El debate fiscal marca en gran medida el carácter político y democrático de una sociedad. La fiscalidad encierra muchos elementos de cómo debe conformarse y cuáles deben ser sus dinámicas. Es un asunto técnico en la medida en que la técnica es necesaria, pero fundamentalmente es un asunto de política, de mucha o poca sensibilidad social. Y en tanto que determina las cosas públicas, la recaudación del dinero y su uso colectivo, tiene aspectos ideológicos y éticos fundamentales para organizar la existencia social de una comunidad. En este país, más por imperativo de un contexto de recesión que por convencimiento propio, se ha hablado mucho de una reforma fiscal en profundidad. Pero, de la mano de un pacto entre las fuerzas EH Bildu y PSE, solo había hecho sus deberes el territorio de Gipuzkoa, pionero en dar pasos -parciales y limitados, pero pasos- hacia una fiscalidad más progresiva y redistributiva, en cerrar puertas a las múltiples operaciones de ingeniería contable que permitían con demasiada facilidad el robo y el fraude.

Ayer se consumó la contrarreforma fiscal en ese herrialde. Los partidos conservadores PNV y PP unieron sus votos con el PSE para, en nombre de la estabilidad y guiados por el cálculo de sus políticas de alianzas, aprobar una normativa que supone un gran paso atrás en la equidad y eficacia fiscal. Y, además, una notable pérdida de ingresos -26 millones menos- que sin duda va a repercutir en las prestaciones públicas. Gipuzkoa se aleja así de una política fiscal estricta y progresiva y vuelve a la senda de una política impositiva baja para las grandes empresas, con incentivos y bonificaciones que, como se sabe, sin apenas dificultades, permiten la elusión.

Unos por ideología y servidumbre a la «religión» neoliberal y otros por mezquinos intereses de partido, todos han hecho un flaco favor a la sociedad. Hay sectores y poderes fácticos que aplaudirán el favor de una fiscalidad más «cariñosa», pero esa decisión es muy dañina y atenta contra la cohesión social de Gipuzkoa.