Los parlamentarios de PNV y PSE sumaron ayer sus votos en la Cámara de Gasteiz para mostrar su rechazo a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y respaldar el recurso que pretende interponer el Ejecutivo de Iñigo Urkullu contra dicha reforma ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, instaron a Lakua a que dé «todos los pasos que sean necesarios para promover un amplio consenso en el ámbito educativo, social y político en torno a una Ley Vasca de Educación». Con ello, evitan cualquier compromiso de incumplir y superar esta polémica norma, y de paso restringen la réplica a una iniciativa controlada, ya que emanaría del Gobierno Urkullu.

Estas medidas, aprobadas en un pleno monográfico, no fueron secundadas por el grupo de EH Bildu, que se abstuvo. Cuestionó la idoneidad del recurso y defendió la creación de una ponencia para «hacer frente a las graves consecuencias que se derivan de la Lomce y emprender para ello el camino propio que necesitamos». Un camino que pretendía incluir a todos los agentes educativos vascos, con un carácter más abierto que el aprobado por PNV y PSE.

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, aseguró que su departamento tratará de consolidar junto con la comunidad educativa un sistema vasco que «desarrolle al máximo sus competencias educativas, mediante propuestas dotadas de viabilidad y seguridad jurídica». «Contaremos con la experiencia y el buen hacer demostrado de nuestra comunidad educativa para instaurar nuestro propio ámbito educativo», destacó Uriarte.

Aprovechó su comparecencia para intentar poner el foco sobre otra cuestión: un recurso contra la reforma del ministro José Ignacio Wert. Lo anunció en la sesión, después de que los los servicios jurídicos hayan definido los aspectos susceptibles de ser llevados a los tribunales (en concreto, a la máxima instancia española).

Según explicó Cristina Uriarte, la Lomce supone una infracción del régimen constitucional de reparto competencias, «por un exceso ilegítimo en el ejercicio de la competencia estatal para señalar un marco básico educativo, produciéndose un vaciamiento espureo de nuestras competencias, quedando reducidas a una mera aplicación en la mayoría de las regulaciones propuestas».

Asimismo, Uriarte, que advirtió al PP de que los objetivo fijados en la polémica reforma están superados en el caso del Sistema Educativo Vasco, señaló que, «obviando dicho entramado competencial, la Lomce no reconoce a la CAV especialidad alguna en materia de enseñanza y desconoce su singularidad constitucional derivada de sus derechos históricos»

En cuanto a los plazos, la consejera señaló que el Ejecutivo es consciente de que el recurso tiene un recorrido y no resuelve el problema de manera inmediata, ya que entre tanto consideran que debería aplicarse. «Es por ello que no es la única medida que estamos adoptando para preservar nuestro sistema educativo». Situó su objetivo en «esquivar la Lomce».

A este respecto, anunció que el Gabinete jeltzale estudiará, y en su caso recurrirá, los decretos publicados por Madrid para materializar el desarrollo de la ley, que hoy será ratificada en el Congreso. «Somos conscientes y valedores de la calidad de nuestro sistema educativo y no estamos dispuestos a apartarnos del mismo. Acudiremos al TC, recurriremos cuantos de- sarrollos ataquen nuestro sistema educativo y no cejaremos en impulsar desarrollos propios de mano a mano con el sector educativo», concluyó la consejera.

Estas palabras suscitaron criticas en la bancada de EH Bildu, que recordó que la Lomce supone una «grave agresión» al sistema educativo vasco. En opinión de Belén Arrondo, la presentación del recurso judicial es una «tibia respuesta» a las pretensiones de Wert y el PP, que han diseñado una norma «neoliberal y centralizadora». «Es una ley para España, no para Euskal Herria», destacó la parlamentaria antes de defender un plante claro.

Esta posibilidad fue criticada por Isabel Celaá (PSE), que solicitó a Lakua una respuesta firme dentro del marco de la ley, porque «el Ejecutivo se debe al principio de legalidad». «Si usted estaría en el Gobierno tampoco se decantaría por la insu- misión», respondió a Juanjo Agirrezabala, que intervino ante el pleno para defender la propuesta de EH Bildu.

Celaá, que anunció que el PSOE cambiaría la ley si venciera al PP en las elecciones estatales de 2015, afirmó que la CAV debe hacer frente a una «contrarreforma retrógrada y centralizadora que no respeta las competencias del Estatuto». «Jamás he conocido mayor contradicción entre el nombre y el espíritu de una ley. El contenido no tiene que ver con la mejora de la calidad educativa, sino todo lo contrario», manifestó la exconsejera.

Contraprestaciones

Por su parte, Iñaki Oyarzábal (PP) trato de justificar la aplicación de la Lomce en la CAV citando datos del Estado español. Cabe destacar que en las propuestas presentadas a la Mesa del Parlamento no figuró una mención expresa a la reforma. Así, el PP se limitó a instar a Lakua a impulsar el aprendizaje del inglés, y a incorporar y potenciar Tecnologías de la Información y la Comunicación, por ejemplo.

En alusión a la presentación del recurso ante el TC, el secretario general del PP vasco afirmó que su partido «está an- sioso de conocer cuál es la respuesta del Constitucional, porque estamos convencidos de que el Gobierno ha sido escrupuloso y respetuoso con las competencias».

Por último, Gorka Maneiro (UPyD), que pidió una mayor centralización todavía, expresó su rechazo a la Lomce por considerar que es «reaccionaria» en otros aspectos. En cuanto a sus propuestas, logró el apoyo del Parlamento para instar al Ejecutivo de Mariano Rajoy a impulsar un currículo integrado y laico, «preocupado por la edu- cación en valores».