Van dos años del alto al fuego de ETA. El Gobierno del PSE-PP tuvo prisas por apadrinar el nuevo tiempo e improvisaron decretos a conveniencia. Ahora el PNV reanuda con la ayuda de ambos el Plan de Paz y Convivencia, proyecto muy ambicioso en sus fines, pero mutilado en sus bases. Su largo documento silencia las páginas más negras de violencia de nuestra historia reciente. No da ninguna explicación de por qué se salta el golpe militar y más de la mitad de la dictadura franquista. Habla de aclarar el pasado, todo el pasado, pero recorta una parte trascendental y muy dolorosa, presente en la conciencia de la población.

¿Por qué arranca del año 1960? ¿Por qué se calla el golpe militar más sangriento de la época y las dos primeras décadas de la dictadura? Tanto la fecha de 1960 como lo del «suelo ético» en que se basa el Plan son un legado tendencioso del PSE-PP, empeñados ambos en arrancar a toda costa el fenómeno ETA de su contexto histórico y bloquear a la izquierda abertzale.

En dicho documento, Franco y el franquismo no se mencionan. La guerra civil y la dictadura del Generalísimo se mencionan solo dos veces. El término «víctimas del terrorismo» se repite 24 veces, y acapara capítulos. Es, sin duda, el leit motiv del Plan. Por contra, la expresión «todas las víctimas» aparece solo seis veces. Por supuesto, se descarta la expresión «conflicto político». A última hora y por presiones del PSE y PP, se ha agregado el preámbulo referido al «suelo ético», pese a sus connotaciones partidistas.

Este silencio sobre el golpe y la dictadura choca con el informe de la ONU, cuando concluye: «en España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975). Según un auto de la Audiencia Nacional,... el número de víctimas de desapariciones forzadas desde julio de 1936 a diciembre 1951 ascendería a 114.226. Sobre el secuestro de niños, se mencionan 30.960 niños». El silencio equivale a mantener la impunidad de un régimen equiparable por su criminalidad al nazismo.

El informe de la ONU reconviene duramente al Estado español por incumplir su responsabilidad para con los desaparecidos de la guerra. Debiera de tomar nota de ello el Gobierno Vasco, aunque el documento reconoce que algo se ha hecho en la CAV. Se calculan en 8.660 los desaparecidos vascos. Se ha dado, en cambio, una profusión de decretos sobre las víctimas del terrorismo que son las que marcan el Plan, por encima de la breve referencia a las otras víctimas de la guerra sucia o de abusos policiales, que curiosamente las cataloga como «las víctimas sin amparo» y las limita -dale con las limitaciones- al período desde 1960 a 1977. ¡Horror!

Nos ha llamado la atención la reciente Ley del Parlamento Navarro, en favor de las Víctimas del 36, responsabilizándose de su reparación con una provisión de fondos para su búsqueda e identificación. Supera a la ley de Memoria Histórica de Zapatero. El Gobierno Vasco se ha apresurado a explicar que aquí no hay una ley semejante, pero que se han hecho cosas. Al contar Nafarroa con 4.400 fusilados y desaparecidos, es grande su sensibilidad. También Euskadi pagó un fuerte tributo a la guerra en los frentes y en las poblaciones inermes con los bombardeos y los consejos de guerra. ¡Sorprendente! Nafarroa aprueba una ley de Memoria Histórica, mientras aquí evitan coger la patata caliente.

Jonan Fernández insiste en que la «verdad a medias o amnésica» no sirve. ¿Por qué arranca del relato la historia de la guerra y más de la mitad de la dictadura? No quiere imponer un relato, pero fija arbitrariamente la fecha de inicio, destrozando el principio de la verdad. La conciencia popular sabe dónde, cómo y cuándo arranca el cuadro de violaciones principal y determinante de los últimos 75 años. Está bien intentar consensos políticos, pero no a costa de ocultar la historia, sobre todo, cuando se trata de asentar una plataforma firme a la verdad y a la memoria, nada menos que para lograr la paz y la convivencia.

El Comité de la Convención de Desaparecidos de la ONU nos advirtió que tratáramos solo de los desaparecidos a partir de 1945. Protestamos por limitación tan absurda, pues aquí la bolsa grande de desaparecidos se da en el golpe militar y años siguientes. Todas las asociaciones memorialistas coincidimos. Así es que el Comité rectificó y en su informe recoge los testimonios de la guerra, olvidando la fecha inicial propuesta.

Se ha impuesto la ley de los hechos, de la historia. Es lo que le pedimos a Lakua que haga. ¿Es que no tenemos nada que decir las organizaciones memorialistas? Ninguna impunidad al franquismo.