El llamamiento a la negociación se ha encontrado con el rechazo de las principales fuerzas políticas del Estado español, que no quieren permitir que la sociedad catalana ejerza su derecho a decidir, mostrando a Europa y al mundo unas posturas que reflejan un evidente déficit democrático.

Todo parece indicar que desde las fuerzas convocantes solo se contempla un escenario: la realización de la consulta en los términos pactados por la importante mayoría parlamentaria. Para ello ya se han puesto en marcha varias iniciativas, como la elaboración de una proposición de ley en el Parlament que, en breve, será aprobada para su posterior envío al Congreso con la petición de que sean transferidas las competencias de referéndum en virtud del artículo 150.2 de la Constitución española. En principio, lo activa el Parlament pero si la Mesa lo bloquea los grupos catalanes del Congreso español lo activarán con su derecho a iniciativa legislativa. La previsión es que el Congreso lo tumbe.

A nivel internacional, hace tiempo que se creó un grupo de trabajo para analizar otras experiencias similares como las de Suiza, Quebec y Escocia.

También se está recopilando un censo electoral propio desde el Govern, al margen del que controla el Estado para tener autonomía a la hora de celebrar la consulta. Paralelamente, se está tramitando la Ley de Consultas que daría amparo a la consulta desde la legalidad catalana en caso de que las leyes españolas no la permitan.

Uno de los debates abiertos en torno a esta cuestión plantea la interrogante sobre la conveniencia de aprobarla en el primer trimestre para que el Estado español la impugne y la bloquee en el Tribunal Constitucional -y así abrir lo antes posible la confrontación democrática con Madrid- o si es preferible aprobarla en la última fase y no dejar demasiado tiempo de reacción al Estado antes del 9 de noviembre. En todo este proceso se prevé mantener la unidad del bloque soberanista (87 diputados de 135) y que se sumen algunos díscolos del PSC.

Por otro lado, se intentará acelerar algunas estructuras de Estado estratégicas para el momento de la consulta, especialmente la Agencia Tributaria propia, así como un importante despliegue de la diplomacia a nivel internacional.

Este contexto es también propio para la especulación. Se da por descontado que ICV y CUP no votarán los presupuestos, aunque todo parece indicar que esa postura no conllevará la ruptura del bloque por el derecho a decidir. Y los rumores apuntan a una posible entrada de ERC en el Govern. Si bien todavía no ha habido contactos, es posible que a principios de año se entablen negociaciones para lograr un gobierno fuerte de cara a la consulta. Hay quien está planteando también un gobierno de unidad nacional pero no parece que esa sea la fórmula que ICV y CUP estén barajando, al menos en estos momentos.

A ello se suma la incógnita sobre la candidatura europea, el primer escenario electoral antes de la consulta soberanista. CDC quiere un acuerdo nacional con ERC porque en las encuestas arrasa. Pero los socios de Unio no son partidarios de esta alianza y ERC tiene otras vías de negociación abiertas. Desde la CUP no se ve claro un frente electoral con ERC si finalmente entra en el Gobierno.

De cara a la consulta, CiU, ERC y CUP harán campaña por el doble «Sí». A pesar de ser crítica con la doble pregunta, la CUP participará en el bloque partidario de la independencia. ICV-EUiA se sitúa en el «sí» a un Estado propio independiente a no ser de que haya una propuesta federal desde el Estado español, una viabilidad remota vista la cerrazón de PSOE y PP.

Fuerzas como PP o Ciutadans rechazan la mera celebración de la consulta y se escudarán en su «ilegalidad» para no participar, conscientes tal vez del rechazo electoral que recibirá su postura y que se reflejará en las urnas de manera democrática.

En cuanto al PSC, muchos indicios apuntan a que se encamina hacia una ruptura interna, con una parte que se decantaría por sectores de ICV y soberanistas, y otra que se aliaría con el unionismo y con Madrid.

Los escenarios de colapso también son factibles en esta nueva etapa. Si el Constitucional bloqueara la consulta y se recurriera a amenazas como el bloqueo de transferencias de competencias en materia presupuestaria, se podría abrir un escenario de confrontación democrática con movimientos de insumisión y una gran movilización ciudadana de cara a la próxima Diada. Es muy probable que todo desemboque en unas elecciones parlamentarias anticipadas de corte plebiscitario con un punto común de declaración de independencia, que podrían ser en 2014 o en las municipales de 2015.

La única forma de parar desde el Estado el proceso es abrir un proceso de reforma constitucional y negociación con Catalunya que podría hacer cambiar la posición de CiU e ICV, pero vistas las reacciones parece difícil.

Más bien, se puede producir la suspensión de la autonomía. Si llegara el caso, hay consenso para formar un gobierno de unidad con todas las fuerzas nacionales, que se declararía insumiso a la legalidad española, ya que se considera que el hecho de que la Generalitat fuera restaurada antes de la aprobación de la Constitución legitima la continuidad del Govern más allá de lo que plantee el Gobierno español. En ese contexto, con toda probabilidad, el Parlament realizaría una declaración unilateral de independencia.

En paralelo, se buscaría la protección internacional en caso de medidas de fuerza y una campaña internacional por el reconocimiento de la independencia del Estado catalán.

A partir de ahí «cualquier cosa», señala un reputado periodista catalán. Pero no se puede olvidar que si CiU, parte del PSC e ICV se han sumado al proceso es porque este emana de un fuerte movimiento popular que presiona y que ya ha cerrado filas en torno a la consulta (ACN, Ayuntamientos por la Independencia, y Òmnium han comenzado ya la campaña por el doble «Sí», y CCOO, UGT y la pequeña y mediana empresa presionan para que se realice la consulta. La presión de la gran patronal es fuerte pero CiU ya ha atravesado el Rubicón y no podrá echar el freno si el Estado español bloquea el proceso.

La imposición y la anormalidad democrática parecen que son las únicas armas con las que cuenta el Estado español para impedir que el pueblo catalán exprese su voluntad.