La historia de la despenalización del aborto se inscribe en un contexto socio-histórico específico. En 2010, la interrupción voluntaria del embarazo fue considerada como un «derecho» -sin necesidad de tener que alegar causas en las primeras 14 semanas-. La denominada Ley de Protección de la Vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada convierte el aborto en delito despenalizado en ciertos supuestos, como la Ley de 1985. Sin embargo, esos supuestos se reducen, de la misma manera que la posibilidad de las mujeres de acogerse a ellos.

La ley de Gallardón se inspira en la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, mediante la cual la Iglesia condenó oficialmente el aborto en 1968. Destila hostilidad frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, convirtiéndonos en menores incapaces de tomar decisiones por nosotras mismas, confiando al dispositivo médico-sanitario el control social de la procreación y de los aspectos ligados a su interrupción, sin obviar el derecho a la objeción de conciencia. Esto muestra claramente la intencionalidad del Gobierno de representar el aborto como un acto criminal, generando un sentimiento de culpabilidad en las mujeres.

El tea party español, del que forma parte el ministro de Justicia, es la ultraderecha católica que promueve la protección del feto y del embrión en nombre del «derecho a la vida» en detrimento del derecho a la igualdad de mujeres y hombres, y de la igualdad de oportunidades. Curiosamente, ese derecho no se invoca cuando se trata de evitar las secuelas de abortos clandestinos sobre la vida, la salud y/o la fertilidad ulterior de las mujeres.