Los hechos que motivaron la denuncia del grupo de consejeros encabezado por la representante de EH Bildu Ainhoa Beola y el candidato Antton Izagirre se remontan a la asamblea general del 21 de noviembre de 2012, en la que el presidente en funciones y candidato del PNV, Xabier Iturbe, designó al representante de la DYA como adjudicatario de los cuatro votos que los colectivos sociales tienen en la propia asamblea. Esta candidatura fue nombrada por Iturbe en sustitución de la que cinco días antes anuló la comisión electoral, que iba encabezada por Kontseilua con el aval de la asociación de enfermos renales Alcer.

Como candidato figuraba el secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao, y tenía por suplente a un responsable de Alcer que superaba los 70 años, cuestión que fue utilizada para anularla. Iturbe temía que esta candidatura, la única presentada, utilizara en su contra sus cuatro votos en la asamblea y ocupara el sillón que le corresponde en el consejo, por lo que decidió invalidarla.

Los consejeros de la izquierda abertzale decidieron entonces impugnar estos acuerdos y reclamar que se declaren «nulos de pleno derecho» tanto la anulación de la candidatura encabezada por el secretario general de Kontseilua como la designación directa de la segunda lista por el presidente en funciones.

Respecto a la candidatura anulada, la demanda alega que «no se le otorgó ningún plazo para subsanar la incidencia detectada por la Comisión Electoral» en torno a la edad del suplente, algo que sí se hizo con otras candidaturas. Además, añade que la única comunicación que recibieron sobre el incumplimiento de los requisitos «consistió en una llamada telefónica desde la Kutxa el día 17 de noviembre, es decir, pasado el plazo de presentación».

En cualquier caso, resalta que el candidato titular cumplía todos los requisitos, por lo que la comisión electoral hizo «una interpretación no ajustada a derecho», impidiendo así que «una parte representativa de la sociedad guipuzcoana, legalmente elegida, pudiera estar representada en la asamblea general».

La demanda pide asimismo declarar nulos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración constituido inmediatamente después de la asamblea, entre ellos la elección del presidente y del resto de cargos del nuevo Consejo.

Controvertida votación

Y es que la reelección como presidente de Xabier Iturbe se produjo en una votación en la que, previamente, se tuvo que conformar la presidencia de la mesa, donde se produjo un empate a siete votos entre Jacinto Hernández, candidato del PSE apoyado por el PNV, y Antton Izagirre, de la candidatura afín a EH Bildu. Ante esta circunstancia, el equipo jurídico de la caja, dirigido por Rosa Leal, decidió que fuera el representante del PSE el que presidiera la cita y, con ello, la primera votación para elegir al presidente de Kutxa.

Al producirse un nuevo empate entre ambos candidatos, el voto de edad del representante del PSE resultó decisorio, por lo que Iturbe fue proclamado presidente. Los consejeros abertzales exigieron entonces la paralización de todo el proceso hasta no contar con un informe jurídico por escrito que diera validez a las decisiones adoptadas.

De nuevo fue rechazada la propuesta, con lo que se pasó a elegir los cargos de vicepresidente y secretario. En estas dos elecciones, el voto de calidad que rompió los empates fue el del propio Iturbe, ejerciendo ya labores de presidente. Entonces, los consejeros abertzales se levantaron de la reunión y anunciaron su decisión de impugnarla, al tiempo que denunciaban ante el Juzgado la anulación de su candidatura.

Los abogados de la candidatura de la izquierda abertzale consideran que ninguna normativa prevé que se pueda atribuir el voto de calidad al presidente de edad nombrado transitoriamente, «puesto que no es lo mismo la ausencia del presidente que la inexistencia de presidente electo».

A su juicio, el presidente de edad tiene las funciones de presidente electo, «pero entre esas funciones reguladas claramente en los Estatutos no se atribuye, en ningún caso, esa función de desempate en las votaciones».

Por todo ello, considera que la elección de Iturbe como presidente y todos los acuerdos en los que, con posterioridad, medió el voto de dicho presidente, «son nulos de pleno derecho».

Tras estas alegaciones, el Juzgado de Primera Instancia nº 8 ha acordado, con fecha 23 de diciembre de 2013, admitir a trámite la demanda presentada por los representantes de la candidatura de la izquierda abertzale y dar traslado de la misma a la parte demandada para que presente sus alegaciones en el plazo de veinte días hábiles.