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ANÁLISIS | ECONOMÍA SOCIAL

Economía social ¿Qué pasa con el movimiento cooperativo europeo?

Tomando como base los problemas surgidos en varios grupos cooperativos europeos, los autores sostienen que es preciso abrir un debate sobre su modelo de gobernanza en el que, a su juicio, deberían intervenir también los poderes públicos.

Los casos de Fagor Electrodomésticos o del agujero detectado en el Co-operative Bank de Inglaterra, la implicación de Rabobank en el caso Libor o la difícil situación del Crédit Agricole, junto a otras crisis que se vislumbran a muy corto plazo, están convulsionando el movimiento cooperativo europeo.

En principio, por supuesto, no es casualidad que todas estas situaciones estallen en el momento álgido de la crisis. Sin embargo, no es conveniente olvidar que la crisis agudiza o pone de relieve los problemas subyacentes y acelera el fracaso de los proyectos que ya antes estaban mal encaminados. Es necesario, por lo tanto, detectar qué es lo que está sucediendo con estas empresas y en qué medida ello revela o no un problema estructural del movimiento cooperativo o, como se viene repitiendo últimamente, de las grandes cooperativas.

Hay que destacar que ninguno de los casos expuestos responde al modelo de gobernanza clásico de las cooperativas o, si se prefiere, de las cooperativas pequeñas y medianas. Es natural, evidentemente, que las cooperativas no renuncien a alcanzar niveles de dimensión significativos. Esta aspiración, en sí misma, es positiva tanto para el Cooperativismo como para el entorno social en el que se desenvuelve. Pero mantener esta aspiración a una mayor dimensión requiere asumir las responsabilidades añadidas que ello implica, siendo consciente de los específicos retos de la mayor dimensión tanto desde el punto de vista de la operativa empresarial como desde la perspectiva institucional.

En particular, es esencial analizar los aspectos de gobierno corporativo que inciden positiva o negativamente en el funcionamiento de las grandes cooperativas. Algunas grandes cooperativas se han equivocado de plano precisamente por no haber introducido suficientes cambios en su estructura de gobierno y pretender que estructuras diseñadas para pequeñas o medianas empresas, o incluso para microempresas, puedan ser válidas para empresas con miles de trabajadores. En otras ocasiones no se han tenido en cuenta las consecuencias que sobre la gestión institucional de las cooperativas plantean determinadas modalidades de configuración de grupos cooperativos.

En conjunto, lo que está sucediendo revela probablemente que el movimiento cooperativo no ha reflexionado suficientemente hasta ahora sobre los retos de gobierno corporativo planteados por las grandes cooperativas. Esta falta de reflexión se explica, por un lado, por el hecho de que -como es sabido- es complicado que las grandes reorientaciones del gobierno corporativo procedan del interior de las empresas. Las estructuras de poder fáctico, habitualmente los grandes directivos, impiden cualquier reflexión que pueda cuestionar la distribución de poder, las estrategias en curso o las modalidades de adopción de decisiones, salvo que se trate de análisis que no afecten a su propia posición o que les otorguen mayor capacidad de decisión o les aseguren un menor control.

Por otro lado, las grandes cooperativas tienden a disponer de una capacidad de presión o dominio sobre las federaciones o asociaciones cooperativas que hace imposible que éstas puedan realizar análisis o planteamientos suficientemente objetivos o valientes sobre lo que sucede o sobre lo que debería cambiarse en estas grandes cooperativas.

Esta es la razón de que, también en las sociedades de capitales, las grandes reorientaciones del gobierno corporativo hayan procedido casi siempre de la intervención y la regulación pública. Los poderes públicos deberían, en este sentido, asumir la responsabilidad que les compete en la orientación del gobierno corporativo de las empresas, también en relación con el caso específico de las grandes cooperativas.

Ello requiere analizar aspectos clave del gobierno de estas grandes empresas, relacionados fundamentalmente con la autonomía de los órganos de control, la adecuada supervisión de la alta dirección, el nombramiento de los directivos, o la incidencia que sobre la gestión tienen determinados instrumentos de gran tradición en el movimiento cooperativo, como los socios consumidores y usuarios o la cesión de facultades a los grupos cooperativos.

Por razones evidentes, analizar todos estos aspectos desde el interior de las cooperativas con seriedad y objetividad es poco menos que imposible. Corresponde, por lo tanto, a las autoridades públicas, asumir esta función.