata de 2016 a la Presidencia, había usado un servidor de correo electrónico privado para realizar negocios mientras era secretaria de Estado.

Algunos republicanos abogaron por vetar a Clinton, pero expertos en Derecho expusieron entonces que la última palabra en el caso de los aspirantes a la Presidencia la tiene la Constitución, en la que solo se plantea la descalificación o expulsión mediante un juicio político en el Congreso, pero no contempla efectos derivados de la legislación ordinaria.

Así, la opinión general es que cualquier condena en virtud de la ley de la Sección 2071 no podría, en última instancia, impedir que Trump vuelva a buscar la Presidencia, pero casi todos coinciden en que una batalla legal al respecto seguiría siendo importante como medida de presión.GARA