San José fía el derecho a la verdad a cambiar la Ley de Secretos Oficiales

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Lakua, María Jesús San José, señaló ayer que la modificación de la Ley de Secretos Oficiales supone un «paso fundamental en la búsqueda de verdad, justicia y reparación» de las víctimas de la violencia ejercida por el Estado español, incluidas las personas que han sufrido torturas y malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad.

«Y quisiera hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que de forma activa apoyen esa modificación. Una modificación que se ajusta a los estándares de democracias modernas», apuntó en respuesta a las preguntas de Eraitz Saez de Egilaz (EH Bildu) en el Pleno de Control.

La parlamentaria soberanista recordó que se cumplen 40 años de la muerte de Mikel Zabalza, detenido y torturado por la Guardia Civil en Intxaurrondo; y advirtió de que «en Euskal Herria algunas instituciones han practicado, validado y alentado la tortura».

«Zabalza ha obtenido reconocimiento, según la ley, es una víctima de la violencia estatal, pero los hechos todavía no se han esclarecido. Y en otros muchos casos el reconocimiento y la reparación no han ocurrido, porque no tienen cabida en el periodo marcado por la ley -1978-1999-, y lo que no tiene cabida no se repara porque no se ponen los medios para ello», destacó.

Reconoció que la Ley de Secretos Oficiales impide conocer el nombre de los torturadores y de los responsables políticos que ordenaron las torturas; y dijo que todas instituciones implicadas en la práctica de malos tratos a personas detenidas deben aceptar su responsabilidad, «todas». «Por supuesto, el Estado español, porque la mayoría de los casos de tortura los han cometido fuerzas policiales bajo su control. Pero también las instituciones de aquí, porque el informe oficial del Gobierno atribuye a la Ertzaintza 336 casos de tortura sin condena», manifestó. «Esos casos se tienen que reparar y se tienen que esclarecer», sostuvo.

UNA PETICIÓN SIN RESPUESTA

San José no se refirió en ningún momento a esos 336 casos. Se limitó a trasladar un mensaje de apoyo a la familia de Zabalza, víctima de «un cruel asesinato que no podemos ni debemos olvidar»; y puso en valor los pasos dados por su departamento en el reconocimiento de las víctimas.

En este sentido, la consejera señaló que la comisión de valoración ha emitido entre junio de 2020 y julio de este año 245 resoluciones de reconocimiento de víctimas de la violencia estatal «y sigue analizando expedientes».