La Unión Europea ha construido a lo largo de los años un sofisticado sistema para controlar los presupuestos públicos de los Estados. La última reforma, denominada «two pack», fue aprobada en 2013 y otorgaba poderes a la Comisión incluso para solicitar a los Estados miembros que modificaran los presupuestos antes de su aprobación. Daba carta de naturaleza a una creciente intervención de las instituciones europeas sobre la soberanía de los Estados. Un intervencionismo que en la práctica vacía de contenido el debate político y la democracia. Un corsé cada vez más estrecho para que Bruselas gobierne a los Estados miembros.

Entre las cuestiones que se aprobaron en la reforma de 2011 estaba la cláusula general de escape que permitía suspender la vigencia del pacto de estabilidad y crecimiento en situaciones extraordinarias. Se ejecutó por primera vez el 20 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia, y por una cosa o por otra, la suspensión sigue vigente y se mantendrá hasta finales de 2023. El hecho de que todo el entramado se haya tenido que dejar en suspenso en una situación especial ya indica que ese instrumental no sirve para gestionar la economía europea; y mucho menos en un contexto de crecientes incertidumbres. Por ello la Comisión Europea inició un proceso de diálogo institucional con la sociedad civil sobre la gobernanza de las finanzas públicas, al que invitó a asociaciones, universidades y think tank de Europa y algunos del resto del mundo. Hicieron públicas las respuestas justo antes de dar a conocer la propuesta de la Comisión.

Como suele ser habitual en estos ejercicios, la Comisión ha tomado en consideración aquellas conclusiones que le interesaban, obviando las que ponían en cuestión la línea seguida hasta ahora. Así, por ejemplo, aproximadamente la mitad de los encuestados apuntó la necesidad de dotar a la UE de capacidad fiscal central -de un verdadero presupuesto público federal- para suavizar el ciclo económico y aumentar la capacidad de hacer frente a las perturbaciones. Esta propuesta fue especialmente mencionada por los think tank (ocho de cada diez), las instituciones académicas (seis de cada diez) y los sindicatos (la mitad), mientras que en el caso de las asociaciones empresariales apenas una cuarta parte de los participantes la apuntó.

Los impulsores de la idea decían que sin un presupuesto público central que se encargue de una parte importante del gasto público de la UE es muy difícil que haya una política económica coherente para el conjunto de la Unión. La consecuencia de esa constatación es que la UE no tiene instrumentos efectivos para gestionar la política económica. Y los que usa, fundamentalmente el control del déficit y de la deuda pública, solamente sirven para achicar el peso de lo público en la economía, lo que se traduce en el paulatino desmantelamiento de los servicios públicos, una pérdida que sufren especialmente los trabajadores.

Los objetivos de la gobernanza económica

La Comisión recoge sus orientaciones para la reforma de las reglas fiscales en un documento titulado “Comunicación sobre las orientaciones para una reforma del marco de gobernanza económica de la UE”. Si alguien tenía la esperanza de que algo se podía reformar, no es desde luego la posición de la Comisión, que no se mueve un milímetro de los principios vigentes. No hay nada más allá de unos cambios formales para agilizar, simplificar y hacer más operativo el sistema.

Los fines continúan siendo los mismos. El primero, fortalecer la sostenibilidad de la deuda, lo que significa que la UE seguirá como hasta ahora, persiguiendo y recortando el gasto público. Si algo hemos aprendido durante la crisis desatada a causa del plan económico de Liz Truss es que la deuda no corre ningún peligro. Durante la crisis, el Banco de Inglaterra compró toda la deuda que quiso y consiguió bajar los tipos de interés a un nivel que consideró aceptable. Algo similar ocurre con la deuda de Japón que alcanza el 266% del PIB y, sin embargo, los tipos de interés siguen en mínimos: en noviembre eran del 0,26%. El BCE podría hacer lo mismo, pero esa puerta sigue cerrada y no la van a abrir.

El único peligro para la sostenibilidad de la deuda pública de la zona euro es que esté en manos del capital extranjero, como en el caso de Turquía, o del FMI, como en Argentina; algo que no ocurre. La sostenibilidad de la deuda no depende por tanto del volumen, si no de si el acreedor es extranjero o no. Seguir poniendo como objetivo algo que se arregla con un simple cambio de reglas (que el BCE compre deuda pública) forma parte de una estrategia para que el capital privado continúe adueñándose de lo común. No hay más.

El segundo objetivo también se repite: el crecimiento sostenible e inclusivo a través de la inversión y las reformas. Debe ser que la burocracia de Bruselas todavía no ha comprendido que no se puede seguir creciendo sin fin, por muchos adjetivos que le pongan al crecimiento. El planeta es limitado, así de simple y así de claro. En cualquier caso, incluso si tal crecimiento económico fuera posible, debería ser, en todo caso, un medio para conseguir otros fines como, por ejemplo, proporcionar trabajo, ingresos, vivienda, vestido, educación y sanidad a la ciudadanía europea. Plantear el crecimiento como objetivo solo sirve a la lógica del beneficio y del capital, para los que el contenido es superfluo. Lo único que les interesa es la cuenta de resultados y no qué han aportado al bienestar de la gente.

Con estos fines la Comisión busca hurtar a la sociedad el debate político que siempre trata sobre la relación entre los objetivos a alcanzar y los medios a utilizar. Hace unos días leía que una sociedad desarrollada debería definirse no por la riqueza que tiene sino por la pobreza que no tiene. Y sobre eso los burócratas de Bruselas no dicen nada.

Cambios en los instrumentos coercitivos

Los cambios más sustanciales están enfocados a la flexibilizar el sistema de control. Los planes estatales, además de los conocidos objetivos de déficit y deuda, definidos en los tratados, contendrán otros objetivos denominados «de reforma» e «inversión»; es decir, metas del estilo de la reforma del sistema de pensiones, o cualquier otra que se les ocurra para reducir lo público. La principal diferencia es que el plan estatal incluirá todos esos aspectos y los Estados tendrán libertad para establecer su ruta de ajuste fiscal.

Y aquí aparece de nuevo la deuda como criterio fundamental para valorar esos planes: que la trayectoria «descendente sea plausible», y el déficit se mantenga «de manera creíble» por debajo del 3%. La Comisión analizará el plan y, en caso de que reciba una evaluación positiva, el Consejo lo aprobará. A partir de ahí se entregará un informe anual a la Comisión para que haga seguimiento. Como hasta ahora.

La mayoría de los cambios propuestos están relacionados con los instrumentos coercitivos. Se ve que con los actuales Bruselas no tiene suficiente y los ha perfeccionado. Así, por ejemplo, mantiene el procedimiento de déficit excesivo (PDE) y se reforzará el PDE basado en la deuda. Hasta ahora, en estos procedimientos, la Comisión exigía que la brecha entre el nivel de deuda y el umbral del 60% se redujera en una veinteava parte de su volumen cada año (es decir, se amortizará un 5% de la brecha). Este criterio no aparece, por lo que es probable que lo retiren, ya que, además de ser procíclico -aumenta el gasto cuando no hace falta y lo reduce cuando es necesario-, supone una carga enorme para la economía. Reducir el presupuesto público en ese volumen únicamente serviría para empobrecer más a la gente y descapitalizar los servicios públicos.

Bruselas también quiere reforzar los mecanismos de ejecución. Propone reducir el monto de las sanciones para que sean más efectivas: si son menores, se podrán utilizar más a menudo. Unas sanciones demasiado grandes son incobrables. Asimismo, contempla sanciones reputacionales «más fuertes». Esto es, utilizar la humillación pública como método para imponer la voluntad de Bruselas a los Estados. Sin duda, un plan impecable para fortalecer el proyecto de la Unión Europea. Castigar a los gobiernos lo único que reflejará será el dominio de la Comisión y la subordinación de los Estados a sus dictados, lo que no hará sino aumentar la desafección hacia Europa. Se trata de unas propuestas que alejan cada vez más la igualdad y la democracia de la construcción europea.

Por último, también propone que la UE pueda suspender la financiación a los Estados cuando no se cumplan las condiciones macroeconómicas; es decir, congelar los fondos estructurales y los mecanismos de recuperación y resilencia que se aprueben. Más castigos para los «díscolos». ¿Desde cuándo se considera un desafío cumplir con un mandato de los electores si no coincide con los planes de la Comisión? Los dejes autoritarios de la gobernanza europea no hacen sino crecer.

La Comisión Europea no ha sacado ninguna conclusión del descalabro de las actuales reglas fiscales y además aboga por profundizar en el fracaso. Pretende alcanzar un acuerdo en el primer trimestre de 2023 para recuperar el bastón de mando cuanto antes, pero las incertidumbres se acumulan.