La evidencia de que la Guardia Civil devolvió a territorio marroquí a varios de los migrantes subsaharianos que intentaron entrar en Ceuta el pasado 6 de febrero en el marco de una actuación que provocó la muerte de 15 de ellos ha sido el argumento utilizado por el Gobierno español para modificar la Ley de Extranjería. Y lo hará, según explicó ayer, para legalizar comportamientos que, hasta el momento, quedaban fuera de la normativa. Hasta ahora, todo migrante que llega de forma irregular tiene derecho a un abogado, un traductor y un recurso administrativo. Según aseguraban ayer fuentes del Ministerio de Interior citadas por las agencias españolas, ya se habría creado un grupo de trabajo que compatibilice el «derecho comuni- tario» con las expulsiones en la misma frontera que se realizan, de forma irregular, en los enclaves de Ceuta y Melilla.

Mientras, el Gobierno español se enroca en la defensa del instituto armado. El presidente, Mariano Rajoy, que no había hablado sobre la tragedia, mencionó en el Senado español su «pesar» por los fallecimientos y pasó rápidamente a cargar contra el PSOE por exigir responsabilidades, al tiempo que cuestionó que se convierta en «sospechosos» a los agentes. Una tesis también defendida por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que criticó lo que consideró «calumnias» a la Guardia Civil. Con el debate ubicado en esos términos, Alfredo Pérez Rubalcaba contraatacaba preguntando si a Rajoy «le parece bien» que se dispare a personas que tratan de llegar a la costa.

Informes

«Mientras no se demuestre lo contrario, todos ellos fallecieron en aguas marroquíes y no españolas», rebatió Fernández Díaz, que apeló a una política «de Estado» en cuestión de inmigración. También aprovechó para cargar contra la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom, quien ha pedido explicaciones por lo sucedido en Ceuta a través de Twitter. «Esperamos que se nos solicite oficialmente porque nos hemos enterado por un tuit, pero no creo que sea la forma más adecuada», dijo el ministro.

En realidad, pocas explicaciones se han ofrecido hasta el momento, más allá de la comparecencia de Fernández Díaz, que ni aclaró nada ni dejó satisfechos a los diputados. Ni se han hecho públicas las grabaciones (más allá de la versión editada) de lo ocurrido entre las 5 de la madrugada y las 11 de la mañana ni tampoco, tal y como ha reclamado Amaiur, las comunicaciones internas de la Guardia Civil. Además, la coalición abertzale, que también ha presentado una batería de preguntas por escrito, quiere que el Ministerio de Interior entregue el informe completo elaborado por el instituto armado.

Otros grupos también han anunciado iniciativas parlamentarias.